La Superintendencia de Sociedades avanzó en el proceso de intervención judicial contra la Asociación Mutual para Profesionales de la Fuerza e Infantes de Marina –AsomuFFAA – al vincular a José Guillermo Orozco Amaya, primer agente especial designado por la Supersolidaria para el diagnóstico de la entidad, y a la revisora fiscal Jackeline Valderrama Quintero.
De acuerdo con lo que pudo conocer Revista Metro, también figuran entre los vinculados Samuel Castillo, exdirector financiero, y Nayib Tapia Lián, segundo agente especial de dicha cooperativa.
Este paso, aunque tardío según los denunciantes, constituye un avance concreto en un caso que -como ha venido reseñando este portal – ha dejado a miles de familias de expolicías y exmilitares sin sus ahorros.
Como se debería recordar, el origen del drama se remonta a agosto de 2023, cuando la Supersolidaria, bajo la dirección de la activista María José Navarro Muñoz, durante el gobierno de Gustavo Petro, ordenó la toma de posesión de AsomuFFAA con el argumento de que en esta entidad se venían cometiendo supuestas irregularidades administrativas y financieras.
Pese a la intervención, inopinadamente, la captación masiva no autorizada de recursos continuó durante meses, según denuncias de la congresista Jennifer Pedraza. Los fondos, prometidos con rendimientos de entre 3% y 6% mensual, terminaron desviados o perdidos, con estimaciones de afectados que superan los $160 mil millones y más de cuatro mil familias impactadas.
Como debería recordarse igualmente, Revista Metro ha venido documentando el caso (leer ‘Fracaso en la intervención de Asomuffaa: miles de familias perdieron sus ahorros bajo la vigilancia del Estado‘ y ‘Caso Asomuffaa, uno de los fraudes financieros más graves en la historia reciente del país, en manos de activistas‘), calificándolo como uno de los fraudes financieros más graves de la historia reciente del país y señalando que la intervención estatal no solo no protegió los ahorros, sino que coincidió con su desaparición, algo similar a lo sucedido con la intervención a las EPS, que -como terminaron por aseverar tanto la Procuraduría como la Contraloría – resultó ser peor que la enfermedad.
Pedraza y los expolicías y exmilitares afectados han insistido en la responsabilidad política y administrativa de la Navarro Muñoz y ha exhortado a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría a investigar a fondo el caso. En principio, la vinculación de los agentes designados por la Supersolidaria confirma que las responsabilidades no se limitan a los operadores originales del esquema, sino que alcanzan a quienes ejercieron funciones de dirección, administración y control bajo el amparo del Estado.
Miles de asociados, en su mayoría profesionales de las Fuerzas Armadas y la Infantería de Marina, confiaron sus ahorros de toda una vida en una entidad vigilada por el Estado. Hoy reclaman no solo la recuperación de sus recursos, sino que los hechos ocurridos durante las intervenciones -incluyendo posibles omisiones, autorizaciones de captación y falta de controles – sean debidamente investigados y judicializados. La celeridad solicitada a la Superintendencia de Sociedades por los afectados es indispensable para evitar que el tiempo consolide la impunidad.
El hecho es que, como han coincidido en advertir veedores ciudadanos, analistas y otros actores civiles, no basta con vincular a los agentes de base. Los presuntos delitos cometidos o tolerados durante las fallidas intervenciones ordenadas por el gobierno Petro, tanto en el sector solidario como en el de la salud, deben ser procesados en todos los niveles de responsabilidad.
El hecho es que, como manifestara el veedor ciudadano David López Romero durante un evento convocado por la Corporación Cartagena Visible, la corrupción y el abuso del poder, cuando se ejercen desde las instituciones encargadas de proteger el ahorro de los ciudadanos o de proteger el sistema de salud, no pueden quedar impunes.
«Solo la condena efectiva de quienes, por acción u omisión, permitieron o agravaron la pérdida de los recursos de familias de expolicías y exmilitares y agravaron la crisis de la salud por razones ideológicas o, peor aún, por notorios hechos de corrupción, devolverá algo de confianza en el Estado y hará justicia a las víctimas», señaló por su parte el director de Capacitación de la CCV Luis de Arco Paternina
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