Por Jorge Lequerica Araujo *
La Región Caribe debe liderar su propia transformación energética. Solo con trabajo en equipo, recursos propios y decisión política regional se podrá corregir la debilidad estructural del sistema eléctrico que más golpea a la Costa.
La crisis energética que enfrenta el Caribe colombiano no es un problema coyuntural. Es el resultado de décadas de un modelo que no reconoció las condiciones climáticas permanentes de la región, la alta dependencia de la generación térmica en épocas de sequía y la concentración del 40% de la pobreza energética y del 92% de la subnormalidad eléctrica del país.
Las Resoluciones CREG 101 126 y 101 127 de 2026, expedidas en el marco del fenómeno de El Niño, evidenciaron una vez más esa desconexión: impusieron metas de ahorro y recargos sin diferenciar zonas de calor extremo e humedad permanente, donde el uso de aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad básica.
Ante este panorama, la respuesta no puede seguir dependiendo exclusivamente de Bogotá. La solución debe nacer y ejecutarse desde el territorio. Esa es la tesis central que hoy plantea la Región Administrativa y de Planificación -RAP – Caribe a través del Plan Caribe Energético, una hoja de ruta construida entre enero y junio de 2026 con 49 iniciativas concretas organizadas en seis líneas estratégicas: generación y abastecimiento, almacenamiento, transmisión y distribución, sostenibilidad del servicio, energía para la competitividad y gobernanza territorial.
La visión es ambiciosa y clara: al 2036 el Caribe debe contar con 14 GW de capacidad instalada (52% solar, 18% eólica y 28% gas natural offshore), suficiente no solo para abastecer su propia demanda, sino para exportar excedentes y convertirse en el hub energético de Colombia.
El liderazgo debe ser regional y concreto. Para que este plan no se quede en el papel, cada departamento y cada ciudad principal de la región tiene que asumir un rol activo de liderazgo, aportar recursos financieros y trabajar de manera coordinada a través de la RAP Caribe.
Atlántico y Barranquilla deben consolidarse como el centro de estructuración financiera y de atracción de inversión privada, aprovechando su músculo institucional y empresarial.
Bolívar y Cartagena tienen la responsabilidad de liderar la demanda jurídica y regulatoria (como ya lo hizo el alcalde Dumek Turbay con la demanda de nulidad) y de impulsar proyectos de techos solares y comunidades energéticas en una de las ciudades con mayor consumo por climatización.
Córdoba y Montería pueden convertirse en el epicentro de los grandes proyectos solares y de la articulación con el sector agroindustrial.
Cesar y Valledupar, junto con La Guajira y Riohacha, deben encabezar el desarrollo eólico y solar de gran escala, así como los modelos de comunidades energéticas en zonas rurales y étnicas.
Magdalena y Santa Marta, y Sucre y Sincelejo, tienen la tarea de cerrar brechas de subnormalidad eléctrica y de modernizar sus redes de distribución.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina deben ser incluidos de manera efectiva en la estrategia de energías renovables y resiliencia.
Ninguno de estos territorios puede actuar por separado. La RAP Caribe es el vehículo natural de coordinación. Solo a través de ella es posible presentar un frente unido ante el Gobierno Nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, la Unidad de Planeación Minero – Energética -UPME – y los inversionistas, negociar un trato diferencial por zona climática, estructurar un Fondo Regional de Garantías y diseñar paquetes de proyectos bancables.
Recursos financieros propios: la condición indispensable
El liderazgo regional no se agota en la vocería política. Debe traducirse en aportes concretos de recursos. Las Gobernaciones y las principales ciudades tienen que destinar partidas de sus presupuestos, de regalías y de cooperación internacional para capitalizar un Fondo de Garantías y Blended Finance (financiamiento mixto) del Caribe.
Ese fondo, administrado o coordinado por la RAP, sería el instrumento que permita reducir el riesgo percibido por el sector privado y atraer la inversión que se requiere en generación renovable, almacenamiento, refuerzos de red y proyectos de techos solares masivos, esquemas tipo ESCO (empresas de servicios energéticos; siglas de Energy Service Company) y Comunidades Energéticas.
Sin recursos regionales de contrapartida, los incentivos tributarios nacionales (Ley 1715 del 2014 y 2099 del 2021) y los mecanismos de Asociación Público-Privada -APP – perderán fuerza.
El sector privado necesita señales claras de compromiso territorial: que la Región no solo pide, sino que pone.
Tres modelos que el Caribe puede escalar ya
- Techos solares masivos (Programa Colombia Solar y complementos regionales): kits de 1,5 a 3 kWp en viviendas de estratos 1, 2 y 3 y pequeños comercios, con subsidio público y participación privada en la instalación y el mantenimiento.
- APP de servicios energéticos (ESCO): empresas privadas financian e instalan sistemas solares o de eficiencia en conjuntos residenciales, edificios públicos e industrias, recuperando la inversión a través del ahorro garantizado.
- Comunidades Energéticas: grupos de vecinos, juntas de acción comunal o asociaciones que se registran ante el Ministerio de Minas, generan de forma colectiva y reducen la factura de manera solidaria.
Estos tres modelos permiten que el sector privado sea el ejecutor principal, mientras la región aporta focalización, garantías y recursos de cierre.
La hora de la decisión
El Caribe no puede seguir esperando que las soluciones lleguen solo desde el centro del país. Tiene el recurso solar y eólico más potente de Colombia, concentra la mayor parte de la pobreza energética y sufre de manera desproporcionada cada fenómeno de El Niño.
Tiene, además, una institución regional -la RAP Caribe – ya consolidada y un Plan Energético concertado.
Lo que falta es voluntad política territorial: que los siete gobernadores y los alcaldes de las principales ciudades decidan ejercer liderazgo real, trabajen en equipo a través de la RAP y destinen recursos financieros propios.
Solo así el Plan Caribe Energético dejará de ser una hoja de ruta y se convertirá en la transformación que la región necesita y que el país requiere para su seguridad energética.
La responsabilidad, hoy más que nunca, está en manos del Caribe.
* Economista y administrador de Empresas; exconcejal de Cartagena, exdirector del Departamento Administrativo de Valorización Distrital y exsecretario de Participación Ciudadana y Comunitaria.
.
