Lo exige el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz. Tras un recorrido por el lugar donde se desplomó un edificio en construcción dejando hasta el momento 20 obreros muertos y 23 heridos, el mandatario de los bolivarenses manifestó, indignado, que «debemos capturar cuanto antes a los asesinos que pusieron esta trampa mortal; no puede pasar un solo día más sin que veamos capturados a estos mal llamados empresarios que asesinaron a estas personas. Les pedimos a los organismos de investigación que deben dar hoy mismo con el paradero de estos criminales».
Lo ha pedido el alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez. Desde el mismo instante en que supo que las obras se adelantaban amparadas en una licencia falsa, el mandatario de los cartageneros expresó que «quienes creyeron engañar a la ciudad con ese documento ilegal se equivocaron», ya que deberán «pagar ante las autoridades». Y ayer, el burgomaestre lamentó que, tras el desastre, «los primeros desaparecidos hayan sido los responsables de la tragedia», advirtiendo tajantemente que «iremos tras ellos».
Lo reclaman a las autoridades, al unísono, los 19 concejales del Distrito. Durante la sesión de ayer, durante la cual el común denominador fueron las expresiones de solidaridad con las víctimas de la tragedia, el cabildo en pleno solicitó la separación inmediata del cargo de los funcionarios que por acción u omisión propiciaron el desplome de la construcción en Blas de Lezo, con el fin de que enfrenten las investigaciones que los organismos de control han abierto sin la posibilidad de interferirlas. En el caso de la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, Patricia Zapata Negrete, los cabildantes fueron más allá, al pedirle a la funcionaria que renuncie a su cargo y, de no hacerlo, que el alcalde proceda entonces a destituirla, ya que Zapata «además, es una ineficiente e incapaz», como expresó el presidente de la corporación edilicia, Lewis Montero Polo, para quien «lo que sucedió no debió haber pasado, y ocurrió porque estamos rodeados de funcionarios mediocres».
Lo reclaman a gritos decenas de ciudadanos a través de las redes sociales. Para la mayoría de quienes han opinado sobre el tema en Twitter, Facebook e Instagram, principalmente, nada explica que en un lugar donde lo máximo que permiten las normas es la construcción de un edificio de cuatro pisos, y eventualmente un altillo adicional, se haya levantado una obra de más de seis niveles, con la evidente intención de construir varios más, sin que absolutamente ningún servicior público se haya percatado. Al margen de qué funcionario, por delegación del alcalde, tiene la responsabilidad de controlar la construcción de estas obras, nada justifica que ningún funcionario de la Alcaldía local, ni de la Secretaría de Planeación, ni de la División de Control Urbano, ni de la Inspección de Policía, como tampoco ningún edil ni veedor, haya visto que se estaban violando flagrantemente el Plan de Ordenamiento Territorial y claras normas urbanísticas.
Y lo han dispuesto los distintos órganos de control. La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió indagación preliminar contra el alcalde Manolo Duque por el desplome del edifico en el barrio Blas de Lezo, y fijó un plazo de cinco días para la práctica de pruebas. Con el fin de establecer la eventual responsabilidad del mandatario en la penosa tragedia, el Ministerio Público le solicitó un reporte de las acciones adelantadas por su Administración para evitar la construcción de obras ilegales en la ciudad, teniendo en cuenta que, según el órgano de control, Duque admitió estar enterado de la existencia de estas en una entrevista radial.
También la Fiscalía anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar las causas que provocaron la tragedia y establecer las correspondientes responsabilidades. De acuerdo con fuentes del ente investigador, un grupo interdisciplinario integrado por un ingeniero, un arquitecto y un topógrafo, bajo la dirección del subdirector seccional de la Policía Judicial de Bolívar, apoyado por miembros de la Sijín, se encargará de compilar las pruebas que permitan esclarecer los hechos.
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Laura
Ese lote lo deben confiscar y venderlo para de una manera restituir a los familiares de los fallecidos una indemnización, ya que ahora ya se perdieron los principales culpables
Aprovechar que el lote no se puede ir y desaparecer como si lo hicieron sus dueños