Una veintena de jóvenes profesionales, convencidos de que la crisis que padece Cartagena por múltiples causas debe obligarlos a todos a pasar de la mera indignación a la acción, constituyeron el colectivo ‘Control Visible’ y se dispusieron a ejercer responsablemente su recién estrenada ciudadanía.
Lo primero que hicieron fue organizarse y establecer responsabilidades acordes con las profesiones y especialidades de cada uno, y escoger un Comité Ejecutivo que finalmente quedó integrado por el abogado Jair Baleta Iriarte, el administrador de empresas Wilis Ruíz Díaz, el contador público Fabián Barraza Aparicio, el abogado y administrador de empresas Edgardo Ayola Trespalacios y el administrador público Julio Ruíz Hernández.
Después decidieron que la principal tarea del colectivo será «hacer seguimiento y evaluación anualmente a la labor de las Contralorías, las Procuradurías y la Fiscalía con jurisdicción en la capital de Bolívar, así como de la Personería, con el fin de que la ciudadanía conozca de manera oportuna, responsable, veraz y transparente los resultados de los organismos de control en relación con su función preventiva y sancionatoria», como informó su principal vocero: Jair Baleta.
Más tarde acordaron también ejercer seguimiento, control y vigilancia a la gestión de la Gobernación de Bolívar y a las distintas Alcaldías, entre ellas, en primer lugar, Cartagena, así como a las empresas prestadoras de servicios públicos e instituciones descentralizadas del orden nacional con presencia en la Ciudad Heroica, «en el marco del ejercicio de un control responsable pero decidido, buscando que no nos confundan con las mal llamadas veedurías ciudadanas que desafortunadamente han desviado su razón de ser», como también dijo Baleta.
Y justamente fue en ese marco, luego del desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo que causó 21 muertos y 22 heridos, que tomaron la decisión de instaurar una acción popular contra el Distrito de Cartagena «con el fin de que sean protegidos los derechos constitucionales colectivos a la seguridad y salubridad públicas; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes», como se indica en la misma.
Para el vocero del colectivo ‘Control Visible’, lo sustancial es que el Distrito ordene en el término de la distancia «impedir que se sigan construyendo edificios que no cuenten con licencia de construcción y no cumplan con los requisitos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito y las distintas normas urbanísticas».
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