“Quienes sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”: Joseph Stiglitz
Por Amylkar Acosta Medina *
La seguridad energética constituye uno de los pilares fundamentales para la estabilidad económica, la competitividad empresarial y el bienestar social de cualquier nación. En el caso colombiano, diversos indicadores sugieren la creciente probabilidad de enfrentar, en un horizonte relativamente cercano, restricciones tanto en el suministro de energía eléctrica como de gas natural.
El fantasma del apagón nos vuelve a rondar, después de 33 años de la calamidad que padeció el país entre los años 1992 y 1993 a un costo para la economía de US$1.000 millones, aproximadamente.
Se estima que, de repetirse le significaría pérdidas entre $175 mil millones $204 mil millones, a una rata de $600 mil millones diarios. Y si se prolonga podría costar entre 1.5% y 1.7% del PIB anual!
Según el reporte de XM, el pico de demanda de energía que se está registrando, debido a la elevadas temperaturas, es de 261.9 GWHD, que contrasta con la Oferta de Energía Firme -OEF-, que solo alcanzaría a cubrir hasta el 90%. Tanto más en cuanto con la demanda de energía está disparada, según el más reciente reporte, el del mes de mayo, la demanda creció en promedio a nivel nacional el 8.8% y en la Región Caribe en particular el 13.3% (¡!).
La conclusión es preocupante, porque en condiciones de hidrología crítica, bajo aporte a los embalses, como los que se esperan con el Super Niño y sin llegar el nivel de estos al 80% solicitado por XM, le daría la razón al ministro Palma cuando habló de la inminencia del racionamiento!
Lo propio está sucediendo con el gas natural. Como es bien sabido desde diciembre de 2024 se están importando volúmenes crecientes del mismo para cubrir el déficit que acusa la producción doméstica, que se ha reducido hasta los 789 MMPCD en contraste con la demanda de 1.000 MMCD y así garantizar el cubrimiento de la demanda esencial. A estas alturas los volúmenes de gas importado participan con el 32% de la oferta y se prevé que hacia el 2029 llegue hasta el 56% y sólo hacia el 2030 se aspira que se atenúe con la declaratoria de comercialidad del gas de SIRUS.
La concurrencia de ambas situaciones configura un escenario de vulnerabilidad sistémica sin precedentes recientes para el país, con el agravante de que los usuarios de la electricidad y del gas natural estarán expuestos a unos incrementos no menores al 20% de las tarifas de ambos, afectadas por los incrementos de los precios internacionales de los hidrocarburos a consecuencia del conflicto en el Medio Oriente. Tradicionalmente, la planeación energética colombiana se ha sustentado en la complementariedad entre sus recursos hídricos, que soportan la mayor parte de la generación eléctrica, y el gas natural, que además de atender la demanda residencial, comercial e industrial, constituye el principal combustible de respaldo para la generación termoeléctrica.
Sin embargo, en los últimos años se han acumulado factores de riesgo que afectan simultáneamente ambos sistemas. En el sector eléctrico, la creciente estrechez entre oferta y demanda obedece a la combinación de varios elementos: el retraso en la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, las dificultades asociadas al licenciamiento ambiental y a los procesos de consulta previa, la mayor incertidumbre climática derivada del cambio climático y el crecimiento sostenido de la demanda. Esta situación reduce los márgenes de confiabilidad del sistema y aumenta la exposición a eventos hidrológicos extremos, como el Super Niño que ya se consolida.
Por su parte, el mercado de gas natural enfrenta una tendencia estructural de la caída de las reservas y de la producción nacional como consecuencia de la declinación natural de los campos maduros y de la insuficiente incorporación de nuevas reservas. Ello ha conducido a una creciente dependencia de las importaciones para atender la demanda interna, particularmente en períodos de alta exigencia del sistema. Esta circunstancia no solo incrementa los costos de abastecimiento, sino que también expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales.
La simultaneidad de estos riesgos reviste especial gravedad debido a la estrecha interdependencia existente entre ambos sectores. Una eventual falta den disponibilidad de gas natural comprometería la capacidad de generación de las plantas termoeléctricas llamadas a respaldar el sistema durante episodios de baja hidrología. Y a ello estamos abocados debido a las limitaciones en la capacidad de importar los crecientes volúmenes requeridos, ya que la única regasificadora con la que se cuenta está operando al límite de su capacidad. De igual manera, restricciones en la Oferta de Energía Firme -OEF – podrían afectar procesos productivos e infraestructura crítica vinculada al transporte, procesamiento y distribución de gas. En consecuencia, el análisis de la seguridad energética nacional exige una visión integrada que supere el tratamiento sectorial tradicional al cual estamos acostumbrados.
Desde la perspectiva de la política pública, resulta indispensable distinguir entre medidas estructurales de largo plazo y acciones de carácter inmediato orientadas a reducir los riesgos en el corto y mediano plazo.
Entre estas últimas cabe destacar:
Primero, destrabar y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de generación, transmisión y transporte de gas mediante mecanismos institucionales que permitan superar los cuellos de botella regulatorios, ambientales y administrativos que hoy afectan su desarrollo.
Segundo, preservar las señales económicas necesarias para garantizar la disponibilidad y sostenibilidad financiera de los activos de generación térmica, cuya función resulta esencial para la confiabilidad del sistema eléctrico.
De allí la urgencia de que el Gobierno Nacional se ponga al día con el giro de los más de $2 billones que le adeuda a las empresas comercializadoras de energía por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 causados. Como también la imperiosa necesidad de que la Superintendencia salga de su marasmo, de su negligencia y falta de diligencia para solventar, inyectarle liquidez y facilitarle el flujo de caja a la intervenida Air-e, en lugar anuncios pirotécnicos como el del Presidente Gustavo Petro de su liquidación.
De darse esta sería un salto al vacío y resultaría peor el remedio que la enfermedad, toda vez que se le estaría poniendo conejo a sus acreedores, especialmente a las empresas generadoras ya que así como la intervención con fines de administración en septiembre de 2024 tuvo un efecto suspensivo sobre sus obligaciones que sobrepasaban los $500 mil millones, esta vez se repetiría, con el agravante de que esta vez la deuda acumulada desde que la Superintendencia tomó posesión de la misma es cinco veces mayor, $2.5 billones. La mora y el incumplimiento de su pago podría llevar al efecto dominó que anticipó XM y al apagón financiero de toda la cadena, como lo advirtieron los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría, poniendo en entredicho la continuidad en la prestación del servicio.
Tercero, promover programas intensivos de gestión eficiente de la demanda, tanto de energía eléctrica como de gas natural, especialmente en los segmentos de mayor consumo.
Cuarto, facilitar la incorporación de nueva oferta de gas natural mediante la reanudación y agilización de nuevos proyectos exploratorios y de desarrollo de reservas, sin descartar la utilización de la técnica del fracking 6.0, así como la optimización de la infraestructura existente de transporte y almacenamiento.
Quinto, fortalecer la capacidad de importación de gas y la flexibilidad operativa del sistema, con el fin de reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones o déficits temporales de producción nacional.
Y Sexto, consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre las autoridades energéticas, los organismos reguladores, los operadores de los sistemas y los agentes del mercado para identificar tempranamente riesgos de abastecimiento y adoptar medidas preventivas.
Hemos propuesto, además, varias medidas inmediatas, que son inaplazables, tendientes a morigerar el impacto del racionamiento de energía y hacerlo más llevadero, entre otras: adelantar la hora de la jornada laboral y lectiva, como ya se hizo con ocasión del apagón que tuvo lugar entre los años 1992 y 1993 y así aprovechar la luz solar y de paso trasladar la demanda desde la franja crítica de la tarde-noche hacia las primeras horas del día.
En la misma dirección, mediante la tarifaria horaria diferencial, dispuesta por la CREG, incentivar el desplazamiento del consumo de energía desde las horas ‘pico’ a las horas ‘valle’, mediante menores tarifas. Poner en práctica una iniciativa, con el sugestivo eslogan “apagar paga”, que puso en práctica el Gobierno Santos para incentivar el ahorro de energía y castigar los excesos remunerando en $450 el primero y con un recargo del mismo orden el segundo, para conjurar el riesgo de racionamiento ante la amenaza de El Niño que asoló al país entre los años 2015 – 2016.
La experiencia internacional demuestra que las crisis energéticas suelen ser el resultado de decisiones aplazadas durante largos períodos y no de eventos inesperados, en este sentido el Super Niño sería sólo el detonante del temido apagón. En tal sentido, la situación actual debe interpretarse como una señal de alerta que exige respuestas rápidas, oportunas y fundamentadas en criterios técnicos. La preservación de la seguridad energética de Colombia demanda una combinación equilibrada de pragmatismo regulatorio, certidumbre para la inversión y planeación de largo plazo. Actuar con anticipación resulta considerablemente menos costoso que gestionar las consecuencias económicas y sociales derivadas de eventuales racionamientos.
* Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas –ACCE; expresidente del Congreso de la República; exministro de Minas y Energía; exdirector de la Región Administrativa y de Planificación –RAP – de la Región Caribe.
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