Por Daniel Florez-Muñoz *
En el centro del debate político colombiano contemporáneo -atravesado por discusiones sobre reformas sociales, redistribución fiscal y el papel del Estado – subyace una pregunta más profunda que rara vez se formula de manera explícita: ¿hemos empezado a aceptar, e incluso a justificar, la desigualdad como una condición normal e inevitable de nuestra vida colectiva? Más aún, ¿hemos llegado a “elegirla” en la práctica, aun cuando nuestros principios constitucionales proclaman la igualdad y la dignidad humana como fundamentos del orden jurídico?
La paradoja es evidente. Colombia cuenta con un robusto andamiaje normativo que reconoce derechos sociales, promueve la igualdad material y establece deberes de solidaridad. Sin embargo, en la esfera pública se consolida progresivamente un discurso que cuestiona -cuando no deslegitima abiertamente – las políticas orientadas a reducir las brechas sociales.
Sectores políticos activos han construido narrativas que presentan la protección social no como una obligación estatal, sino como un privilegio indebido. Incluso, se ha llegado a instalar en la opinión pública expresiones tales como “el pobre es pobre porque quiere”. Bajo esta lógica, los beneficiarios de programas sociales son retratados como sujetos que abusan del sistema, mientras que la pobreza se asocia a prácticas ilegítimas o incluso delictivas.
Este fenómeno no puede entenderse únicamente en términos ideológicos o económicos; responde, más bien, a una transformación más profunda en los vínculos sociales. La creciente desconfianza hacia el “otro” -especialmente hacia quienes habitan en condiciones de vulnerabilidad – ha erosionado las bases mismas de la solidaridad.
En este contexto, la desigualdad deja de percibirse como un problema colectivo y comienza a asumirse como un mecanismo de protección: una barrera simbólica que separa a quienes “cumplen” de quienes “dependen”, y a los “productivos” de los “asistidos”. Así, la desigualdad no solo se tolera, sino que en ciertos casos se desea.
Para los estudios sociológicos contemporáneos ninguna política de igualdad puede sostenerse sin un mínimo de fraternidad social. La redistribución no es simplemente un mecanismo técnico; es, ante todo, una decisión moral que presupone la capacidad de reconocernos en el otro, incluso -y especialmente – cuando ese otro es distante, desconocido o distinto.
Sin este vínculo elemental, las políticas públicas orientadas a la equidad están condenadas a enfrentar resistencias crecientes y a perder legitimidad.
El debate político colombiano actual parece moverse en una tensión no resuelta entre dos modelos de sociedad. De un lado, una concepción que entiende la igualdad como un mandato constitucional que exige intervención estatal, solidaridad y redistribución. De otro, una visión que privilegia la autosuficiencia individual, desconfía de la acción estatal y tiende a moralizar la desigualdad.
Lo preocupante no es la existencia de esta tensión -propia de toda democracia-, sino el progresivo debilitamiento de los lazos sociales que hacen posible tramitarla de manera constructiva.
Si la desigualdad se convierte en una elección, legitimada por el miedo y la desconfianza, el riesgo no es únicamente económico, sino profundamente democrático. Una sociedad que deja de reconocerse como comunidad de destino difícilmente puede sostener un proyecto común.
En este sentido, el desafío que enfrenta Colombia no es solo el diseño de mejores políticas públicas, sino la reconstrucción de un sentido básico de comunidad que permita, nuevamente, desear la igualdad como un bien compartido y no como una carga indeseable.
* Director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Bolívar y Sucre; abogado de la Universidad de Cartagena; especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Clacso-Flacso; certificado en Estudios Afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard; magister en Derecho por la Universidad de Cartagena; docente investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena.
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