
Por Carlos Ardila González *
En escasos cuatro días, el dirigente de Izquierda, excongresista de la República y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro culminará su periodo como presidente de Colombia, y, en medio del optimismo de unos y el pesimismo de otros (como de manera comprensible sucede en cada cambio de gobierno), empezará el mandato del líder del movimiento Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella, de clara tendencia de Derecha.

Cómo se sabe, el llamado «gobierno del cambio» que llegó al poder en agosto de 2022 con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la transformación de las prácticas políticas tradicionales, termina su cuatrienio marcado por una sucesión de investigaciones, denuncias y escándalos que involucran a altos funcionarios, exfuncionarios y personas del círculo más cercano al saliente presidente.
Para diversos analistas y medios de comunicación, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -Ungrd – se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Nacional, al destaparse un entramado de sobrecostos, desvío de recursos públicos y pago de sobornos para obtener apoyos políticos en el Congreso.
Las investigaciones alcanzaron a exdirectivos de la entidad, exministros y otros altos funcionarios de la época, entre ellos el máximo líder de la Alianza Verde y exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien fue imputado por la Fiscalía y señalado de haber participado en la coordinación del esquema descubierto.
A ese caso se sumaron otros graves hechos que también golpearon el corazón del Ejecutivo, como el protagonizado por Laura Sarabia, una de las colaboradoras más cercanas al presidente durante buena parte de su mandato, por el caso de una exempleada doméstica contra quien usaron de forma ilegal mecanismos de inteligencia, a pesar de lo cual Sarabia fue ‘premiada’ con la permanencia en el gobierno en otros cargos, hasta cuando Petro la «castigó», como socarronamente dijo, enviándola al Reino Unido como embajadora de Colombia.
Y como el caso del gerente de la campaña presidencial y luego presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien no solo enfrenta un proceso por violación de topes de financiación durante la campaña de 2022 sino, además, por un presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento, a pesar de lo cual tuvo siempre el respaldo del jefe de Estado.
Y como el caso que vincula a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, por presuntamente gestionar beneficios jurídicos y asilos para delincuentes y narcotraficantes a cambio de sobornos.
Y como el proceso que cursa contra Nicolás Petro, hijo del presidente, por el presunto ingreso de recursos irregulares a la campaña presidencial, con gran parte de los cuales se habría quedado el exdiputado, de acuerdo con pruebas y testimonios aportados a la Fiscalía.
Y como muchos otros casos que ha reseñado la prensa, tanto nacional como internacional, a lo largo del cuatrienio que termina, sobre todo en las últimas semanas, cuando han surgido nuevos hechos que, como era de esperarse, han suscitado todo tipo de debates entre quienes consideran que la Casa de Nariño se convirtió, por acción y omisión de su inquilino, en una verdadera ‘cueva de Rolando’, y quienes insisten en decir que todo es un invento de la oposición.
Entre esos hechos sobresalen, por sus singulares características, los relativos a Juliana Guerrero, una joven muy cercana al presidente que es señalada por tráfico de influencias, falsificación de documentos y cobros irregulares para gestionar proyectos públicos. Y aunque han sido unos casos que provocaron fuertes críticas, incluso dentro de sectores de la propia Izquierda, hasta el último instante Petro la ha respaldado, como la apoyan aún conmilitones y aduladores de este a lo largo del país.
Y resaltan también las denuncias de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez sobre presuntas presiones, amenazas y hechos irregulares en decisiones administrativas, afirmaciones que, como también eran de esperar, son rechazadas tanto por el mandatario saliente como por sus seguidores.
Como se deberá recordar, entre las más graves afirmaciones públicas de Rodríguez está que la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la Casa de Nariño, no habría sido un suicidio, como en su momento dictaminaron las autoridades, sino un plan montado desde la Casa de Nariño para silenciarlo tras el escándalo de las interceptaciones ilegales ligadas a Laura Sarabia
Y, además, están los hechos en la Aeronáutica Civil -Aerocivil – que giran en torno de nombramientos irregulares y tráfico de influencias de la joven de escasos 20 años, Gabriela Muñoz Olaya, quien, gracias a una inquietante cercanía con Gustavo Petro, habría propiciado al menos la vinculación contractual de familiares y allegados con la entidad.
Pero descollan aún más las graves revelaciones periodísticas sobre unos audios atribuidos a una excolaboradora de Verónica Alcocer, la más reciente esposa de Gustavo Petro, cuyo contenido permite inferir presuntos manejos irregulares de recursos y tráfico de influencias.
En conjunto, estos expedientes, para un sector de la opinión pública, han deteriorado la imagen de un gobierno que -como se ha dicho – había convertido la lucha contra la corrupción en una de sus principales banderas.
Para otro sector -sin embargo – como también se ha dicho, todos estos hechos hacen parte de un intento de la Derecha colombiana por imponer la narrativa de que el primer gobierno de Izquierda en el país fue sin duda corrupto.
El caso es que la acumulación de estos episodios, al menos para innumerables analistas, veedores y ciudadanos del común, como se aprecia en redes y corrillos, permite sostener que el fantasma de la corrupción terminó ensombreciendo la recta final del gobierno de Petro.
Así, mientras las investigaciones prosiguen (algunas, por lo visto, a paso de tortuga), el balance de los cuatro años del saliente Ejecutivo queda inevitablemente marcado por escándalos de corrupción que involucran a figuras de la mayor confianza del presidente Petro, aunque este, y sus admiradores, insistan en que se trata de un perverso infundio.
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* Director de Revista Metro
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