En la noche de ayer martes, el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron, con textos idénticos, la Ley de Sometimiento presentada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
En el Senado la votación final fue de 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara, de 95 a favor y 10 en contra.
Con ello se cerró el trámite legislativo a contrarreloj, con lo cual la iniciativa quedó lista para sanción presidencial a partir de hoy miércoles.
De acuerdo con lo que se ha podido establecer, la nueva norma deroga elementos centrales de la Ley 2272 de 2022, que dio base jurídica a la llamada ‘Paz Total‘ del gobierno de Gustavo Petro, y establece un marco en el cual los integrantes de grupos armados ilegales y estructuras criminales solo pueden acogerse a la justicia ordinaria, sin reconocimiento político ni mesas de negociación.
El articulado fija beneficios penales estrictamente condicionados: rebajas de hasta el 50% de la pena para integrantes de base y de hasta el 30% para cabecillas, con una condena mínima de 10 años en el caso de estos últimos.
Los beneficios exigen aportes verificables a la verdad, a la reparación de las víctimas y al desmantelamiento de la organización, incluida la entrega total de bienes ilícitos sin devolución alguna de recursos.
No habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradición, ni existirán gestores de paz, ni se crearán zonas de distensión ni centros de retención especiales, como sí ocurrió durante el gobierno anterior con las nefastas consecuencias que aún hoy se están padeciendo. Asimismo, quedan excluidos los delincuentes que hayan participado en el reclutamiento de menores.
La libertad condicional tiene un límite de seis años y la vigencia de la norma es de cuatro años. Cualquier incumplimiento determina la expulsión inmediata del beneficio y el retorno a la justicia ordinaria, sin atenuantes.
Así, por lo visto, las diferencias con la política del gobierno anterior es de fondo. La ‘Paz Total‘ de Gustavo Petro abrió diálogos simultáneos con guerrillas, disidencias y bandas; otorgó en innumerables casos suspensión de órdenes de captura a reconocidos delincuentes; destinó recursos millonarios a negociadores y permitió que, según datos oficiales citados por el Ejecutivo y la Fundación Ideas para la Paz, el número de integrantes de grupos armados pasara de alrededor de 15 mil a finales de 2022 a cerca de 28.800 en 2026.
Como bien lo sabe la opinión pública, el resultado de la ‘Paz Total‘ fue el fortalecimiento territorial de las estructuras, el aumento de la violencia en varias regiones y la percepción de que el Estado negociaba condiciones con quienes debían someterse a la Ley.
Por el contrario, la nueva norma invierte esa lógica: el Estado fija unilateralmente las condiciones de sometimiento y los delincuentes las aceptan o enfrentan la acción militar y judicial plena, sin estatus político ni contraprestaciones previas.
Como se recalcó anoche durante el correspondiente debate, el principio que hoy subyace es elemental y, al mismo tiempo, el que más se había erosionado: son los delincuentes quienes deben someterse a la Justicia y al imperio de la Ley, no el Estado el que se acomode a las exigencias de quienes ejerzan la violencia armada.
Durante el cuatrienio anterior -como salta a la vista – esa inversión produjo graves consecuencias: expansión de cultivos ilícitos y de economías criminales, debilitamiento de la autoridad estatal en territorios claves y un desgaste institucional que el actual gobierno ha calificado abiertamente como «falsa paz«. En resumen, la aprobación de esta Ley restablece, al menos en el plano normativo, la primacía del ordenamiento jurídico sobre la negociación política con los grupos grupos criminales.
Tras conocer los resultados de las correspondientes votaciones en el Congreso, el presidente De la Espriella celebró el resultado con la frase «la falsa paz total llegó a su fin», tras lo cual agradeció a los congresistas por fortalecer -como dijo – la justicia y la seguridad.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, subrayó que el texto es «sólido» y «absolutamente fuerte contra el crimen», sin negociación ni suspensiones de órdenes.
Para el análisis cabe agregar que los congresistas del Pacto Histórico intentaron dilatar los respectivos trámites con recusaciones y proposiciones de archivo, pero no lograron romper el quórum ni alterar el texto.
Ahora corresponde al Ejecutivo sancionar la norma -lo que, según se dice, sucederá hoy mismo -y comenzar su implementación, mientras las operaciones militares continúan sin pausa.
Así, como coinciden en manifestar diversos analistas, el país dispone -por fin – de un instrumento legal que prioriza el sometimiento de los criminales a la autoridad del Estado y no la cesión de esa autoridad a cambio de promesas de paz que, como quedó demostrado, en el anterior cuatrienio no se materializaron.
.
