El presidente del Consejo Nacional Electoral -CNE-, Alexander Vega Rocha, en su condición de magistrado ponente, procedió a la práctica de pruebas con el fin de verificar si, en efecto, tal como lo consideran los abogados electoralistas César Saavedra Torres y Alexy Martínez Campo, el aspirante a la Alcaldía de Cartagena Antonio Quinto Guerra Varela Escudero se halla cobijado por una causal de inelegibilidad, y en consecuencia debe ordenarse a la Registraduría revocar la inscripción de su candidatura.
Mediante Auto de fecha 3 de abril de 2018, el CNE asumió el conocimiento de la solicitud de revocatoria de la inscripción de Guerra Varela como aspirante al primer cargo del Distrito, para lo cual se ofició al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Gobernación de Bolívar solicitándoles a sus titulares remitir en el perentorio término de tres días copias de los contratos suscritos con el exconcejal conservador, así como de los otrosíes que pudieran haberse celebrado.
En el escrito se pide, asimismo, que se especifique «el lugar de ejecución de cada uno de los contratos», ya que es claro que solo habría inhabilidad si el objeto contractual se desarrolló total o parcialmente en la ciudad de Cartagena.
A través del auto, igualmente, se comunica al Partido Conservador y al candidato Guerra que cuentan con tres días para que «alleguen al despacho las pruebas que consideren pertinentes y hagan valer sus derechos».
Como lo informó oportunamente Revista Metro, el candidato Antonio Quinto Guerra, mediante un comunicado de prensa, exhortó «a los profesionales del derecho que se abstengan de actuar como ventrílocuos de aspiraciones mezquinas que no les importa atropellar la verdad, la ley y la decencia» y les advirtió que «estaremos dispuestos para acudir al Consejo Superior de la Judicatura y denunciar por falta disciplinaria a cualquier abogado que (…) quiera intervenir en el debate político de Cartagena».
No obstante, a pesar de la exhortación y la advertencia, los abogados Saavedra y Martínez solicitaron al CNE revocar la inscripción como candidato de Guerra por considerar que este se halla está inhabilitado porque, hasta finales del año anterior, fue contratista del Ministerio de Vivienda, y por las funciones cumplidas pudo beneficiarse políticamente, particularmente en Cartagena.
Según los accionantes, la razón de ser del régimen de inhabilidades -justamente – es evitar que los servidores públicos se valgan de las ventajas que les dan sus dignidades, empleos o contratos para acceder a cargos de elección popular, por lo que la norma indica que si una persona ocupa un puesto oficial, o tiene un vínculo contractual con el Estado, debe mediar un tiempo prudencial para que pueda inscribirse como candidato a un cargo unipersonal o a una corporación pública» (leer ‘Campaña de Quinto Guerra asegura que el fantasma de la inhabilidad no lo atemoriza‘).
Lo que se viene en los próximos días
Revista Metro consultó a tres expertos sobre lo que, con base en los documentos conocidos, podría suceder en los próximos 10 días y, aunque hubo coincidencia en que en materia de inhabilidad no se ha dicho aún la última palabra y por ello cualquier cosa puede suceder, lo más seguro es que el magistrado Alexander Vega no se arriesgue a tomar una decisión de fondo.
Vega «trasladará a los jueces de lo Contencioso la responsabilidad de fallar en definitiva instancia; puede apostarlo», predijo una de las fuentes; «y el proceso será conocido por el Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia, y por la Comisión Quinta del Consejo de Estado en alzada».
«Recuerde lo que dijo Daniel Coronel en una reciente columna (leer ‘La orquesta del Titanic‘), en el sentido de que el CNE es un organismo netamente político, integrado por secundones de los partidos», pronosticó otro de los expertos, «y a Quinto lo apoya toda la clase política de Cartagena y Bolívar con influencias en el cuestionado ente».
«Además», señaló otra de las fuentes, «admitamos que, aunque Quinto pueda estar inhabilitado, el tema es más de interpretación jurídica y por ello estoy convencido de que el magistrado Vega no producirá un rechazo in limine, como se dice en términos jurídicos, sino que dará traslado a los tribunales».