Cumpliendo una sentencia del Consejo de Estado, ayer (5 de julio), en el municipio de Barranco de Loba, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en representación del Estado colombiano, presentó excusas públicas a los familiares de Élder Toloza Zurbarán, el campesino que en el año 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue asesinado en Vista Hermosa -Meta, y presentado a la opinión pública como un insurgente caído en combate, pero, tal como ha venido sucediendo en miles de casos más a lo largo de todo el país, se comprobó que Zurbarán Toloza, nacido en el corregimiento de San Antonio, jurisdicción de Barranco de Loba, no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley y, por el contrario, era un hombre honesto y trabajador. Se trató, como probó la Justicia colombiana en las distintas instancias, de otro falso positivo.
Dos meses antes, el pasado 26 de abril, el propio Ejército Nacional, en cumplimiento de una medida de reparación simbólica ordenada desde el 30 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, presentó también sus «más sinceras excusas, con profundos sentimientos de consideración y solidaridad, además unirnos al dolor que le embarga a los familiares de Élder Toloza Zurbarán por los perjuicios morales causados con el actuar del personal militar que participó en esos hechos».
En esa oportunidad, mediante un comunicado de prensa, la Comandancia de las Fuerzas Armadas declaró que «tan lamentable episodio no corresponde a las políticas de nuestro glorioso Ejército Nacional».
Atendiendo el mandato judicial, el ministro de Defensa se disculpó públicamente ante los familiares de Élder Toloza y manifestó que las víctimas del conflicto en Colombia, como la familia Toloza Zurbarán y como él mismo, quien vivió el secuestro de su hija, «deben reconciliarse y perdonar para vivir en esta nueva Colombia que hoy vive en paz, después de tantos años de sufrimiento para miles de familias».
No obstante las sentidas palabras del alto funcionario, la madre, un hermano y una hermana del campesino asesinado expresaron, visiblemente conmovidos, que lamentablemente «esos hechos dolorosos no los hemos podido perdonar».
Y no lo han hecho, aseguraron, porque, a pesar de que el propio Estado determinó la responsabilidad de los autores de los falsos positivos, estos, salvo unos soldados rasos que son el eslabón más débil de la cadena, aún no han sido castigados.
«Ha sido un dolor muy grande para nuestra familia y eso no lo perdono; perdóname, Dios mío, por esto, pero a quienes ordenaron la muerte de mi hijo no los puedo perdonar», manifestó, con lágrimas en los ojos, la madre de Élder Toloza. El padre de este no pudo hablar y expresar lo que pensaba: desde el día en que se enteró del asesinato de su hijo y de que el gobierno de turno justificó su muerte porque, según el Ejercito y el Ejecutivo nacional, este y los otros campesinos eran unos subversivos, el señor Toloza no volvió a pronunciar una sola palabra.
Como se sabe, por el asesinato de Élder Toloza, en hechos en los cuales también fueron presentados otros dos campesinos como guerrilleros muertos en combate: Carlos Julio Gutiérrez López y Ángel Gabriel Virgüez García, la Fiscalía 43 de la Unidad de Derechos Humanos acusó a cinco miembros del Ejército, entre ellos a un coronel y a un capitán, por los delitos de homicidio en persona protegida y falso testimonio.
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