Campaña de Quinto Guerra asegura que el fantasma de la inhabilidad no lo atemoriza

La razón de ser del régimen de inhabilidades es evitar que los servidores públicos se valgan de las ventajas que les dan sus dignidades, empleos o contratos para acceder a cargos de elección popular. La norma indica que si una persona ocupa un puesto oficial, o tiene un vínculo contractual con el Estado, debe mediar un tiempo prudencial para que pueda inscribirse como candidato a un cargo unipersonal o a una corporación pública. En el caso de las candidaturas a las Alcaldías, la Ley 136 de 1994 dispone que ese tiempo sea mínimo de un año. Concretamente, el numeral 5° del artículo 95 de dicha norma establece que no podrá ser elegido ni designado alcalde quien “durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

Por ello, cuando el pasado 4 de agosto, escasos dos días después de que unidades del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI – de la Fiscalía capturaran al entonces suspendido alcalde Manolo Duque Vásquez, el Gobierno Nacional entregó 55 casas en Ciudad Bicentenario a sendas familias damnificadas por una falla geológica en el barrio San Francisco, para muchos era claro que, en el evento de que Duque no regresara a su cargo, ya fuera porque se le condenara por los delitos que le imputaban o porque se viera obligado a renunciar, uno de los personajes que aparecían en las fotos oficiales: el exconcejal Antonio Quinto Guerra Varela, no podría participar en la eventual elección atípica que se convocara. La razón: porque, como asesor jurídico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estaba inhabilitado a la luz de la citada ley.

Ese 4 de agosto, hace escasos seis meses y unos días, Guerra, en su condición de servidor público, había participado de la entrega de viviendas y de utensilios de cocina a las familias de San Francisco, en compañía del ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, del gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá Durán, del alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, del gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -Corvivienda, William García Tirado, del senador Andrés García Zucardi y del representante Pedrito Pereira Caballero.

En las redes sociales, sería el mismo Guerra quien informaría sobre la entrega de viviendas a los damnificados cartageneros (ver fotos).

Lo llamativo, para quienes conocen el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es que Guerra, por quien en el 2015 votaron cerca de cien mil ciudadanos en su candidatura a la Alcaldía, podría estar inhabilitado en caso de una elección atípica convocada para esas fechas.

Sin embargo, para otros con buena memoria, lo curioso es que las viviendas entregadas hacen parte de un proyecto al que, según denunció en agosto de 2009 el entonces viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, intentaron torpedear los entonces concejales Adolfo Raad Hernández y Antonio Quinto Guerra Varela.

En el diario El Universal, en la nota ‘Concejales meten palos en las ruedas: Viceministro de Vivienda‘, firmada por el periodista Carlos Figueroa Díaz, se señala que Henao Cardona dice “no entender porque los concejales Adolfo Raad Hernández y Antonio Quinto Guerra Várela le meten palos en las ruedas para evitar que se desarrolle el proyecto de vivienda de interés social Ciudad del Bicentenario, uno de los más grandes que se construyen en el país en beneficio de los pobres“.

Lo que nos muestran con su actitud es que están reaccionando, porque no tienen los núcleos de poder que antes tenían y que hoy cuando se está desarrollando un proyecto con transparencia, cuando se quiere llegar a la gente más pobre de la ciudad, cuando se quiere generar un proyecto de cohesión social, de equidad y por los mas necesitados, en vez de apoyar, ponerse la camiseta y ayudarnos a llevar el cemento, mover la tierra y apoderarse de este, los vemos es llevando piedra para torpedearlo“, se asegura en la nota de El Universal que expresó el entonces viceministro.

Quinto, ¿inhabilitado?

Sobre la eventual inhabilidad de Antonio Quinto Guerra para aspirar a la Alcaldía de Cartagena en una elección atípica en 2018 se viene hablando desde su aparición pública el 4 de agosto de 2017, durante la entrega de unas viviendas de interés social en Ciudad Bicentenario a varias familias de San Francisco, al conocerse que, para esa fecha, era contratista del Gobierno Nacional.

No obstante, las inquietudes sobre la eventual violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades comenzaron a expresarse cuando el 7 de noviembre del año pasado le fue aceptada la renuncia a Manolo Duque y, en consecuencia, no había dudas de que, si verdaderamente era un hombre demócrata y cumplidor estricto de la Ley, el presidente Juan Manuel Santos debía convocar y promover la realización de una elección atípica en el término de 90 días.

Justamente, ante la demora del mandatario en expedir el correspondiente decreto, lo que se rumoró fue que “estaba haciendo tiempo” -en términos futboleros – para habilitar a un aspirante en el que supuestamente tenía interés.

Para conocer a ciencia cierta qué había detrás de todo ello, este portal realizó las correspondientes investigaciones periodísticas y pudo establecer que, en efecto, Guerra Varela estuvo en Ciudad Bicentenario en calidad de servidor público adscrito al Ministerio de Vivienda y no, como reseñaron varios medios locales, solo como exconcejal. Para la fecha, el dirigente político apoyaba la gestión de proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como la estructuración e implementación de planes, estrategias y políticas en dichas áreas, a ejecutarse en Cartagena y Bolívar, de acuerdo con lo establecido en el Contrato No. 329 suscrito el 26 de enero de 2017. Este contrato se extendía hasta el 31 de octubre del mismo año y los honorarios percibidos por Guerra, en virtud del mismo, eran la suma de $10 millones mensuales.

Sin embargo, para la fecha, Quinto Guerra tenía además una relación contractual con la Gobernación de Bolívar, con la cual el 1 de marzo de 2017 había suscrito el Contrato No. 461, con un plazo de ejecución de seis meses. Por este contrato, cuyo objeto era la “prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades propias de la Secretaría General”, el cual debía ejecutarse en la sede de la Administración Departamental a la subida de Turbaco, Guerra percibía $7 millones mensuales.

Pero Guerra (exconcejal de Mahates y Cartagena; exdiputado de Bolívar; exgerente del Fondo Departamental de Transportes y Tránsito y exasesor de la Secretaría General de la Gobernación de Bolívar, del Departamento Jurídico de la Corporación Nacional de Turismo, del Ministerio de Vivienda y de la Administración Departamental) no intervino únicamente en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio con entidades oficiales el 26 de enero, con el Gobierno Nacional, y el 1 de marzo, con la Gobernación de Bolívar.

Mucho más recientemente: el pasado el 30 de octubre, gestionó los actos conduscentes a la celebración de un Otrosí al Contrato No. 329, lo que extendió su relación contractual con el Ministerio de Vivienda hasta el 31 de diciembre de 2017.

Sobre si estos contratos inhabilitan o no a Quinto Guerra para aspirar a la Alcaldía este 15 de abril las opiniones están divididas.

Para conocer sus conceptos sobre el caso, Revista Metro dialogó con cinco conocidos juristas. Tres de ellos conciden en que no existe inhabilidad alguna, y dos señalan que al menos haber gestionado recientemente la adición a un contrato en ejecución sí le genera una clara inhabilidad.

“Las últimas jurisprudencias tienden a establecer que si se amplía un contrato vigente y no se modifica el objeto del mismo sino solo sus plazos de ejecución y los honorarios a recibir, no habría inhabilidad; pero hay conceptos que, en cuanto a los Otrosíes, señalan que tipifican lo que la ley prescribe en materia de intervención, gestión y actuación personal y activa del interesado, como la suscripción de nuevas pólizas de garantías, entre otras, por lo que es claro que sí hay inhabilidad”, manifestó una de las fuentes.

A Antonio Quinto Guerra, sin embargo, el fantasma de la inhabilidad no lo atemoriza. O al menos, eso expresaron a este portal miembros de su equipo de prensa cuando, con el fin de conocer de su propia voz qué piensa sobre el tema, Revista Metro intentó dialogar con el aspirante a la Alcaldía.

Según los asesores de Guerra, este solo se pronunciará sobre su presunta inhabilidad este miércoles 28 de febrero, luego de su inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. No obstante, enviaron fotocopia de un concepto emitido por ‘Urueta & Urueta Abogados’, una firma de Bogotá para la que “el periodo de inhabilidad (…) es el comprendido entre la celebración del contrato y la inscripción de la candidatura”, por lo cual “Guerra Varela puede inscribirse como candidato y ser elegido como alcalde distrital a partir del 27 de enero de 2018″, teniendo en cuenta que el Contrato 329 fue suscrito el 26 de enero de 2017”.

Con respecto al Otrosí firmado el 30 de octubre, Juan Manuel Urueta Rojas, en representación de ‘Urueta & Urueta Abogados’, conceptúa que “el alcance de la inhabilidad hace referencia exclusivamente a la celebración del contrato, razón por la cual no es de recibo extender los efectos de la prohibición a otros hechos (…), lo cual incluye prórrogas en tiempo y/o adiciones en valor”.

 

Contexto:

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial