Por Agustín Leal Jerez *
Los Planes Especiales de Manejo y Protección -Pemp – fueron estatuidos en Colombia, mediante la Ley 1185 de 2008, como un instrumento de gestión para garantizar las acciones necesarias para la protección, la conservación y la sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural -BIC – o de aquellos cuya naturaleza amerite que deban declararse como tales.
Pero a través del reglamento, se le han ido adhiriendo atribuciones, hasta el punto de, casi vaciar de contenido, las facultades constitucionales de los concejos distritales y municipales, en materia de ordenamiento territorial y clasificación del uso del suelo.
El Plan de Ordenamiento Territorial -POT – del Distrito de Cartagena, expedido en el año 2001, implementó un modelo de ocupación del territorio, que con sus defectos, ha funcionado hasta la fecha.
Pero vemos ahora que, sin el grado de participación ciudadana que tiene un Plan de Ordenamiento Territorial para su expedición, que pasa por instancias de concertación, consulta y socialización; y que, además, debe ser debatido en los Concejos municipales o distritales, con la exigencia perentoria de un cabildo abierto. El PEMP del Centro Histórico y su área de Influencia, que se ha publicitado y ‘socializado’, cambia por completo el modelo de ocupación del territorio, de casi el 50% de la ciudad en materia de extensión, y el 60% en materia de actividades comerciales, industriales, dotacionales y de servicio.
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Sin discusión alguna, los PEMP, pueden reglamentar usos del suelo y tratamientos urbanísticos, pero de manera casuística, en tanto, tengan que ver los impactos de las actividades del modelo de ocupación sobre los bienes de interés cultural.
Pero en el presente caso, el PEMP del Centro Histórico y su área de Influencia, prácticamente es un nuevo ordenamiento territorial:
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En esta grafica del modelo de ocupación que trae el PEMP propuesto, se pueden observar los usos, tratamientos del suelo, instrumentos de gestión y la nueva delimitación del área de influencia del Centro Histórico, que abarca los barrios de Marbella, El Espinal, Torices, Pie del Cerro, Manga y el barrio de Bocagrande, hasta la calle 10 con carrera 4.
Pero hay algo nuevo. En el Documento Técnico de Soporte de este PEMP, publicado en la página web, se manifiesta que existe otro PEMP, el Plan Especial de Manejo y Protección del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias, que está en proceso de adopción; o sea que ya completó todas las demás etapas(Que alguien me informe si lo conoce o sabe de él), en donde se hace una reglamentación parecida, pero del suelo Suburbano: Zona Norte, Barú y Tierrabomba (¿Qué opinarán las comunidades negras y raizales de la zona? )
El truco es sencillo: como los PEMP son de superior jerarquía normativa que los Planes de Ordenamiento Territorial, una vez los expida el Ministerio de Cultura son vinculantes y se aplican de preferencia a lo ordenado en los POT.
Así de esa forma, la ciudad quedaría partida a la mitad, con dos modelos de ocupación: el de los PMP y el del POT de 2001, para aquellos lugares del territorio distrital que no fueron objeto de reglamentación por medio de estos instrumentos ya enumerados, porque todos sabemos las dificultades políticas, técnicas y jurídicas para que Cartagena tenga un nuevo POT en la Administración Dau.
Pero ahora veamos las consecuencias jurídicas, técnicas y prácticas de no integrar estos instrumentos de planeación del territorio en un solo cuerpo normativo.
a) Se exacerbaría la desigualdad territorial entre las dos Cartagenas, la Localidad Histórica y de la Bahía, contaría con los suficientes instrumentos de gestión para modernizar su estructura urbana, tales como los Planes Integrales de Desarrollo: de Marbella, Chambacú, El Espinal, Mall Plaza, Manga ( Antigua Electrificadora) y los planes de renovación urbana de: Manga, Pie del Cerro, Pie de la Popa y Bocagrande
b) Los usos del suelo y las actividades están nomenclados de forma diferente a los establecidas en el POT vigente y sería muy difícil establecer una tabla de equivalencia; lo que resultaría en privilegios para unas zonas y otras no.
c) Los instrumentos de gestión impulsarían una redensificación de la Localidad No. 1, lo ejercería una presión muy fuerte sobre la movilidad de la ciudad, porque como ya lo hemos expresado en otras columnas, esta Localidad, abarca el 70% de toda la mano de obra de la ciudad y el 60% de las actividades comerciales, industriales, dotacionales y de servicios. Para que esta densificación se pueda ejecutar, se requiere una revisión integral del POT, donde se establezcan nuevas centralidades que descongestionen el Centro Histórico y el resto de la Localidad No.1
Adicionalmente, dentro del modelo propuesto por el PEMP, se require hacer unos ajustes normativos para evitar traumatismos en el desrrolo urbano de la ciudad. Por ejemplo, el tratamiento de conservacion urbanistica, que tienen gran parte del barrio de Manga y de la Base naval, deben ser precisados predio a predio, a fin de no restringir el desarrollo de aquellos inmuebles que carezcan en absoluto de valor arquitectonico y contextual. Para el caso de la Base Naval, con los tratamiento que tiene de renocacion urbana de reactivacion, la zona de color fucsia y de conservacion urbanistica, la de color mostaza claro, lo que se pretende es petrificar ese esperpento, de tener un cuartel militar en una zona de incalculable valor turisitco y recreacional. Todo este predio debe ser de renovacion urbana en la modalidad de redesarrollo para que se reubique la base militar.
En todas las zonas de influencia del Centro Histórico se deben precisar predio a predio sus densidades y usos para evitar lo que propone el PEMP, de establecer unos rangos de índice de construcción que van de 0.70 a 5.0, dependiendo del concepto de la autoridad respectiva. Lo mismo con la mayoría de los usos comerciales y dotacionales que se encuentran restringidos, previo a concepto favorable de la autoridad del caso. Esto, simplemente es, música para los oídos de la corrupción.
Por último, la Administración debe exhibir el proyecto de acto administrativo, a través del cual se vaya a expedir el PEMP, porque en el DTS no se pueden analizar los aspectos normativos.
En este acto administrativo deben quedar las competencias claras del Ministerio de Cultura y el Distrito en materia de autorizaciones de intervención urbanística y régimen de sanciones por faltas al orden urbanístico.
En Mompox, donde hemos sido llamados como asesor, por cuenta de la ampliación del área de influencia del Centro Histórico, la mayoría de los predios del Distrito de Mompox deben recurrir al Ministerio de Cultura para cualquier intervención o cualquier uso del suelo. Existen gentes humildes que no han podido reparar, ampliar o modificar sus viviendas porque no tienen recursos para hacer los trámites en Bogotá.
Que no nos pase lo mismo.
Amigos y ciudadanos, tomemos a Cartagena en serio.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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