Por Daniel Florez-Muñoz *
El inicio de negociaciones formales entre el Gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia -EGC, anteriormente conocido como Clan del Golfo, constituye un hecho político de primer orden.
En Doha, del 14 al 18 de septiembre de 2025, se anunciaron los primeros acuerdos: compromisos del EGC para abstenerse del reclutamiento de menores, respetar las elecciones, no interferir en el desminado humanitario y avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios piloto: Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, con verificación internacional de la ONU y la OEA.
Estos pasos iniciales abren un espacio para evaluar con cautela, pero también con esperanza, la viabilidad de un proceso que toca al principal actor armado posacuerdo en Colombia, y que representa una eventual oportunidad para la comprensión de cómo lidiar con este tipo de estructuras que actualmente suponen el primer riesgo de la seguridad en los países de América Latina.
El EGC no es una estructura marginal ni efímera. Se trata de la principal herencia del paramilitarismo tras la desmovilización de las AUC, con presencia extendida en Urabá, el Bajo Cauca, Montes de María, el Pacífico y zonas fronterizas. Su poder se cimenta en economías ilícitas -narcotráfico, minería ilegal, contrabando – y en el control armado de la vida comunitaria. En este sentido, negociar con el EGC implica enfrentarse a una organización criminal transnacional que combina discursos de autodefensa comunitaria con prácticas de violencia sistemática.
El hecho de que un grupo de estas características se siente a dialogar y asuma compromisos verificables es, en sí mismo, un cambio de paradigma. A diferencia de la insurgencia armada con motivación ideológica, el EGC encarna la lógica del crimen organizado politizado en el marco de la práctica de gobernanzas armadas. Este fenómeno representa la principal amenaza a la seguridad regional. Desde México hasta Brasil, pasando por Centroamérica, distintos países enfrentan organizaciones criminales que desafían o cooptan al Estado, capturan territorios y generan dinámicas de guerra prolongada. En este marco, la negociación con el EGC puede convertirse en un laboratorio replicable para enfrentar este tipo de estructuras en otros contextos latinoamericanos.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que el núcleo del diálogo será la transformación de las economías ilegales, especialmente la sustitución de cultivos ilícitos. Esta insistencia refleja un punto neurálgico: mientras persistan las rentas ilícitas, cualquier proceso corre el riesgo de ser un simple reacomodo criminal. La clave estará en articular los acuerdos con políticas integrales de desarrollo rural, justicia social y presencia institucional que generen confianza en las comunidades, históricamente victimizadas por el accionar del EGC.
Sin embargo, el camino está lleno de tensiones. Como señala Indepaz, las comunidades del Urabá y el Chocó no ven al EGC como un interlocutor legítimo de paz, sino como la continuidad del paramilitarismo que desplazó poblaciones y asesinó líderes. Recuperar esa confianza exige resultados tangibles en seguridad, reparación y garantías de no repetición. Además, la falta de un compromiso claro sobre la liberación inmediata de menores reclutados es una grave omisión que contraviene los estándares internacionales de protección a la niñez.
Más allá de las dificultades, el proceso con el EGC plantea una discusión estratégica para Colombia y la región: ¿cómo diseñar mecanismos de sometimiento negociado con organizaciones criminales sin caer en la impunidad? Aquí radica la importancia global del caso colombiano. Si se logra combinar compromisos verificables, desmantelamiento económico de las mafias y centralidad de las víctimas, el proceso podría ofrecer un modelo innovador para enfrentar el crimen organizado como fenómeno político y social, no solo como un asunto de represión policial o militar.
En conclusión, el diálogo con el EGC es una apuesta de alto riesgo, pero también de altísimo valor estratégico. El crimen organizado es hoy la mayor amenaza en países del sur global, y la experiencia colombiana puede abrir un nuevo camino para el establecimiento del Estado de Derecho.
Si Doha marca el inicio de un proceso serio, transparente y acompañado de garantías internacionales, Colombia no solo avanzará hacia la paz en su territorio, sino que también ofrecerá al continente un referente inédito: el reconocimiento de que la paz se construye no solo contra, sino también con, quienes han sostenido las economías de la guerra.
La pregunta decisiva será si el Estado logra traducir los acuerdos en hechos verificables en los territorios. Solo entonces, el caso colombiano podrá ser un modelo replicable frente a la violencia criminal que azota a América Latina.
Seguiremos analizando el avance y desarrollo de este importante capítulo en la construcción de paz en Colombia.
* Abogado de la Universidad de Cartagena; especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social, Clacso-Flacso; certificado en Estudios Afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard; magister en Derecho por la Universidad de Cartagena; docente investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Cartagena.
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