Luego de que los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmaran, por unanimidad, la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de suspender temporalmente, como medida cautelar, el acto de elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena, actores de distinta naturaleza expresaron sus conceptos sobre el auto del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Uno de los primeros en reaccionar fue el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, quien desde el mismo momento en que conoció que Guerra Varela, días antes de inscribirse como candidato a la Alcaldía de Cartagena, había participado en la ejecución de proyectos de viviendas de interés social y la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, advirtió que el exconcejal conservador se encontraba inhabilitado.
En su cuenta en Twitter, tras retuitear un avance informativo de Revista Metro sobre la determinación tomada que le dio la razón a los conceptos del Ministerio Público, Carrillo Flórez manifestó que «la decisión del @consejodeestado es un hecho histórico; las acciones de esta Procuraduría siempre serán en defensa de la moralidad y la ética pública. Es momento de reconstruir el daño tan grande que la corrupción le ha hecho a #Cartagena«.
También se mostró complacido con la decisión del Consejo de Estado el director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, quien con similares argumentos a los de la Procuraduría coadyuvó la demanda de esta para que se anulen los efectos jurídicos del acto de elección de Guerra por su manifiesta inhabilidad.
En declaraciones a este portal, el reconocido veedor ciudadano expresó que el auto proferido «no es otra cosa que la evidencia concreta de la existencia de una inhabilidad manifiesta; estamos frente a una inhabilidad más grande que el Castillo de San Felipe. Se mostró un empecinamiento vulgar y de quinta por parte de Guerra tratando de mantenerse en una posición jurídica completamente insostenible, y agravando al máximo la situación de ingobernabilidad y de ilegitimidad institucional en que está sumida Cartagena«.
Sobre la decisión del Consejo de Estado, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, publicó en su cuenta en Twitter: «Cartagena necesita estabilidad administrativa. No aguantamos un cambio más en la Alcaldía. Los procesos y proyectos de la ciudad no pueden continuar al vaivén. El próximo Gobierno Nacional debe evaluar muy bien el siguiente paso. La estabilidad es la que nos permitirá avanzar«, lo que, según diversos analistas, podría interpretarse como un claro apoyo a la gestión que viene adelantando la alcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris.
Para el excandidato a la Alcaldía Fabio Castellanos Herrera, lo correcto sería que el Partido Conservador, en caso de integrar una terna, lo haga como consecuencia «de un consenso cívico, gremial y político, para que cese la inestabilidad institucional en Cartagena«. La decisión del Consejo de Estado, señaló, «crea un nuevo hecho político, institucional y administrativo», que debería traducirse -además – en la renuncia de Guerra Varela. «Es muy difícil que él pueda volver nuevamente a la Alcaldía«, manifestó. De acuerdo con Castellanos, «para el Partido Conservador también existen grandes tareas y grandes retos; hoy esa colectividad no puede tratar de imponer una terna que solamente beneficie un interés partidista, y mucho menos con ánimo revanchista; esta es la oportunidad para reivindicarse, ya que avaló a Quinto Guerra a sabiendas de su inhabilidad».
Y sobre la ratificación del auto interlocutorio que suspendió el acto de elección de Guerra se pronunció igualmente el también exconcejal y excandidato a la Alcaldía David Múnera Cavadía, para quien -sin embargo – da lo mismo si el alcalde electo regresa o no a dirigir los destinos de la ciudad. «La desgracia de Cartagena continúa, independiente de este fallo; si Quinto Guerra volviera no significa nada nuevo para Cartagena y sus crisis«, expresó Múnera Cavadía.
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