Por Daniel Florez-Muñoz *
Pensar la seguridad y la convivencia en el Caribe supone pensar también la forma en la que los territorios se inscriben al interior de las dinámicas de las economías ilícitas, las cuales posibilitan el afianzamiento y actividad de estructuras criminales.
Dentro de estas dinámicas, aquellas asociadas con el narcotráfico ocupan un lugar estructural, no solo por la rentabilidad y cruel grado de disputa de las zonas de cultivos, corredores y puntos de extracción, sino, fundamentalmente, porque la logística asociada con este tipo de dinámicas económicas demanda diferentes tipos de violencias paralelas y acciones criminales que terminan generando un efecto irradiador sobre las más variadas dimensiones de la sociedad civil.
El reciente estudio de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (octubre, 2026) sobre la revitalización de las rutas del Caribe para el tráfico de cocaína hacia Europa presenta un preocupante diagnóstico.
Para Bolívar, sus conclusiones deberían encender todas las alarmas y corroboran algunas ideas que desde la academia hemos venidos sosteniendo en diferentes espacios.
Durante demasiado tiempo hemos tendido a pensar los problemas de seguridad del Departamento de manera fragmentada. El Sur de Bolívar se analiza desde los cultivos ilícitos, la minería ilegal y el conflicto armado; los Montes de María desde sus problemas históricos de seguridad y desarrollo; Cartagena desde el crimen urbano, el puerto y las economías ilegales asociadas a su condición turística y marítima.
Sin embargo, esa separación administrativa corresponde cada vez menos con la realidad criminal. La criminalidad ya conectó esos territorios. El Sur de Bolívar es uno de los principales enclaves productivos que abastecen las rutas del narcotráfico en el Caribe colombiano. En 2023 registraba 10.583 hectáreas de coca, frente a 6.145 en 2017.
No estamos, por tanto, ante una economía marginal o estática. Se trata de un territorio integrado a una cadena mucho más extensa de producción, transformación, circulación y exportación de cocaína.
Pero la cifra más preocupante quizá no sea esa. En el Sur de Bolívar confluyen actualmente el Ejército Gaitanista de Colombia, el ELN y estructuras disidentes de las antiguas FARC, que disputan no solamente la economía de la coca, sino también la minería ilegal y los corredores estratégicos que comunican esta región con el Caribe y otras zonas del país.
El problema deja entonces de ser exclusivamente una cuestión de cultivos ilícitos. Estamos ante organizaciones que compiten por controlar territorio, población, rentas y movilidad. Y es allí donde surge el punto clave para comprender la realidad que atraviesa el Departamento. Desde municipios como Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití, Cantagallo y Morales parten por lo menos cinco rutas de tráfico hacia la costa Caribe. La cocaína puede movilizarse inicialmente mediante motocicletas, canoas e incluso animales de carga hasta alcanzar corredores terrestres y fluviales mucho más amplios.
Una de esas rutas utiliza precisamente el Río Magdalena para conectar el Sur de Bolívar con los puertos comerciales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Chalupas, embarcaciones pesqueras y planchones empleados para actividades económicas ordinarias pueden insertarse en esas cadenas de transporte.
Otra conexión llega hasta Cartagena atravesando La Mojana, San Onofre y los Montes de María. Adicionalmente, existen corredores que, aprovechando el sistema de ciénagas y la conexión de los Ríos Cauca y Magdalena, alcanzan Calamar, Mahates, Arjona, Turbana y finalmente llegan a Cartagena.
Desde allí los cargamentos pueden incorporarse al tráfico portuario o utilizar puntos alternativos de salida. Esta geografía obliga a abandonar una idea peligrosa, aquella que entiende que el problema del narcotráfico pertenece al sur remoto del Departamento mientras Cartagena enfrenta una agenda de seguridad completamente distinta.
Claramente este tipo de comprensión no corresponde a la realidad, y mientras no se asuma con seriedad no se podrá avanzar en la superación de los problemas de seguridad que hoy afectan la capital del departamento.
Entre la coca sembrada en el Sur de Bolívar y el cargamento que intenta alcanzar los mercados internacionales existe una cadena territorial consolidada. Y buena parte de esa cadena atraviesa nuestro Departamento.
El Caribe colombiano se ha revitalizado durante la última década como corredor estratégico hacia Europa gracias a sus ventajas geográficas, su infraestructura portuaria y la multiplicidad de puntos de salida marítima.
El tráfico marítimo constituye hoy una modalidad central de comercialización y combina puertos formales, puertos naturales y puntos informales utilizados por organizaciones criminales articuladas con redes transnacionales. Cartagena ocupa inevitablemente un triste lugar central en esta ecuación.
Su extraordinaria conectividad marítima, que constituye una de las mayores ventajas económicas y logísticas de la ciudad, también genera oportunidades que las redes criminales intentan explotar. Ese es precisamente uno de los dilemas contemporáneos de las ciudades portuarias, la misma infraestructura que conecta legalmente los territorios con la economía global puede ser aprovechada por organizaciones capaces de infiltrarse en cadenas logísticas legales.
Por eso sería un error medir nuestra respuesta exclusivamente por toneladas incautadas, capturas realizadas u operaciones ejecutadas. Las incautaciones son indispensables, pero no constituyen por sí mismas una política contra la criminalidad organizada.
El narcotráfico contemporáneo no es simplemente transporte clandestino de cocaína, estamos frente a una estructura de gobernanza, logística, corrupción, control territorial, intermediación económica y conexión transnacional.
Pero hay algo aún más delicado en todo este panorama: resulta que las comunidades costeras e insulares pueden terminar incorporándose a las redes de tráfico debido a la exclusión histórica, la debilidad de las economías legales y la limitada presencia institucional.
Por esa razón, es necesario combinar seguridad, desarrollo económico y fortalecimiento estatal. Aquí aparece el verdadero desafío para Bolívar y Cartagena. Necesitamos pensar el Departamento como una sola geografía de seguridad y desarrollo.
No puede existir una política para el Sur de Bolívar desconectada de una política para el Magdalena Medio; una estrategia para los Montes de María separada de los corredores que llegan desde La Mojana; una política de seguridad de Cartagena ajena a las dinámicas portuarias; ni una estrategia contra el narcotráfico que ignore la minería ilegal, la extorsión, el lavado de activos y las formas de gobernanza criminal que permiten financiar y proteger esas economías.
La respuesta institucional debería comenzar por construir inteligencia territorial integrada. Gobernación, Alcaldías, Fuerza Pública, Fiscalía, academia, autoridades portuarias, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Armada, Policía, organismos de inteligencia y sector privado necesitan compartir una lectura común de corredores, nodos logísticos, actores, flujos financieros y transformaciones territoriales.
También necesitamos aumentar significativamente las capacidades tecnológicas de vigilancia sobre carreteras, ríos, puertos y puntos de embarque alternativos. Pero ninguna tecnología reemplazará el segundo componente indispensable: la necesidad de recuperar institucionalmente los territorios en los cuales la criminalidad ejerce funciones económicas, regulatorias o sociales.
Donde el Estado solamente llega con operativos ocasionales, otros terminan gobernando. Por eso la respuesta tiene que incluir presencia judicial, infraestructura, vías, educación, oportunidades productivas, formalización económica y servicios públicos.
La seguridad y el desarrollo no son agendas competidoras; todo lo contrario. Frente a estructuras criminales que gobiernan territorios, constituyen dimensiones de una misma estrategia.
Bolívar enfrenta, además, una circunstancia excepcional. Pocos departamentos colombianos condensan de manera tan clara los distintos eslabones de esta economía ilegal. Este departamento tiene territorios productores, corredores fluviales, vías terrestres, zonas costeras, comunidades insulares y uno de los sistemas portuarios más importantes del continente.
Esa condición representa una vulnerabilidad, pero también debería convertirse en una oportunidad para construir un modelo innovador de política pública contra la macrocriminalidad. Ser el laboratorio nacional e internacional en la lucha contra la macrocriminalidad.
Mientras nuestras instituciones sigan observando por separado lo que las organizaciones criminales administran como una sola red, continuaremos reaccionando detrás de ellas.
La delincuencia organizada ya entendió la geografía de Bolívar, ahora corresponde que el Estado haga lo mismo desde una política coherente e integral de seguridad, inteligencia y desarrollo.
* Abogado de la Universidad de Cartagena; especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Clacso-Flacso; certificado en Estudios Afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard; magister en Derecho por la Universidad de Cartagena; docente investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena; exdirector territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Bolívar y Sucre.
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