Por Daniel Flórez-Muñoz *
El debate público sobre la seguridad en Colombia suele reducirse a una pregunta equivocada: ¿más guerra o más paz? Sin embargo, la realidad del conflicto armado contemporáneo demuestra que esa dicotomía resulta bastante engañosa. La evidencia permite afirmar que existen, al menos, tres políticas públicas diferentes, aunque profundamente interconectadas: la política de paz, la política de seguridad y la política de lucha contra las economías ilícitas. Confundirlas ha llevado a diagnósticos equivocados y, en consecuencia, a respuestas estatales parciales que terminan agudizando algunos problemas por querer resolver indebidamente otros.
Partamos de un diagnóstico de contexto. El próximo gobierno recibirá un país en el que la mayoría de los principales grupos armados ilegales han tenido un fortalecimiento desde el 2018 en dimensiones militares, económicas, políticas y, en varios casos, ideológicas. El mapa del conflicto ya no responde a una sola organización insurgente dominante, sino a una constelación de actores con capacidades, intereses y niveles de cohesión distintos, que disputan simultáneamente territorios, rentas ilegales y formas de gobernanza local.
Por ejemplo, el Ejército Gaitanista de Colombia -EGC – constituye hoy el actor armado más robusto del país. Con aproximadamente 9.915 integrantes y presencia en cerca de 292 municipios, combina una estructura federal con una importante capacidad de coordinación estratégica. Según el informe de Conflict Responses, es el grupo que más se ha fortalecido en todas las dimensiones: militar, organizacional, económica, política e ideológica. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional -ELN – cuenta con cerca de 6.877 integrantes y ejerce influencia en 217 municipios. Su organización federada le otorga una considerable autonomía regional, mientras mantiene una comandancia nacional. Sus economías ilícitas se concentran en narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro. Aunque perdió una estructura regional, mantiene estabilidad ideológica y continúa fortaleciéndose en términos militares, económicos y políticos.
Las disidencias de las antiguas FARC evidencian un fenómeno diferente: fragmentación sin debilitamiento general. El Estado Mayor Central -EMC – registra alrededor de 4.176 integrantes con presencia en 131 municipios, mientras el Estado Mayor de Bloques y Frentes -EMBF – alcanza 2.837 integrantes en 104 municipios. Ambos obtienen recursos del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la deforestación. La división interna ocurrida en 2024 redujo su cohesión organizacional, pero no impidió que conservaran e incluso ampliaran capacidades militares y económicas. La escisión produjo la aparición de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano -CN-EB-, con 2.144 integrantes distribuidos en 42 municipios, mientras la Segunda Marquetalia, con aproximadamente 573 integrantes en 21 municipios, aparece como la estructura más debilitada tras sus fracturas internas.
Junto a estos actores nacionales sobreviven organizaciones regionales con capacidad significativa de violencia, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con 594 integrantes en 22 municipios, y los Comuneros del Sur con cerca de 251 integrantes y presencia en 14 municipios, cuya importancia estratégica supera ampliamente su tamaño debido al control territorial localizado que ejercen.
Teniendo claro el contexto es posible avanzar en la distinción de las tres políticas públicas anteriormente señaladas: la de paz, la de seguridad y la lucha contra cultivos ilícitos. La política de paz busca reducir la violencia mediante negociaciones, sometimientos, desmovilizaciones o reincorporaciones. Su objetivo principal consiste en disminuir la intensidad del conflicto y facilitar la transición hacia escenarios de legalidad. Su éxito no puede medirse únicamente por el número de diálogos abiertos, sino por la reducción efectiva de las capacidades armadas y la protección de la población civil.
Por su parte, la política de seguridad, por su parte, tiene una finalidad distinta: proteger a la población, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y limitar la capacidad operativa de los grupos armados mediante inteligencia, presencia institucional y operaciones militares. Incrementar los combates puede producir resultados tácticos importantes, pero, un mayor número de enfrentamientos no necesariamente detiene el crecimiento estructural de estas organizaciones.
Finalmente, la política contra las economías ilícitas constituye un tercer componente autónomo, aunque profundamente relacionado con la paz y la seguridad. Combatir los cultivos ilícitos, la minería ilegal o las cadenas del narcotráfico resulta indispensable, pero no equivale automáticamente a una política de seguridad.
Las economías ilegales financian a los grupos armados, pero estos también ejercen control social, regulan mercados, administran justicia informal y producen formas de gobernanza criminal que sobreviven incluso cuando determinadas rentas disminuyen. Por ello, atacar únicamente las fuentes económicas sin recuperar institucionalmente los territorios suele generar desplazamientos de las actividades ilegales más que su eliminación definitiva.
En ese orden de ideas, y siguiendo el informe de Conflict Responses, es posible destacar cinco importantes tesis que la evidencia nacional parece probar: Primero, el incremento de operaciones militares no ha impedido el fortalecimiento de los grupos armados. Segundo, la lucha contra las economías ilícitas no puede confundirse con una política integral de seguridad. Tercero, el control territorial requiere procesos prolongados de consolidación estatal y no únicamente presencia militar. Cuarto, la política de seguridad debe orientarse prioritariamente hacia la protección de la población civil e incorporar indicadores sobre gobernanza criminal y reclutamiento de menores. Finalmente, quinto, fortalecer la Fuerza Pública exige mayores capacidades tecnológicas, inteligencia estratégica y modernización operativa.
El verdadero desafío para el próximo gobierno consistirá, entonces, en abandonar las falsas dicotomías. Colombia no necesita escoger entre paz o seguridad, ni entre negociación o combate. Requiere una estrategia integral donde la política de paz reduzca incentivos para la violencia, la política de seguridad recupere efectivamente el control estatal sobre los territorios y la política contra las economías ilícitas desmantele las bases financieras del crimen organizado.
Tratar estas tres dimensiones como si fueran una sola política conduce inevitablemente a diagnósticos incompletos y, en consecuencia, a soluciones insuficientes para uno de los problemas más complejos que enfrenta el Estado colombiano.
* Director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Bolívar y Sucre; abogado de la Universidad de Cartagena; especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Clacso-Flacso; certificado en Estudios Afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard; magister en Derecho por la Universidad de Cartagena; docente investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena.
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