Dos jueces de la República: el Primero Civil del Circuito de Cartagena y el Tercero Laboral del Distrito Judicial, les concedieron la razón al alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, y al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, quienes, según los promotores de un congreso de la industria porno, denominado ‘Latin America Adult Business Expo’, les habrían violado varios de sus derechos fundamentales al oponerse a la utilización de escenarios públicos de Cartagena para el desarrollo del mismo.
En sendas acciones de tutela interpuestas por la actriz y modelo Sharon Torres López y el promotor Richard Bedoya Joseph se argumentó que, con sus declaraciones y, en el caso de Duque, su decisión de no autorizar permisos para la realización de congresos porno en la Ciudad Heroica, les habían violado sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de enseñanza, aprendizaje y libertad de asociación.
Similares conceptos emitieron en su momento la actriz porno Esperanza Gómez y el personero de Cartagena William Matson Ospino, para quien prohibir eventos de cualquier naturaleza «entraría a violar el derecho a la intimidad y el de libre desarrollo de la personalidad de sus asistentes y organizadores».
Según el representante del Ministerio Público en Cartagena, «el alcalde no tiene facultades para prohibir la realización del ‘Lal Expo-Latin America Adult Business Expo'» ya que, en su concepto, la Constitución y la Ley les permite a los ciudadanos manifestar su sexualidad de manera pública y libre.
«En Colombia existe un ordenamiento jurídico (…)» que contempla «un catálogo de derechos donde está el del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad», argumentó Matson Ospino en su momento (leer ‘La Alcaldía no prestará el Centro Histórico para promover la industria de la pornografía’).
Para esos días, la actriz Esperanza Gómez declaró también a varios medios de comunicación que la ‘Lalexpo’ no es un congreso de pornografía sino de negocios en el que participan personas relacionadas con la industria del entretenimiento para adultos. «En este evento no van a encontrar películas porno, imágenes porno y mucho menos a mujeres semidesnudas», aseguró.
No obstante las manifestaciones de Matson y la posición de Gómez, tanto el alcalde como el gobernador se mantuvieron en su punto, y el Ejecutivo distrital oficializó su negativa a otorgar el permiso solicitado mediante un comunicado de prensa suscrito por el Secretario del Interior y Convivencia, Fernando Niño Mendoza, quien señaló que «La decisión tomada el Gobierno local radica en que en el marco de las políticas de la Administración y del Plan de Desarrollo Primero la Gente está la de realizar acciones encaminadas a la prevención del turismo sexual y de la explotación sexual que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también seguridad e imagen turística del destino local».
La decisión de los jueces
En sus fallos, los jueces Primero Civil del Circuito de Cartagena y Tercero Laboral del Distrito Judicial coincidieron en negar las pretensiones de los demandantes considerando que las acciones de tutela son mecanismos subsidiarios y no principales, lo que equivale a decir que cuando las personas disponen de otras acciones legales para lograr la salvaguarda de sus derechos son estas las que deben impetrarse en primer lugar.
Según los togados, tras el análisis de las pruebas aportadas por las partes es claro que ni la Alcaldía de Cartagena ni la Gobernación de Bolívar han vulnerado ningún derecho fundamental de los dos accionantes.
Sobre la decisión judicial, ninguno de los involucrados se ha pronunciado en sus redes sociales hasta el momento de publicarse esta nota.