Estos son los magistrados que decidirían hoy el futuro inmediato de Cartagena

El pasado 26 de julio, en la nota ‘Alberto Yepes, el ‘polémico’ magistrado en cuyas manos está la suerte de Quinto Guerra‘, anunciamos que la decisión del Consejo de Estado sobre “el futuro inmediato de Guerra, y con él el del Distrito” de Cartagena, se tomaría “el jueves 2 de agosto“.

Y, en efecto, ello va a ocurrir. Al menos, así fue dispuesto por la presidenta de la Sección Quinta del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, Rocío Araújo Oñate, quien ordenó incluir en el orden del día de la sesión de este jueves la votación de la ponencia radicada por el magistrado Alberto Yepes Barreiro sobre la suspensión del acto de elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena, tomada como medida cautelar, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

En consecuencia hoy, luego de que la misma sala decida si mantiene o no la credencial del representante a la Cámara Édwin Ballesteros Archila, demandada por el abogado Freddy Mancilla Rojas, los cuatro magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado tomarán la decisión de mantener o no la suspensión temporal de la elección de Guerra Varela, demandada por la Procuraduría General de la Nación.

En concreto, tres magistrados: Rocío Mercedes Araújo Oñate, Carlos Enrique Moreno Rubio y Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez votarán a favor o en contra de la ponencia de su colega Alberto Yepes Barreiro, cuyo sentido aún no se ha podido conocer.

Si la ponencia pide ‘tumbar’ la decisión de primera instancia y es aprobada, Quinto Guerra regresaría a la Alcaldía una vez se notifique del auto que se profiera. Pero si es negada, el electo mandatario deberá esperar por fuera de su cargo el fallo definitivo de la demanda interpuesta por el Ministerio Público.

Si, por el contrario, el magistrado Yepes Barreiro pide confirmar el auto interlocutorio del Tribunal Administrativo de Bolívar, para que Quinto continúe por fuera del cargo la mayoría de la Sala deberá votar a favor de la ponencia. Para que pueda retornar a su cargo, los magistrados deberán derrotar los argumentos del ponente.

Se trata, en todo caso, de una trascendental decisión. Si es favorable a Quinto Guerra, el exconcejal conservador por quien votaron el pasado 6 de mayo cerca de 72 mil ciudadanos, regresará la próxima semana a su despacho en la Alcaldía de Cartagena, donde deberá esperar el fallo definitivo de la demanda presentada contra su elección por el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, en representanción de la Procuraduría General. Pero si es en contra, el frente de la Alcaldía continuará, en calidad de encargada, la actual secretaria del Interior, Yolanda Wong Baldiris, mientras la Presidencia de la República designa un nuevo alcalde de terna que remita el Partido Conservador, o hasta cuando sea fallada la demanda de la Procuraduría, en caso de que la decisión definitiva sea favorable a Guerra.

Como se sabe, en concepto del procurador general, Fernando Carrillo Flórez, la elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde de Cartagena debe ser anulada “por estar probado que fue elegido muy presumiblemente estando incurso en una causal de inhabilidad“, como argumentó el Tribunal Administrativo de Bolívar al suspender, como medida cautelar, el acto de elección del dirigente conservador.

Los magistrados de la Sección Quinta

La presidenta de la Sección Quinta, Rocío Araújo Oñate, ingresó al Consejo de Estado el 4 de noviembre de 2015; es abogada de la Universidad Nuestra Señora del Rosario con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad y maestría en Ciencias Administrativas con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer de Alemania, y en Ciencias Jurídicas con énfasis en Derecho Constitucional de la Universidad Ruprecht – Karls Heidelberg del mismo país. Es candidata a Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Castellón en España. Fue asesora externa de la Presidencia de la República, de Registraduría Nacional del Estado Civil, del Ministerio del Interior y de la Contraloría General de la República; directora de la Especialización en Derecho Administrativo y Derecho Electoral del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; y docente en distintas universidades del país.

 

El magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro, llegó al Consejo de Estado el 7 de junio de 2011; es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con especialización en Derecho Procesal de la misma institución; especialización en Derecho Constitucional y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia; maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado de la misma universidad; y maestría en Derecho Público de las Universidades Externado de Colombia, Deglistudi Di Bologna de Salamanca y Carlos III de Madrid. Fue profesor titular de la Universidad del Rosario de la Facultad de Jurisprudencia en pregrado, especialización y maestría de Derecho Administrativo; y docente de Procesos de nulidad electoral y pérdida de investidura’ en la Especialización en Derecho Electoral de la Universidad del Rosario y de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

 

Carlos Moreno Rubio ingresó al Consejo de Estado el 31 de agosto de 2015; es abogado de la Universidad Libre con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad Libre; especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y especialización en Derecho Procesal y Derecho Tributario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fue secretario de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

 

Y Lucy Bermúdez Bermúdez es abogada de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá con especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Fue procuradora judicial ante los tribunales y jueces de la República; procuradora judicial ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca; y procuradora delegada ante las Secciones Tercera y Quinta del Consejo de Estado.

 

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