40 días después de la tragedia de Blas de Lezo, ¿qué han hecho los órganos de control?

Lo exigió reiteradas veces el alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, antes y después de instaurar una denuncia contra los hermanos Mayra, Eduardo y Wilfran Quiroz, los presuntos constructores del edificio que se desplomó en Blas de Lezo el pasado jueves 27 de abril. “Como alcalde de los cartageneros, estoy requiriendo a las autoridades para que se haga la investigación y, prontamente, se haga justicia”, manifestó Duque tras radicar la acción penal en las instalaciones de la Fiscalía Seccional de Cartagena, en el barrio Crespo. “Tenemos que buscar que los responsables directos paguen”, recalcó el mandatario de los cartageneros.

Lo reclamó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, luego recorrer el lugar donde murieron 21 obreros y 23 más sufrieron heridas de consideración. En esa oportunidad, el mandatario de los bolivarenses expresó que “debemos capturar cuanto antes a los asesinos que pusieron esta trampa mortal; no puede pasar un solo día más sin que veamos capturados a estos mal llamados empresarios que asesinaron a estas personas. Les pedimos a los organismos de investigación que deben dar hoy mismo con el paradero de estos criminales”.

Lo han pedido centenares de personas más, entre ellas la mayoría de los concejales, algunos ediles, varios líderes de opinión y numerosos ciudadanos del común. En el discurso de clausura de las primeras sesiones ordinarias de este año, el presidente de la corporación edilicia, Lewis Montero Polo, demandó de los órganos de control “celeridad y objetividad” en las investigaciones que comenzaron a adelantarse y “finalmente justicia, con el fin de que se puedan determinar responsabilidades”.

Y, como se recordará, tanto la Procuraduría como la Fiscalía abrieron para esas fechas las respectivas investigaciones.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, varios días después, ordenó suspender de sus cargos al alcalde Duque y a dos de sus subalternos, “como medida cautelar mientras se adelanta el proceso que se lleva a cabo por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad”, y “abrió también investigación a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano; Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía”.

La PGN asegura tener evidencias “de que en Cartagena se presenta un desconocimiento sistemático y generalizado de las normas urbanísticas, como ocurrió con el edificio Portales de Blas de Lezo II”.

Hoy, tras investigarse unos hechos relacionados no solo con las posibles causas del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II sino -además – con supuestas irregularidades de constructores y servidores públicos en torno a la construcción de 15 edificios más, escogidos aleatoriamente de entre los más de 40 que también se habrían construido violando normas urbanísticas, se está a la espera de que cada implicado responda los cargos elevados y, finalmente, se tomen las decisiones de fondo en cada uno de los casos.

La Procuraduría -asimismo – ante la ausencia de efectivas acciones en defensa de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo Regional y la Personería distrital, presentó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una acción popular en favor de estas, y anunció la instauración de una segunda acción para “proteger la vida e integridad de los cartageneros amenazados por construcciones ilegales y su derecho a una vivienda en condiciones dignas y seguras”. “Ante la evidencia de que en Cartagena se presenta un desconocimiento sistemático y generalizado de las normas urbanísticas, como ocurrió con el edificio Portales de Blas de Lezo II (…) el Ministerio Público solicitó la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección inmediata de los ciudadanos”, se asegura en un comunicado de prensa del ente de control disciplinario.

La acción popular pide que se ordene a la Alcaldía de Cartagena la creación de un Grupo Especial para la Normalización, Vigilancia y Control de la Actividad Urbanística, en el que participen la Policía Metropolitana, el ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres“, se indica igualmente en el remitido.

Y en cuanto a la Fiscalía, la acción inicial fue la integración de un grupo interdisciplinario integrado por un ingeniero, un arquitecto y un topógrafo, bajo la dirección del subdirector seccional de la Policía Judicial de Bolívar, apoyado por miembros de la Sijín, cuya misión ha sido compilar las pruebas que permitan esclarecer los trágicos hechos, y se está a la espera de los resultados de las correspondientes acciones.

Con lo que se tiene, el ente investigador logró -por fin – que el pasado viernes (2 de junio) un juez de control de garantías, durante una audiencia, les dictara sendas órdenes de captura a Wilfran Quiroz Ruíz y varias personas más, entre ellas constructores y servidores públicos. No obstante, a pesar de que el abogado de Wilfran Quiroz, Juan Royero Martínez, ha dicho reiteradas veces que su cliente está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía, y que en efecto en una ocasión acudió ante la fiscal Olga Luz Esquivel, aunque se negara a estampar su huella dactilar, “desde el viernes el constructor no ha podido ser localizado”, reveló una fuente de la entidad.

De acuerdo con lo que ha podido establecer este portal, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han tenido en cuenta en sus indagaciones los hechos que rodearon la tragedia de Blas de Lezo y los que supuestamente han rodeado también otras construcciones en las tres Localidades de Cartagena, y que involucrarían no solo a constructores y funcionarios del Distrito, particularmente de la Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Urbano y las Alcaldías Locales, sino también a servidores públicos adscritos a Curadurías y Notarías.

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