Por Carlos Ardila González *
El pasado viernes 3 de octubre, varios medios de comunicación revelaron que contratistas del Ministerio de Salud habían denunciado presiones para que asistieran a la llamada ‘Movilización por la dignidad y la democracia‘ programada para ese día en Ibagué (leer ‘Piden fotos como evidencia de asistencia a marcha de Petro en Ibagué, según denuncia de contratista del MinSalud‘).
Un día después, otros medios, con abundantes fotos y videos, mostraron cómo antes de la manifestación convocada por el Gobierno Nacional, «centenares de buses intermunicipales, pertenecientes a empresas como Cootransfusa y Cointrasur, además de vehículos de transporte especial, ingresaron masivamente a la ciudad con personas provenientes de Bogotá, municipios de Cundinamarca y poblaciones del sur del Tolima» (leer ‘Cerca de 80 buses llegaron a Ibagué para el tarimazo de Petro‘).
Lo que fuentes estrictamente confidenciales aseguran es que detrás de ambos hechos está el nombre del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, tras haber sido concejal de Armero, alcalde de Ibagué, diputado y gobernador del Tolima (en dos oportunidades) y senador de la República, no ha dejado de ser -en la práctica – un todopoderoso jefe político de la región (leer ‘Los escándalos, cada vez más ruidosos, que salpican al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo‘).
Pero estos recientes casos no son los únicos que mantienen al político tolimense en el ‘ojo del huracán‘ y, consecuencialmente, en la lupa de vastos sectores de la opinión pública.
En una documentada nota, el portal La Silla Vacía reveló que «el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está tratando de zafarse de un lío y en el camino está armando otro. El funcionario tiene embargado su sueldo y un apartamento por una deuda de $1.200 millones que tiene la campaña al Senado del Pacto Histórico de 2022, que él gerenció, con la Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi. Por ese trabajo cobró más de $100 millones en 2022″ (leer »Sálvese quien pueda: Jaramillo enreda aún más cuentas de campañas del Pacto y de Petro‘).
Días antes se había conocido que la Corte Suprema de Justicia estableció -en un documento de 237 páginas – que las directivas de la pasada campaña del Pacto Histórico al Senado le habrían mentido al Consejo Nacional Electoral y, más grave aún: habrían cometido irregularidades en materia financiera que comprometen directamente al entonces gerente de dicha campaña. Y, sí: ya se sabe que el nuevo encartado es el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo (leer ‘Corte Suprema halló información falsa en reportes de gastos de campaña del Pacto Histórico al Senado‘).
El hecho es que la siguiente frase, contenida en una nota periodística publicada el pasado 26 de mayo, puede repetirse otra vez sin cambiar una coma: «Los ‘ruidos’ por presuntos hechos de corrupción que han estallado en los últimos meses en el Ministerio de Salud, que involucran directamente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y a personas muy cercanas a su entorno, son cada vez más escandalosos» (leer ‘Crecen los escándalos en el sector de la Salud: según Cambio, un contratista «reparte puestos a cambio de apoyo político»’).
Y, a manera de justificación (tal vez perversa, pero justificación al fin y al cabo) podría decirse que lo mismo ha sucedido en torno del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, y del ministro del Interior Armando Benedetti, entre muchos otros.
Pero la diferencia es grande. En los casos de Roa y Benedetti las pérdidas han sido morales, y materiales. En el caso de Jaramillo, y ya hay denuncias con fundamento por ello, han sido, y siguen siendo, humanas (leer ‘Denuncian por «concurso de homicidio» al ministro de Salud, frente a crisis de las EPS‘).
De acuerdo con la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, la ‘crisis explícita‘ que a las claras está promoviendo el Gobierno Petro, ideada, como ha quedado evidenciado, por el propio presidente con su famoso «chu, chu, chu», por la exministra de Salud Carolina Corcho y por el actual jefe de dicha cartera, «está llevándose vidas por delante« (leer ‘Así va “crisis explícita” del sistema de salud: 1.501 pacientes han muerto en 2025‘).
Para los más disímiles actores: desde líderes empresariales, pacientes agremiados y veedores ciudadanos, lo que inquieta cada vez más es que mientras el responsable de garantizar la salud y la vida de los colombianos dedica parte de su tiempo en debates políticos e ideológicos, la crisis del sector se agrava cada día más.
Aunque, en su momento, algunos lo consideraron un claro oportunismo, el hecho es que el expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo, interpretando la preocupación de los ciudadanos que no tienen tribuna para expresarse, responsabilizó públicamente al ministro Jaramillo de la que denominó una «demolición deliberada» del sistema de salud colombiano, y advirtió sobre el riesgo de un colapso institucional. Según Gaviria, el funcionario desatiende fallos judiciales, ordena la intervención de las EPS sin el debido proceso, y agrava cada vez más, con sus decisiones u omisiones, la crisis financiera, administrativa y de acceso a servicios médicos que padece el sector (leer ‘Partido Liberal «exige» a la Fiscalía investigar a Minsalud por crisis en el sistema‘).
Por todo ello, cada vez más quienes les piden a los entes de control esclarecer no solo estos casos puntuales sino, en general, todas las presuntas irregularidades cometidas tanto por funcionarios del Estado como por directivos o exdirectivos de EPS e IPS.
Ante el hecho cada vez más evidente de que lo que se pretende desde las altas esferas estatales es que el «chu, chu, chu« impulsado por Petro, Corcho y Jaramillo obligue a privatizar el sistema de salud, a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, e incluso a las Altas Cortes, les corresponde actuar con celeridad. El costo de retardar o incumplir sus deberes misionales, en términos de vidas humanas, ya es inconmensurable.
* Director de Revista Metro
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