El jueves 9 de junio de 2016, en el Concejo de Cartagena llevó a cabo un debate sobre un hecho que en ese entonces indignaba a muchos sectores ciudadanos: la construcción de seis torres (cinco de 30 pisos y una de seis) en el Paseo Bolívar, en el barrio Torices, a escasos 200 metros de uno de los bienes patrimoniales más importantes de Cartagena: el Castillo de San Felipe de Barajas, un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
En esa oportunidad, el concejal Lewis Montero Polo expresó su inquietud porque fuera a afectarse la visual del invaluable monumento; para el dirigente político, era increíble que a pesar de la evidente inconveniencia de construir varios rascacielos a una cuadra del invaluable monumento las autoridades del momento hayan autorizado su construcción. Por su parte, el concejal Rafael Meza Pérez cuestionó que el Departamento Administrativo de Tránsito y Trasporte -DATT – no haya tenido en cuenta el impacto que habría de generarse en materia de movilidad.
Varios días después: el viernes 17 de junio, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC, Bertha Arnedo Redondo, mediante un oficio dirigido al director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar Wilson-White, manifestó la preocupación de la entidad a su cargo porque, a pesar del rechazo que con justificada razón expresaban amplios sectores ciudadanos, continuaba ejecutándose el cuestionado proyecto urbanístico, denominado ‘Aquarela Multifamiliar’, consistente en un sinnúmero de apartamentos de 46 y 56 metros cuadrados que se construirían en cinco torres en un lote de 11.636 metros cuadrados.
Mediante un oficio dirigido al director de dicha División, Alberto Escovar Wilson-White, Arnedo Redondo informó que el Comité Técnico de Patrimonio de la entidad a su cargo «determinó la latente afectación que podría existir en cuanto al paisaje urbano, por lo que manifiesta el interés de presentar esta inquietud ante su despacho». En la misiva, la directora del IPCC le pidió al funcionario nacional conceptuar sobre el tema «y avanzar conjuntamente en todo lo que pueda contribuir a la protección de nuestro patrimonio».
El hecho es que, a pesar de la oposición ciudadana, el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, había expedido una licencia a la Promotora Call 47 S.A. para desarrollar el proyecto ‘Aquarela’ (leer ‘A pesar de advertencias, construyen torres de 30 pisos a 200 metros del Castillo San Felipe’).
Desoyendo las voces que desde el Concejo, el IPCC y numerosos colectivos ciudadanos se alzaban en defensa de la preservación de los bienes patrimoniales y en prevención de un potencial caos vehicular sobre el tradicional Paseo Bolívar, Llamas Bustos decidió autorizar la construcción de las cinco moles con el argumento de que, como se trataba de viviendas de interés social, había un amparo legal que permitía pasar por encima de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Justamente un año después de haber recibido la carta del IPCC: el pasado 15 de junio, el Ministerio de Cultura, mediante Resolución Número 1709, modificó la Resolución 043 de 1994, ampliando el área de influencia del Castillo de San Felipe. Ahora, en tal área, como lo estable el acto administrativo en su Artículo segundo, «ningún desarrollo urbanístico podrá superar los 10 pisos de altura» (leer ‘Resolución 1709 de junio 15 de 2017’).
En un comunicado de prensa hecho llegar a los medios de comunicación el pasado 3 de septiembre se da a conocer que al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural -Cnpc – y al Ministerio de Cultura les preocupa, respecto del proyecto ‘Aquarela’, «la altura de las nuevas edificaciones y la densidad de su implantación, que alteraría aspectos tales como las visuales vinculadas al bien patrimonial y la movilidad en el sector inmediato, entre otros, y consideran que, si bien no se encuentra situado en la zona de influencia del castillo actualmente definida, afectaría negativamente su entorno, y en consecuencia, estiman inadecuado que sea construido en esa altura».
De acuerdo con fuentes del Ministerio, la Alcaldía de Cartagena ya fue notificada de la decisión, y se busca estudiar la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con los constructores con el propósito de que no sigan construyéndose nuevos pisos. Hasta ayer, la primera torre del complejo urbanístico, de las seis previstas, contaba ya con 16 niveles (leer ‘Se amplía zona de influencia del Castillo San Felipe en Cartagena‘).
«Que las ías investiguen al curador»: RedVer
Para el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia -RedVer, Pablo Bustos Sánchez, los organismos de control deberían investigar la actuación del curador urbano que, en abierta contradicción con el interés general y amparado en una dudosa e inopinada interpretación de la Ley, otorgó licencia de construcción al cuestionado proyecto urbanístico.
Para el reconocido veedor, el otorgamiento de dicha licencia desafió el interés colectivo, ya que se trasgredieron los usos permitidos, se cambió la normatividad y se manipuló el Plan de Ordenamiento Territorial – POT – de Cartagena. «Es un proyecto claramente contrario al interés cultural y arquitectónico y ello debió ser considerado por el curador», recalcó Bustos Sánchez.
Bernardo Rafael Romero Parra
Castillo San Felipe, sin salvaguarda. «Quién se iba imaginar que la majestuosidad arquitectónica y la imponente visual del castillo San Felipe de Barajas como monumento histórico, después de sobrepasar el asedio de corsarios y los embates del tiempo, hoy estuviera empañada por urbanizadores contemporáneos que eligieron terrenos de su contorno para construir, como lo han hecho los propietarios de los centros comerciales de San Lázaro y Mall Plaza, cuyas edificaciones se interponen a las perspectivas del castillo desde ciertos puntos, lo que en el futuro será más grave cuando se culmine la construcción a escasos 200 metros en una evidente proximidad, el proyecto Aquarela multifamiliar-vis que contempla levantar 4 torres de 30 pisos de altura, cada una con 180 apartamentos, 6 por piso, para un total de 720».