Alberto Yepes, el ‘polémico’ magistrado en cuyas manos está la suerte de Quinto Guerra

El miércoles 13 de junio, el suspendido alcalde Antonio Quinto Guerra Varela publicó en su cuenta en Twitter: “Cartageneros envío un parte de tranquilidad, pronto la justicia y la democracia primarán. Pensemos en el bien común, pensemos en nuestra ciudad” (SIC).

Al día siguiente, jueves 14 de junio, el portal Política Heroica informó que “pudo conocer de manera exclusiva que existe un proyecto de fallo que suspende la medida cautelar contra el alcalde Antonio Quinto Guerra, lo cual le permitiría regresar al sillón de mando del Palacio de la Aduana. La decisión que al parecer ya está tomada por el Consejo de Estado se daría a conocer mañana viernes o el día lunes”.

Desde esas fechas, varios periodistas locales y algunos líderes políticos, cada vez con más frecuencia, anuncian que Guerra Varela tenía el camino expedito para regresar a la Alcaldía de Cartagena, ya que -según ellos – la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene lista la revocatoria de su suspensión, decretada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

El pasado martes 17 de julio, lo que unos y otros se atrevieron a asegurar es que la ponencia ya había sido radicada y que, en consecuencia, el jueves 19 -dos días después – por fin iba a ser votada.

Magistrados de la Sección Quinta: Rocío Araújo Oñate, Carlos Moreno Rubio, Lucy Bermúdez Bermúdez y Alberto Yepes Barreiro

No obstante, ni en la primera oportunidad, cuando se dio por hecho el retorno de Guerra, ni en las subsiguientes (generalmente antes de cada jueves, día en que se reúnen los magistrados de la Sección Quinta para decidir procesos sobre temas electorales), se incluyó en el orden del día el caso de Cartagena.

En la primera ocasión era imposible que ello ocurriera: para esa fecha el respectivo expediente aún no había sido radicado en el alto tribunal, lo cual solo habría de ocurrir el jueves 28 de junio. Y en los sucesivos, la prioridad la tuvieron otros casos, entre ellos sendos procesos contra un alcalde de Jamundí y un contralor de Valledupar.

Hoy jueves 26 de julio, cuando muchos aseguraban que el Consejo de Estado decidiría el futuro inmediato de Guerra, y con él el del Distrito, lo que se decidió tratar fueron sendos procesos de nulidad electoral contra un exalcalde y dos rectores universitarios. Lo de Quinto -al parecer – se aplazó para el jueves 2 de agosto.

En lo que coinciden tirios y troyanos -por lo visto y escuchado- es que, al margen de la fecha en que se decida si Quinto regresa o no en los próximos días a la Alcaldía de Cartagena, el sentido de la ponencia dará mucho de qué hablar, particularmente en círculos judiciales y académicos.

La razón: el magistrado ponente, Alberto Yepes Barreiro -por regla general – establece en sus ponencias conceptos que más temprano que tarde son establecidos como jurisprudencias y, por ello -también generalmente – los fallos proferidos con base en sus consideraciones resultan siendo polémicos.

Justamente, con base en una ponencia de Yepes Barreiro fue que uno de los funcionarios con más poder para la época: el entonces procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado, debió salir de su cargo por la puerta de atrás. En una documentada y detallada ponencia de 51 páginas, Yepes dejó claro que la reelección de Ordóñez fue ilegal y que, en consecuencia, debía anularse. En su ponencia, el magistrado expresó, en un claro mensaje a los servidores públicos que solían abusar de su poder, que “el gobierno de la ley, no el gobierno de los hombres, caracteriza el Estado de derecho. La sujeción a la ley, no a la voluntad arbitraria del poderoso, inspira nuestro orden jurídico“.

Igualmente, fue con base en una ponencia del abogado huilense que la entonces poderosa gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, no solo perdió su cargo sino que fue inhabilitada prácticamente de por vida. En esa ocasión, la ponencia de Yepes, respaldada por la totalidad de sus colegas magistrados, representó un duro golpe no solo a Pinto sino a todos los servidores públicos elegidos popularmente, ya que estableció como línea jurisprudencial que mientras dure el período para el cual fue electo, no pueden buscar el favor del electorado aunque renuncien antes del vencimiento de sus periodos.

Y fue Yepes quien produjo un verdadero sismo entre la dirigencia política del país al sugerir la desaparición del cuestionado y dependiente Consejo Nacional Electoral y, quién lo creyera, de la propia Sección Quinta del Consejo de Estado a la que pertenece, envuelta en numerosas oportunidades en serios cuestionamientos, y a cambio crear una cuarta rama del poder público o poder electoral. Para esas fechas, la prensa especializada conoció que, en concepto de varios magistrados del Consejo de Estado, “desde hace muchos años el consejero Yepes Barreiro tiene unas consideraciones de tipo académico que ellos no comparten“.

En términos generales, aunque varias fuentes aseguran que Yepes es cercano al presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade Serrano, uno de los más decididos defensores del también conservador Antonio Quinto Guerra, lo que se dice por sus antecedentes es que el sentido de su ponencia puede ser polémica y sorpresiva, como muchas de las anteriores.

Ver:

Hoja de vida del magistrado Alberto Yepes Barreiro

 

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