Solo desde el pasado jueves 13 de julio, hace escasamente seis días calendario, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene a su cargo la labor de control, inspección y vigilancia sobre las Curadurías Urbanas de todo el país, por disposición de la Ley 1796 del 13 de Julio de 2016, más conocida como Ley de Vivienda Segura.
Antes, como se sabe, esa labor estaba en cabeza de los Departamentos o Secretarías de Planeación de cada municipio.
No obstante el escaso tiempo que, al menos en el papel, el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, ha tenido para conocer el papel que en los últimos años han jugado las dos Curadurías Urbanas de Cartagena, ya tiene bastante adelantado un primer informe sobre estas, luego de haberles puesto una gigantesca lupa en consideración al desplome del edificio Blas de Lezo II, que se construía a la vista de todo el mundo sin licencia, violando el Plan de Ordenamiento Territorial y un sinnúmero de normas urbanísticas, ocasionando la muerte de 21 obreros y sumiendo en una crisis a la Administración distrital.
De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, el alto funcionario tuvo en cuenta para su labor una serie de informaciones recogidas en un reciente viaje a Cartagena, las cuales, una vez constatadas por la Superintendencia, determinó que el caso de las construcciones ilegales en Cartagena cuenta con muchas más aristas que la sola acción u omisión de inspectores de Policía y, en general, servidores públicos del Distrito.
Sobre ese informe aún por terminar (que el superintendente anunció que será presentado con los debidos detalles en Cartagena, durante una rueda de prensa que se convocará en los próximos días), se conoce que de los edificios que se construyeron con licencias falsas durante los últimos años, en circunstancias iguales o similares al del edificio desplomado, ya 29 están habitados, lo que significa que cerca de 140 apartamentos se encuentran potencialmente en riesgo de derrumbe.
Entre los edificios construidos sin licencia y en cuyos apartamentos residen ya algunas familias aparecen, entre otros, Blas de Lezo I, Calipso, Villa May, Brisas de Blas de Lezo, Shalom, Villa Ana, Portal de los Caracoles I, Portal de los Caracoles II, Portales de los Alpes, Brisas de los Alpes, y Vanessa.
Como se recordará, luego de la tragedia del edificio Blas de Lezo II, las autoridades distritales dispusieron de una inspección express en las tres Localidades de Cartagena, y encontraron que al menos 96 edificios se habían construído o se estaban construyendo sin licencia (leer ‘Cartagena: los otros edificios de arena’).
El director de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, Héctor Anaya Pérez, al asumir su cargo luego de la obligada renuncia de su antecesor, Olimpo Vergara Vergara, anunció que «las áreas ilegales de 37 a 50 obras que se adelantan de manera irregular en la ciudad serán demolidas» (leer ‘Áreas ilegales de construcciones en Cartagena serán demolidas: Control Urbano’).
Para esas fechas, ya era claro tanto para algunas autoridades y órganos de control que las irregularidades detectadas en torno al edificio caido eran apenas la punta de un gran iceberg que involucraba a funcionarios indeterminados de la Secretaría de Planeación, de las Curadurías, de algunas Notarías, de la Oficina de Instrumentos Públicos, de la de Catastro y de algunos Juzgados Municipales, ya que muchos apartamentos de los edificios construidos sin licencia ya se hallaban vendidos (leer ‘Entramado para construir edificios sin licencia, mucho más que una trampa mortal – II’).
A incrementar la seguridad de las edificaciones
El pasado 13 de julio, al asumir las funciones de control, inspección y vigilancia sobre las Curadurías Urbanas del país, aseguró que “con las funciones que nos permite ejercer esta Ley, la Superintendencia trabajará fuertemente para proteger al comprador de vivienda, para incrementar la seguridad de las edificaciones, para fortalecer la función pública que ejercen los curadores, entre muchos más deberes que tiene la entidad con estas nuevas competencias”.
Como se sabe, la Alcaldía ha dispuesto la suspensión no solo de algunas obras que se adelanten sin licencia, sino también de varias que, contando con estas, violan normas urbanísticas.
Uno de estos últimos casos se dio en el barrio Nuevo Bosque, donde el inspector de Policía de la respectiva Unidad Comunera de Gobierno, José Isidro Castaño, inició un proceso de sellamiento de una obra que, de acuerdo con un informe técnico de la Oficina de Control Urbano, debía tener un retiro posterior de por lo menos 4,10 metros, y le había dejado uno de apenas 2,30 metros. En su momento, el director de Control Urbano, Héctor Anaya, fue enfático en asegurar que, aunque dicha construcción cuenta con la debida resolución de una Curaduría, por estar construyéndose sin atender a los dispuesto en los planos aprobados debe implementar los correctivos del caso (leer ‘Continúan inspecciones de vigilancia y control urbanístico en Cartagena’).