Colombia ha sufrido un preocupante descenso en el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC – 2025, según el informe global presentado este martes por Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional. El país obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100, lo que representa una caída de dos puntos frente al resultado de 2024 (39 puntos) y lo aleja aún más del máximo de 40 puntos alcanzado en 2023.
Este puntaje sitúa a la nación en el puesto 99 entre 182 países, descendiendo siete posiciones en el ranking global en tan solo un año, lo que evidencia un deterioro persistente en la confianza ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos.
El informe resalta que Colombia se encuentra ahora por debajo del promedio regional de las Américas, que se sitúa en 42 puntos. Mientras naciones como Canadá (75), Uruguay (73) y Chile (63) lideran la transparencia en el continente, el país se estanca en el grupo de naciones con «serios problemas de corrupción», apenas superando por escaso margen a vecinos como Argentina (36) y Brasil (35). Según analistas de Transparencia por Colombia, este resultado refleja la incapacidad del Estado para consolidar una tendencia de mejora y subraya la fragilidad de las instituciones frente a un fenómeno que la ciudadanía ya percibe como una amenaza superior al desempleo o el narcotráfico.
La caída en la medición se atribuye, en gran parte, a la brecha entre las promesas de cambio del actual Gobierno y los escándalos de corrupción que han marcado la agenda pública. La falta de una política pública anticorrupción integral y la percepción de un liderazgo fragmentado han profundizado el escepticismo (leer ‘De ministros a prófugos: el entramado de corrupción que rodea a Gustavo Petro‘).
Esta situación también la evidencia los datos del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, al indicar que el desempeño del presidente Gustavo Petro en disminuir la corrupción en 2025 fue el peor entre 16 funciones evaluadas de su gobierno, logrando solamente una calificación de 33/100.
La persistencia de escándalos de corrupción en el Gobierno Nacional, sumada a la ausencia de una política pública anticorrupción robusta y sostenida, ha profundizado el escepticismo y la desconfianza frente a la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno de manera estructural. Según la encuesta Invamer de junio de 2025, el 83% de las personas encuestadas considera que la corrupción está empeorando en Colombia, un aumento de 23 puntos porcentuales frente a agosto de 2022, cuando el 60% compartía esta percepción.
El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández Montes, advirtió que «Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos y una oportunidad histórica para exigir cambios de fondo», y resaltó que «el próximo gobierno deberá demostrar, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real, con acciones concretas, liderazgo ético y una visión de largo plazo que permita recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un país más justo y transparente».
Un factor de especial alarma es el contexto electoral de 2026. El IPC 2025 llega en un momento de alto riesgo de abuso de recursos públicos, donde la desarticulación entre los órganos de control (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) podría facilitar irregularidades en la financiación de campañas.
El reporte señala que los sectores de defensa, justicia, educación y salud siguen siendo los más vulnerables, con billones de pesos en riesgo de ser desviados. Esta situación no solo impacta las finanzas estatales, sino que afecta directamente a los sectores más pobres, especialmente a la infancia, que representa una parte significativa de las víctimas de estos desvíos.
Así, de acuerdo con el informe de Transparencia por Colombia, los aspirantes a cargos de elección popular deberán presentar propuestas serias y coherentes que trasciendan el discurso de campaña y -sobre todo – que sean ejecutadas con coherencia, es decir, que atiendan los distintos hechos sin considerar que los protagonistas sean cercanos o no al gobierno de turno.
Con 37 puntos, Colombia queda en una posición crítica que exige una reingeniería profunda de sus sistemas de integridad para evitar que la corrupción continúe devorando el bienestar de los colombianos. Por ello, de acuerdo con expertos, la lucha contra la corrupción no puede seguir siendo una respuesta reactiva ante el escándalo de turno; requiere de un compromiso estratégico del Estado que fortalezca la transparencia en la contratación y garantice la protección de los denunciantes.
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