La de Ronald Llamas, la primera de varias capturas por atentados al patrimonio histórico

Si hay algo en lo que han tenido plenas coincidencias el juez Décimo Administrativo de Cartagena, Haisary Castaño Villa, el procurador General Fernando Carrillo Flórez, el exalcalde designado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, el director de la corporación Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar y numerosos constructores locales, es que la expedición de licencias de construcción al proyecto Aquarela por parte del curador urbano número 1 de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, se llevó a cabo violando elementales principios legales y constitucionales (leer ‘“Ronald Llamas violó flagrantemente la Ley”: juez, procurador y Tribunal‘).

Y con ellos coincide plenamente, por lo visto, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien personalmente ordenó la captura del curador Llamas Bustos por haber expedido licencias para la ejecución del cuestionado proyecto urbanístico, que contempla la construcción de cinco torres, cada una de 30 pisos y capacidad de 940 apartamentos, a escasos metros del Castillo de San Felipe de Barajas, “sin tener en cuenta la afectación al patrimonio histórico, cultural y ambiental, que pusieron en riesgo la conservación del Valor Universal Excepcional que sustenta la inscripción de Cartagena en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco”, como señaló una fuente del ente investigador.

Con Llamas fueron capturados igualmente el arquitecto Claudio Restrepo y el también arquitecto y representante legal del proyecto Aquarela, Lucas Tamayo. Este último, con dos empresarios más, había constituido dos sociedades: Promotora Calle 47 y Promotora Rosendal, con el fin de promover sendos proyectos urbanísticos en Medellín y en Cartagena.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Ronald Llamas expedió las licencias al Aquarela violando flagrantemente el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – de Cartagena, y sin medir el impacto real que las obras tendrían en uno de los monumentos que convierte a Cartagena en Patrimonio de la Humanidad, omitiendo de manera grave su deber, amparándose erroneamente en una circular de la Secretaría de Planeación del Distrito y en una Certificación de Vivienda de Interés Social -Certivis – expedida por Corvivienda.

El ente investigador determinó también que los mismos constructores habrían terminado como beneficiarios de la urbanización, “lo que abiertamente quebrantó el espíritu de los programas de interés social de Gobierno Nacional que buscan dignificar las condiciones de vivienda de las personas de escasos recursos”, como aseguró la misma fuente.

Por lo que se conoce del caso, lo que se dice es que en los próximos días habrá nuevas capturas.

Ronald Llamas, también en la mira de la Supernotariado

El pasado 16 de octubre, durante la oficialización de la prórroga del comodato de la administración de los monumentos de la ciudad a la Escuela Taller Cartagena de Indias por parte del Ministerio de Cultura, tanto el entonces alcalde designado Sergio Londoño como el director de la corporación Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar, señalaron que el curador Llamas mintió al decir que fue la Secretaría de Planeación del Distrito la que, mediante una circular, propició la construcción del Aquarela en la entrada del barrio Torices, ya que “la obra fue autorizada por la Curaduría No. 1 de Cartagena, a través de la licencia de construcción otorgada”.

El veedor Reynaldo Tovar y el alcalde (e) Sergio Londoño coincidieron en señalar que el curador Ronald Llamas miente.

Tovar -sin embargo – fue mucho más allá, al pedir a los entes de control que investigaran por qué, cuando una norma tiene vacíos o admite varias interpretaciones, el curador Ronald Llamas suele defender los intereres particulares de inversionistas y urbanizadores y no los generales de los ciudadanos del común, como había ocurrido en el caso Aquarela.

Con Londoño y Tovar, por lo que Revista Metro ha podido conocer, coinciden numerosos constructores de Cartagena.

Durante dos encuentros con altos funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro en los cuales un reportero de este portal estuvo presente, doce constructores locales expresaron su inquietud en similar sentido. “Si uno va donde uno de los curadores: el dos, a preguntar cómo solucionar un impasse cualquiera, cómo interpretar un aparente vacío de la norma, si el POT no permite una construcción cualquiera así lo dice de manera tajante: ‘qué pena, pero no’. Pero si uno va donde el otro curador: el uno, este encuentra siempre cómo dar un salto sobre la norma y sí expide la licencia”, manifestó uno de los asistentes; “averigüe, pa’ que vean”. Y similares frases expresaron los restantes constructores.

“Miren, el caso es que en Cartagena ha habido cualquier cantidad de escándalos por sorpresivas licencias a construcciones al parecer irregulares, o en todo caso cuestionables, y en la inmensa mayoría de ellos ha estado involucrado siempre el mismo curador”, agregó sobre el tema otro de los asistentes; “basta con una investigación, no necesariamente exhaustiva, para darse cuenta de esta situación”.

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