Sí se pudo: suspenden temporalmente obras del Aquarela “por no cumplir las normas”

La Alcaldía distrital, por intermedio de la Inspección de Policía de la Comuna Número Dos de Cartagena, suspendió temporalmente la construcción del edificio Aquarela que se levantaba en el barrio Torices, sobre el Paseo Bolívar del barrio Torices.

La razón del cierre temporal de la polémica obra es, entre otras, el incumplimiento de varias normas urbanísticas por parte de sus constructores.

El anuncio de la decisión administrativa lo hizo el director de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, Héctor Anaya Pérez, quien señaló que “en desarrollo del ‘Plan de Normalización Urbanística de Cartagena’ realizamos el acompañamiento a la inspectora de Policía Elvia Pájaro Montes, haciendo un seguimiento a la obra Aquarela, donde evidenciamos que la construcción no cumple con los aislamientos expedidos en la licencia otorgada por el Curador Número Uno”.

El funcionario reveló -asimismo – que, de acuerdo con el reporte técnico de una de las visitas realizadas al lugar, las obras de construcción del cuestionado edificio posee un Plan de Manejo Ambiental desactualizado, por lo cual el Establecimiento Público Ambiental- EPA – de Cartagena le puso un sello preventivo por el mal manejo de los residuos.

El director de la Oficina de Control Urbano, Héctor Anaya Pérez

“El EPA Cartagena puso un sello preventivo por el mal manejo que le han dado a los escombros y a los materiales de construcción”, informó Anaya Pérez; “tampoco cumplen con el tema de los vertimientos de los residuos, pero además encontramos evidencia de que estaban trabajando de noche con el permiso para laborar en horas nocturnas vencido y no cumplen con la protección que se exige para los predios adyacentes”.

Informó igualmente el director de la Oficina de Control Urbano que la inspectora de Policía de la zona, Elvia Pájaro, aseguró que encontró las razones suficientes para sellar la obra de construcción Aquarela “hasta tanto no se ponga a tono con la normativa urbana vigente para esta zona de la ciudad”, y que, para los efectos pertinentes, “el secretario de Planeación, Irvin Pérez, recibió el reporte de la Inspección de Policía confirmando el cierre temporal de la obra”.

Como se sabe, el llamado ‘Plan de Normalización Urbanística del Distrito de Cartagena’, que se ejecuta bajo la propia dirección del alcalde encargado del Distrito, Sergio Londoño Zurek con el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría General de Nación, consiste en el desarrollo coordinado de acciones de vigilancia y control a las construcciones que se adelantan en las tres Localidades de la capital de Bolívar, y busca, en esencia, fortalecer el control urbanístico en la ciudad ejerciendo una mayor y más efectiva supervisión.

La decisión de la Alcaldía se tomó luego de que la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, pidiera a las autoridades distritales detener de manera temporal la construcción del cuestionado proyecto urbanístico con el fin de evitar que continuara agravándose la afectación sobre el Castillo de San Felipe de Barajas, localizado a escasos 200 metros del lugar donde se proyecta el levantamiento de cinco torres de más de 30 pisos.

En esa oportunidad, la ministra anunció la instauración de una acción popular con el fin de que se declare judicialmente la suspensión definitiva de las cuestionadas obras, por vulnerar de manera grosera “los derechos colectivos protegidos por el artículo 88 de la Constitución Política” al causar un grave e irreversible daño a un bien de interés cultural del ámbito nacional y patrimonio de la humanidad.

De manera concreta, el Ministerio pidió suspender los efectos de la circular 10 de 2013 de la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena en lo que concierne al caso en cuestión; declarar la nulidad de las licencias de construcción otorgadas al proyecto por el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas Bustos; y decretar la suspensión de las obras que se adelantan a escasos metros del emblemático monumento causando indignación en amplios sectores ciudadanos (leer ‘Mincultura pide suspender obras del Aquarela para que no se vulneren derechos colectivos).

Quejas y denuncias

Al tiempo que las autoridades del Distrito comenzaron a tomar acciones administrativas con el fin de evitar, como dijo la ministra de Cultura, “que continuara agravándose la afectación sobre el Castillo de San Felipe”, varios colectivos ciudadanos decidieron pasar del mero ejercicio de control social a impetrar acciones judiciales con el fin de que se investiguen las acciones de varios servidores públicos.

De acuerdo con lo que este portal ha podido establecer, varias organizaciones cívicas, entre ellas la veeduría ciudadana Transparencia Caribe y la Corporación Cartagena Visible -CCV, consideran que los órganos de control deberán establecer las razones por las cuales el curador urbano número uno, Ronald Llamas Bustos, “a pesar de que la Secretaría de Planeación del Distrito del 10 de diciembre de 2013 es clara en determinar que los proyectos multifamiliares de Viviendas de Interés Social deberán ceder a título gratuito al Distrito el 40% del área bruta del terreno (ver ‘Facsímil de Circular de Aclaración de la Secretaría de Planeación’)“, decidió darle una acomodada interpretación a dicha circular diciendo que “a los proyectos de construcción (unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar) no se les exige áreas de cesión al Distrito” (leer ‘Carta Respuesta del Curador Llamas‘), como informó a Revista Metro el director de Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla.

“Corvivienda deberá establecer también si todos los que compraron apartamentos en el Aquarela son en realidad merecedores de los beneficios que implican las viviendas de interés social o, como se dice, muchos lo que hicieron fue una inversión, ya que poseen otras propiedades”, señaló por su parte uno de los miembros de la CCV.

“Hay un caso muy particular”, indicó la misma fuente, quien por haber tenido vínculos contractuales con la Secretaría de Planeación del Distrito prefirió que no se revelara su nombre; “sé que el director del Comité de Patrimonio, Alfonso Cabrera, dijo en su momento que la zona donde se iban a levantar las torres es R-B, y que su altura son cuatro piso, pero esto no lo tuvo en cuenta Ronald Llamas en su resolución sino que, habilidosamente, extrajo lo que le pareció que apoyaba al proyecto porque no estaba en la zona de influencia del Castillo de San Felipe, cosa que es discutible, ya que por lo menos es claro que sí está en la zona ética, moral y de responsabilidad con una ciudad con la importancia de Cartagena”.
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A dicha fuente, que es arquitecto y ha participado en varios proyectos urbanísticos, le parece grave que, violando groseramente la Ley, “no se haya designado un supervisor técnico para la obra, cuando es obligatorio para toda obra con más de tres mil metros cuadrados de construcción”. “Créame que es grave que un arquitecto cumpla la triple función de proyectista, constructor responsable y supervisor técnico de una obra tan grande”, recalcó tras señalar que la torre levantada solo tiene 18 parqueaderos; “se dirá que van a construir una torre solo para parqueaderos, pero léase la norma para que vea lo que establece sobre este tipo de proyectos”.
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