Denuncian que Curador No. 1 acomodó a favor de constructores aclaración de Planeación

Para el director de la veeduría ciudadana ‘Transparencia Caribe’, Reynaldo Tovar Carrasquilla, ya es hora de que los entes de control investiguen las razones por las cuales, por regla general, cuando una norma tiene vacíos o admite varias interpretaciones, el curador urbano número uno suele defender los intereres particulares de inversionistas y urbanizadores y no los generales de los ciudadanos del común.

En diálogo con este portal, el dirigente cívico se refirió de manera concreta al caso de ‘Aquarela Multifamiliar’, un proyecto urbanístico que contempla la construcción de cinco torres de más de 30 pisos a escasos metros del Castillo de San Felipe, el cual tiene con los pelos de punta a quienes temen que la afectación que ocasione al emblemático monumento traiga como consecuencia la pérdida de la condición de Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad (leerCuando van construidos 21 pisos, la PGN vio por fin edificio a 200 metros del Castillo San Felipe).

De acuerdo con Tovar Carrasquilla, el curador urbano número uno, Ronald Llamas Bustos, de manera inopinada, acomodó a favor de los dueños del proyecto una aclaración realizada el 10 de diciembre de 2013 por la Secretaría de Planeación del Distrito, cuya esencia es “corregir y aclarar lo dispuesto por la circular 1 de 200, en cuanto a las áreas de cesión para urbanizaciones con desarrollos unifamiliares y aclara lo contenido para multifamiliares”.

“Sospechosamente”, señala el director de ‘Transparencia Caribe’, el curador solo habla de la posibilidad de que por ser viviendas de interés social -VIS – la altura no sea un inconveniente pues, según dice, este tipo de proyectos pueden superar el número de pisos establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT, pero calla lo principal, y es que la aclaración de la Secretaría de Planeación fue sobre todo para lo concerniente a las áreas de cesión, y en eso fue clara la Administración en advertir que los proyectos multifamiliares deberán ceder a título gratuito al Distrito el 40% del área bruta del terreno, algo que el señor Llamas se pasó por la faja” (ver ‘Facsímil de Circular de Aclaración de la Secretaría de Planeación’).

Para Tovar, lo cuestionable es que el curador solo utilice como argumentos a favor de los urbanizadores lo que a estos favorezcan, pero ignore y oculte lo que pueda favorecer a la comunidad.

“En todos los casos, de haber vacíos o alguna duda, los servidores públicos deberían abstenerse de interpretar normas en perjuicio del interés general”, señaló el veedor ciudadano, “y esto no es precisamente lo que hace el señor Llamas”.

Tovar se refirió también a otro hecho que considera grave, y es que “la Comisión Asesora Permanente para el régimen de Construcciones Sismo Resistentes, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conceptuó con meridiana claridad, llamando la atención precisamente de algunas cuestionables actuaciones de la Curaduría Urbana Número Uno, sobre la correcta aplicación de la norma NSR-10 de los títulos J y K contenidas en el Decreto 340 de 2012”.

“Fíjese aquí lo que dijo su momento esta Comisión”, le pidió el veedor a este reportero; “aquí se lo advierten a la Curaduría: ‘en la equivocada interpretación de no exigir dos escaleras para edificios de vivienda de 28 metros no se están siguiendo los principios básicos de seguridad del reglamento NSR 10.”

De acuerdo con la plataforma Midas, la distancia entre el lote del proyecto ‘Aquarela’ y el Castillo de San Felipe es de apenas 170 metros.

“Y por si esto no fuera suficiente”, manifestó, “la Secretaría de Planeación del Distrito advirtió también en su momento que ‘los edificios con altura mayor o igual a 28 metros requieren como mínimo dos escaleras con puerta de salida. Las salidas/escaleras de cada piso deben separarse entre sí, como mínimo a una distancia de un medio de la diagonal mayor del piso a evacuar; en el piso a nivel de la calle, una de las escaleras debe descargar directamente al exterior, la otra puede hacerlo a un hall con rociadores’. Pues vaya a donde están construyendo la primera torre a ver si están cumpliendo esta exigencia”.

“Otra cosa que le quiero decir, pero espero que usted mismo lo verifique”, agregó, “es que, según la plataforma oficial Midas, que utiliza para el cumplimiento de su misión institucional la Secretaría de Planeación, el cuestionado proyecto no está a más de 200 metros del Castillo de San Felipe, sino a 170 metros; repito: mírelo usted mismo”.

Descontrol urbano general

El director de ‘Transparencia Caribe’, Reynaldo Tovar, y el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa.

Sin embargo, para el director de la veeduría ciudadana ‘Transparencia Caribe’, el caso del proyecto ‘Aquarela’ no es el único que debería llamar la atención de los órganos de control “sobre el enorme descontrol urbano que ha habido desde hace muchos años en la ciudad”.

En concepto de Reynaldo Tovar, preocupa que a pesar de que se ha determinado que al menos el 72% de las construcciones en Cartagena son ilegales “y han pasado más de dos meses de la tragedia de Blas de Lezo, la Administración aún no ha presentado un informe de las actuaciones administrativas realizadas y de las sanciones impuestas”.

El dirigente cívico reconoció la labor que vienen desarrollando tanto la Superintendencia de Notariado y Registro como la Procuraduría General de la República, y hoy puede decirse que hay “un desolador panorama, ya que es claro que no solo hay irregularidades cometidas por constructores ilegales, sino que hay construcciones con licencias aprobadas pero que violan la normatividad urbanística vigente, con grave perjuicio para la comunidad, lo cual es más alarmante”.

Al preguntársele si las irregularidades de las que habla han sido puestas en conocimiento de las autoridades, Tovar respondió que “en julio de este año, luego de asistir en Bogotá a una reunión de la Comisión de Moralización, envié una carta a los miembros de esta, acompañada de un extenso acervo probatorio en la cual relaciono todos y cada uno de los casos detectados”.

En el oficio, remitido al presidente Juan Manuel Santos, al procurador Fernando Carrillo Flórez, al fiscal Néstor Humberto Martínez y al contralor Edgardo Maya Villazón, entre otros, el veedor ciudadano sugirió, entre otros hechos, que el curador urbano número uno, Ronald Llamas, ha venido trasgrediendo el orden jurídico y atentando contra los intereses de la sociedad, ya que “en múltiples licencias expedidas (…) ha violado de manera flagrante lo dispuesto en el Decreto 0977 de 2011 (Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias) y lo establecido en la norma NSR-10 de Sismo Resistencia en sus diferentes títulos”, lo cual se constituye en unas “falsedades ideológicas y documentales” en donde Llamas “ha certificado predios con 2 y 3 vías, con el fin de aumentar el porcentaje de construcción, sin ser esto cierto, entre muchas otras irregularidades, como la de dejar en firme resoluciones pasados 2, 3, 4, 5 y hasta 6 meses sin haber interpuesto recursos y da la casualidad que estas mismas resoluciones han sido renovadas por vencimiento de las mismas” (ver ‘Facsímil Carta a Comisión de Moralización’).

Contexto:

 

1 Comment

  1. Las veedurias ciudadanas deben seguir denunciando todos aquellos casos de corrupción, pero por el apetito de la mermelada y sin tener en cuenta el perjuicio que causa a la gente de a pie solamente lo hacen para llenarse los bolsillos.

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