Un nuevo y profundo escándalo sacude las bases del gobierno del presidente Gustavo Petro tras la revelación de una serie de audios, hasta ayer inéditos, publicados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
Las grabaciones ponen al descubierto los polémicos e irregulares inicios de las negociaciones del Gobierno Nacional con las principales organizaciones criminales del país, dejando en evidencia los compromisos adquiridos a puerta cerrada.
La investigación periodística desata una tormenta política sin precedentes al mostrar los niveles de permisividad y los polémicos ofrecimientos puestos sobre la mesa para avanzar en los acercamientos con estas estructuras dedicadas al narcotráfico.
En el centro del registro magnético se escucha con total claridad al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ofreciendo beneficios de gran calado al Clan del Golfo a cambio de su vinculación a la denominada política de paz.
De acuerdo con el material periodístico, Rueda se comprometió explícitamente a realizar una purga interna de oficiales dentro de la Fuerza Pública, así como a frenar de forma deliberada los operativos militares en los territorios de influencia de dicha organización, lo cual expone una alarmante alteración de los deberes constitucionales del Estado en materia de orden público.
El registro sonoro detalla -asimismo – otros compromisos igual de graves, como la orden específica de detener de manera inmediata los bombardeos aéreos contra los campamentos de esta estructura criminal.
Como si fuera poco, los audios revelan que el entonces comisionado de paz ofreció frenar los procesos de extradición hacia los Estados Unidos de los máximos comandantes del Clan del Golfo.
De acuerdo con lo que coinciden en manifestar diversos analistas, este paquete de beneficios, pactado al margen de la Ley, representa un desmantelamiento por parte del actual gobierno de las herramientas judiciales y operativas con las que el país ha combatido históricamente al crimen organizado.
Como advierten desde diversos actores, más allá de constituir un grave hecho de corrupción que las autoridades competentes deberán esclarecer con celeridad, los hallazgos de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol configuran un flagrante caso de entrega de la soberanía colombiana a las mafias del país.
Ceder el control institucional, desarmar la capacidad de respuesta militar y frenar la cooperación judicial internacional a cambio de prebendas criminales vulnera la seguridad nacional de manera directa, se dice en redes, corrillos y medios de comunicación.
De comprobarse judicialmente la autenticidad y el alcance de estas grabaciones -se advirtió – los involucrados en el criminal entramado deberán ser objeto de una condena ejemplar que siente un contundente precedente sobre los límites inquebrantables de la institucionalidad.
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