En caso de Antonio Quinto Guerra, CNE Electoral pierde otra batalla contra la PGN

A pesar de que diferentes actores locales están de acuerdo con que el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, ha avanzado en materia de restauración de la institucionalidad, restablecimiento de la estabilidad administrativa del Distrito y recuperación de la confianza ciudadana, aún hay personas para las que ‘tumbar’ al mandatario interino es una cuestión de honor y, en algunos casos, la única forma de evitar futuros problemas disciplinarios, fiscales y penales.

La razón: si a Antonio Quinto Guerra Varela no se le levanta la suspensión decretada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, aunque sea de manera simbólica después de que expire el periodo para el que fue elegido, tanto él como otros dirigentes y servidores públicos deberán enfrentar serios problemas.

Como se sabe, si el Consejo de Estado ratifica en segunda instancia la suspensión de Guerra Varela, tanto este como quienes contribuyeron a su inscripción como candidato podrían verse cobijados por la determinación -entre otras normas – del Artículo 389-A del Código Penal.

En consecuencia, haber desatendido la perentoria advertencia del procurador Fernando Carrillo Flórez, para quien, al momento de su inscripción, Guerra estaba inhabilitado, tiene en problemas tanto al suspendido alcalde como al representante legal del Partido Conservador, por haberle conferido aval a pesar de la advertencia.

Y muy posiblemente también, a los miembros del Consejo Nacional Electoral -CNE – que, en abierta contradicción con el concepto del Ministerio Público, propiciaron la inscripción de Guerra.

Por ello, que el Consejo de Estado rechazara la reposición presentada por el CNE contra el Auto de 5 de febrero de 2019, dándole la razón a la Procuraduría, es un duro golpe -claro está – a los consejeros que presentaron el recurso, pero también a Guerra y al representante legal del Partido Conservador que avaló su candidatura (LEER AUTO DEL CONSEJO DE ESTADO).

En el fondo, lo que decidió el Consejo de Estado fue rechazar la pretensión del CNE de que la apelación contra la suspensión del acto de elección fuera a la Sala Plena para su consideración, es decir, que saliera de la Sección Quinta, donde ya se han tomado decisiones que hacen pensar que, finalmente, ratificarían el fallo de primera instancia.

Para Procuraduría, no es viable que sea la Sala Plena y no la Comisión Quinta del Consejo de Estado la que resuelva la apelación contra la suspensión del acto de elección de Guerra, como lo pretendía el CNE, entre otras cosas porque este no indicó en su alegato cuál es el precedente que se desconoció por parte del Tribunal.

De acuerdo con la Procuraduría, “la petición del CNE es contradictoria e inconsistente, debido a que se solicita la unificación de jurisprudencia, pero como sustento de la misma se aludió a la importancia jurídica, sin justificar o explicar, además, en qué consiste la importancia o cuál es la trascendencia del caso concreto que lo haga distinto de los demás procesos electorales que llegan a la Sección Quinta del Consejo de Estado“.

En conclusión, deberían cumplirse unos determinados requisitos para que la decisión sea tomada por la Sala Plena y no por la Sección Quinta, y tanto la Procuraduría como el propio Consejo de Estado consideran que esos requisitos no se cumplen.

La resolución del Consejo de Estado, suscrita por el magistrado Alberto Yepes Barreiro, fue emitida el pasado 28 de febrero.

Contexto:

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial