Entramado para construir edificios sin licencia, mucho más que una trampa mortal – II

Por Carlos Ardila González

En nuestra nota anterior dijimos que, en busca de respuestas a los interrogantes surgidos luego del deplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo, dialogamos con empresarios de la construcción, ingenieros y abogados de diversas especialidades, así como con empleados de algunas Notarías y funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y de la Oficina de Control Urbano del Distrito.

Anunciamos que con lo que dichas fuentes le informaron a este reportero elaboraríamos varias notas periodísticas, a manera de preguntas y respuestas.

Y manifestamos que la primera de estas preguntas, la más repetida por los ciudadanos luego de la reiterada: “¿y cuándo van a capturar a los responsables de la tragedia?” (que solo podrán responder los jueces y los fiscales) era: “¿cómo es posible que los apartamentos de un edificio construido sin licencia se legalicen y sean vendidos sin problemas?”.

Esa pregunta fue respondida, a grandes rasgos, en la nota ‘Construcción de edificio de seis pisos sin licencia, apenas la punta de un iceberg’, donde señalamos que se hacía amparándose en una norma: el Artículo 64 del Decreto 1469 de 2010, que permite que “el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción”, reconozca la existencia de las construcciones ejecutadas sin haber contado con las debidas licencias; y en la historia ‘Entramado para construir edificios sin licencia, mucho más que una trampa mortal – I’, donde se dijo que, además de “la exposición a tragedias como la sucedida el pasado 27 de abril”, los edificios que se construyen sin licencia causan “un grave daño en materia de movilidad, ya que al no construirse los parqueaderos a que están obligados las calles son convertidas en estaciomientos, con las consecuencias ya conocidas”.

El superintendente de Notariado y Registro (e), Jairo Alonso Mesa, comenzó a poner lupa sobre las Curadurías Urbanas.

Hoy, con las declaraciones del superintendente de Notariado y Registro (e), Jairo Alonso Mesa Guerra, en el sentido de que “si los curadores tenían cierto poder regional, ya no lo tendrán más” (refiriéndose al hecho de que a partir del viernes 7 de julio la entidad a su cargo asumirá labores de vigilancia y control a las Curadurías Urbanas en todo el país), la pregunta que despunta es sobre el nivel de responsabilidad de los curadores urbanos en el desmadre de las violaciones al Plan de Ordenamiento Territorial -POT – y a las distintas normas urbanísticas.

Como se sabe, sobre las flagrantes violaciones a las normas hay un hecho que no admite discusión: habiendo tantos edificios con muchos más pisos que los permitidos por el POT, construidos sobre lotes que no cumplen con las áreas mínimas establecidas, con sus frentes con menos metros de los dispuestos, con retiros de antejardín y posteriores prácticamente inexistentes y sin estacionamientos para propietarios ni visitantes, para citar solo los aspectos que son visibles a simple vista, no se concibe que ningún funcionario de las Inspecciones de Policía, ni de las tres Alcaldía Locales, ni de la Oficina de Control Urbano, ni de la Secretaría de Planeación, ni de las dos Curadurías Urbanas del Distrito, hayan detectado antes del desplome del edificio en Blas de Lezo lo que después sí alcanzaron a descubrir cuando se los ordenó el alcalde de Cartagena (hacer click). De acuerdo con otras voces, como las de los miembros del colectivo Control Visible, lo mismo podría inferirse de los funcionarios de la Personería Delegada para Asuntos Policivos y Urbanísticos y hasta de los miembros de las distintas Juntas Administradoras Locales.

Es decir, que tuvo que mediar una perentoria directriz de Manolo Duque para que los servidores públicos -cuyas funciones directa o indirectamente tienen que ver con la vigilancia y control de las construcciones – atendieran el llamado a evitar, sancionar o denunciar, según el caso, las infracciones que se cometían a un palmo de sus narices.

El alcalde Mano Duque, personalmente, denunció a los constructores del edificio caído en Blas de Lezo.

Pero las inquietudes sobre esta aberrante omisión parece tener respuesta en un hecho denunciado por Noticias Uno: “Dos funcionarios de control de obras de una de las Alcaldías Locales de Cartagena eran asiduos visitantes de la torre Blas de Lezo que se vino a tierra y cobró la vida de 21 obreros” (ver video). Lo que hasta el más ingenuo de los ciudadanos considera es que, así como al parecer al edificio caído, las obras que se desarrollan violando evidentes normas también son visitadas por funcionarios inescrupulosos, pero no necesariamente para cumplir con su deber de meter en cintura a sus constructores. Lo que se dice por parte de conocedores es que, si verdaderamente las autoridades administrativas y los órganos de control quieren romper de tajo esta punible práctica deben comenzar por revisar las bitácoras de visitas de inspección a las diferentes edificaciones y analizar los resultados que las mismas han arrojado.

Pero, al margen de las acusaciones que pesan sobre ciertos funcionarios, varios de los cuales fueron investigados en el pasado y en unos casos hasta sancionados con destitución e inhabilidad en primera instancia, la pregunta que muchos se hacen -aunque la respuesta parezca obvia – es: ¿porqué tantos constructores prefieren correr el riesgo de levantar un edificio sin licencia, exponiéndose a extorsiones de funcionarios venales, y no realizar los trámites debidos ante una Curaduría Urbana?

“Porque en Cartagena violar la Ley en materia de construcciones es un magnífico negocio, y además existe un modelo que les garantiza a los constructores total impunidad”, fue la respuesta de un conocedor del tema que, por razones de seguridad, pidió reserva de su nombre; “saque cuentas y verá”.

Con varios de las fuentes consultadas se hizo un ejercicio similar: “pongamos como ejemplo un edificio en Blas de Lezo, el barrio donde ocurrió la reciente tragedia”, sugirió un exfuncionario de la Secretaría de Planeación; “allí, si un constructor ‘saca’ la licencia, tiene que limitarse a construir un edificio de máximo cuatro pisos, y en algunos casos con altillo, y debe además atender los requerimientos en materia de parqueaderos, retiros y área mínima de los lotes, entre otras normas. Pero si lo hacen sin licencia pueden construir tres o cuatro pisos más, omitir la obligación de disponer de estacionamientos para residentes y visitantes, y pueden hasta construir un edificio en un área con un frente mucho menor del que contempla el POT, y finalmente, amañando hábilmente lo establecido en los Decretos 1077 de 2015 y 1197 de 2016 con la ‘ayudita’ de un curador urbano y de personas vinculadas a una Notaría de la ciudad, legalizar lo que en principio fue ilegal”.

Otras fuente lo resumió así: “amparados en la norma que permite reconocer la existencia de construcciones ejecutadas sin haber contado con las debidas licencias, un constructor irresponsable, de un lote donde solo debería construirse una edificación bifamiliar con 300 metros cuadrados posibles, construye 24 apartamentos de 100 metros promedio para un total de 2.400 metros; calcule el tamaño del negocio”.

En busca de comprender porqué tantos constructores prefieren construir edificios sin licencia que tramitar debidamente esta ante una Curaduría conocimos lo que podría ser otra peligrosa modalidad: la de la construcción de “edificios anoréxicos”, como los bautizó uno de los expertos consultados.

“Lo que se sabe es que, aunque las normas establecen que para construir edificios multifamiliares de ciertas alturas hay que disponer de un lote con um minímo determinado de área, y un frente -también – con un mínimo preciso de metros, en algunos casos 20 o 25 metros lineales, muchos constructores logran que un curador les apruebe la construcción en lotes de hasta 6 y 7 metros de frente, mucho menos de lo contemplado”, reveló otra fuente. “Y lo hacen” -dijo – “mediante un ardid sugerido en algunos casos en la propia Curaduría: que se consigan una promesa de compraventa de un lote aledaño, para hacer creer, solo en papeles, que sí se cumple con el tamaño del frente”. “Lo más sorprendente”, agregó, “es que a veces el lote que en teoría se ‘anexa’, de manera mañosa, como se dijo solo en planos, ya se encuentra construido, pero eso no lo ve el curador ni ninguno de sus empleados, como tampoco ningún funcionario del Distrito ni de la Personería Delegada para Asuntos Urbanísticos”.

“Actualmente en La Boquilla y otros lugares a donde lo puedo llevar se construye un edificio en esas condiciones; se ofrecen apartamentos de dos y tres habitaciones con áreas desde 89 a 130 metros cuadrados en un edificio de cerca de 14 pisos, por lo que se ve en una valla instalada al frente de un lote que evidentemente no tiene el mínimo requerido”, señaló.

En general, son decenas los hechos similares denunciados por fuentes directas, por lectores de este portal y, a través de las redes, por ciudadanos del común, pero en la mayoría de los casos se hace off the record: se alega que el entramado delincuencial involucra a actores peligrosos y por ello prefieren conservar el anonimato; no quieren correr ningún riesgo.

El dirigente Benjamín Luna ha denunciado la invasión de la carrera 9 de La Boquilla.

Pero hay un dirigente comunitario que, ante la gravedad de los hechos que suceden en los alrededores del lugar donde vive: el corregimiento de La Boquilla, se ha atrevido a denunciar con nombres propios casos concretos.

Y lo ha hecho, en varias oportunidades, a pesar de tocar intereses de familias con comprobado poder político y económico, como los Araújo, propietarios del Hotel Las Américas.

Se trata del médico Benjamín Luna Gómez, quien, entre otros casos, denunció que la construccion del edificio Spiaggia, en La Boquilla, es abiertamente ilegal, ya que, en su concepto “el curador debió verificar la legalidad o titularidad de los terrenos donde se construye, y si lo hubiera hecho hubiera descubierto que hay una investigación abierta por la Dirección Marítima -Dimar – contra los dueños de ese edificio, ya que está en terrenos de bajamar (leer ‘ Suspensión, solo ayer, del edificio ‘Transformer’, prueba de la desidia de unos funcionarios’).

De acuerdo con Luna Gómez, “la Curaduría debió verificar la tradición del lote en los registros de la Oficina de Instrumentos Públicos y se hubiara dado cuenta que estos registros tienen una falsa tradición porque esta zona corresponde a playones comunales llenos de mangle, es decir es un baldío de propiedad de La Nación”.

Según el conocido dirigente cívico, “aquí en Cartagena el cartel de las construcciones falsas es impresionante; están involucrados funcionarios de Planeación, de las Curadurías, de algunas Notarías, de la Oficina de Instrumentos Públicos, de la de Catastro y de algunos Juzgados Municipales, y además está la omision de los alcaldes de las Localidades y varios inspectores de Policía”.

“Ojalá”, agregó, “ahora que la Superintendencia de Notariado y Registro entre a vigilar a las Curadurías Urbanas le meta el diente a estos casos”.

Contexto:

– Entramado para construir edificios sin licencia, mucho más que una trampa mortal – I

Construcción de edificio de seis pisos sin licencia, apenas la punta de un iceberg

– Drásticas sanciones a culpables de tragedia en Blas de Lezo, la unánime petición de todos

– Tragedia en Blas de Lezo destapa existencia de una ‘Curaduría’ fantasma en Cartagena

– Construyen estación de servicio en Bocagrande no obstante estar prohibido explícitamente en el POT

– Gobierno y sociedad civil, a unirse ante el latente riesgo de una avalancha en Cartagena

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