En manos del Consejo de Estado, la decisión sobre si Quinto regresa o no a la Alcaldía

En los próximos días, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar remitirá al Consejo de Estado el expediente de la demanda instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra el acto de elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena de Indias, con el fin de que los magistrados de la Comisión 5a. del máximo tribunal decidan en segunda instancia sobre la suspensión decretada el pasado 25 de mayo como medida cautelar.

Sin embargo, antes de que el expediente sea enviado a Bogotá, el suspendido alcalde debe ordenar la obtención de copias de las distintas piezas procesales y, entre tanto, la Secretaría del Tribunal debe trasladar a las partes fotocopias autenticadas del recurso presentado.

Así lo dispuso el Tribunal Administrativo de Bolívar en auto interlocutorio suscrito por los magistrados Roberto Mario Chavarro Colpas y Luis Miguel Villalobos Álvarez, en el cual se rechazó -además – la solicitud de revocatoria de la medida cautelar impuesta; se determinó que para efectos jurídicos Guerra Varela está apartado del cargo desde el miércoles 30 de mayo; se conminó al suspendido mandatario y a sus apoderados “a que no continúen dilatando el trámite del asunto”; y se concedió el correspondiente recurso de apelación, el cual -como se dijo – deberá resolver en alzada o segunda instancia el Consejo de Estado (leer Parte Resolutiva del Auto 137/2016).

El magistrado Arturo Matson Carballo, también miembro de la Sala de Decisión No. 1 del Tribunal, no suscribió el referido auto, como tampoco firmó el auto que decretó la suspensión de la elección de Guerra, ya que, por trabajar una de sus hijas en el Distrito, debió declararse impedido, lo cual fue aceptado por los restantes miembros de la Sala.

Y la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, una de las suscriptoras del auto interlocutorio que estableció la suspensión del acto de elección de Guerra, no figura en esta oportunidad entre los magistrados que firman el nuevo auto. La razón, como lo anticipó Revista Metro en la nota ‘Cambios en el Tribunal Administrativo de Bolívar, ¿favorables a Quinto Guerra?‘, es que el Consejo Superior de la Judicatura trasladó a Peñuela Arce de la Sala de Decisión No. 1 a la No. 2, y a Luis Miguel Villalobos de la 2 a la 1.

Lo que sobre el particular se pudo establecer es que el pasado 30 de mayo el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordenó modificar la conformación de las Salas de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, haciendo un ‘enroque’ entre Peñuela y Villalobos. De acuerdo con una fuente del Tribunal, el traslado de Peñuela se dio por petición de la propia magistrada “hace varios meses”, pero curiosamente se oficializó cinco días después de que se decretara la suspensión del acto de elección de Guerra.

Adicionalmente, a partir del próximo 2 de julio en la Sala de Decisión No. 1 no estará tampoco el magistrado Arturo Matson, ya que este, quien ejercía el cargo en provisionalidad, será reemplazado, como también se dijo, por José Rafael Guerrero Leal, quien llega al Tribunal Administrativo de Bolívar luego de ganar con sobresaliente puntaje un concurso de méritos.

El ‘jalón de orejas’ del magistrado ponente

Luego de conocerse la providencia mediante la cual, entre otras cosas, se aceptaron “los desestimientos de los pedimentos de aclaración y revocatoria de la providencia de medida cautelar” presentados por la defensa de Antonio Quinto Guerra, uno de los hechos que más atención mediática recibió fue la conminación del ponente del auto 137/2018 al suspendido alcalde y sus abogados defensores “a que no continúen dilatando el trámite del asunto, so pena de iniciarse en su contra el procedimiento que viene establecido en el artículo 295 del CPACA (…) y de tener que poner en conocimiento su conducta ante las autoridades competentes de ejercer la potestad disciplinaria”.

Y ello, de acuerdo con lo señalado en el mismo auto, “dadas las múltiples solicitudes dispares que vienen planteadas por el señor Antonio Quinto Guerra Varela y su abogado suplente al interior del presente proceso”.

Por lo visto, por “múltiples solicitudes dispares” que vienen “dilatando el trámite del asunto” deben entenderse una petición de aclaración a la providencia que decretó la medida cautelar; una solicitud de revocatoria de varios numerales del mismo auto; una solicitud de certificación de ejecutoria de la providencia; y, particularmente, un desestimiento de las solicitudes de aclaración y revocatoria presentados inicialmente, radicado el pasado 15 de junio, justamente un día después de que se rotara un proyecto de providencia que sería estudiado en la Sala de Decisión Dual.

Contexto:

 

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