Por Daniel Florez-Muñoz *
El proceso de negociación con el Clan del Golfo plantea un desafío significativo para el gobierno colombiano en su búsqueda por lograr una ‘Paz Total’. Si bien la administración del presidente Gustavo Petro ha abierto un espacio de conversación sociojurídico con el Clan del Golfo -el cual recientemente ha abandonado su denominación de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para llamarse Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) – el éxito de estas conversaciones es incierto debido a la compleja naturaleza del grupo armado y sus demandas.
Desde los primeros contactos en 2022, el Clan del Golfo ha mostrado disposición para negociar. Sin embargo, el grupo sigue siendo una organización poderosa, con una gran capacidad de expansión territorial, altos niveles de influencia criminal y la habilidad de resistir las operaciones de la Fuerza Pública. A pesar de los intentos previos de someter a la organización durante los gobiernos de Santos y Duque, que incluyeron la Operación Agamenón y otras medidas represivas, la estructura del Clan ha logrado adaptarse, consolidar su presencia y aumentar su número de integrantes.
Uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno en esta negociación es el amplio poder económico y militar del Clan, que se ha expandido a través de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Este crecimiento le ha permitido a la organización consolidar una ‘gobernanza criminal’ en varias regiones del país, lo que implica que el Clan no solo representa una amenaza armada, sino que también ha logrado tejer redes de control social y económico en zonas desatendidas por el Estado.
En términos políticos, el Clan ha adoptado una narrativa que lo posiciona como un actor ‘político-militar’, buscando legitimar su existencia como una forma de resistencia en favor de las comunidades. Esta autodefinición ha permitido que la organización exija condiciones que trascienden el simple sometimiento a la Justicia. Entre sus principales demandas está el reconocimiento de su rol en el conflicto armado y la aplicación de mecanismos de justicia transicional, que incluyan garantías de no extradición y una posible amnistía para sus miembros.
Aquí es donde surge una disyuntiva clave en las conversaciones. Mientras que el Gobierno ha enmarcado las negociaciones bajo la figura del sometimiento a la justicia, el Clan del Golfo ha sido enfático en que no aceptará un acuerdo que no contemple la justicia transicional, tal como se ha ofrecido en otros procesos de paz con grupos insurgentes. Esta diferencia de expectativas entre las partes será uno de los obstáculos más difíciles de superar.
Además, la negociación no puede ser vista como un proceso aislado. Las complejidades regionales, la influencia de otros actores armados y las disputas territoriales entre el Clan y otros grupos, como el ELN o las disidencias de las FARC, son factores que influirán directamente en la viabilidad del proceso. El gobierno también debe equilibrar la implementación de estrategias de seguridad con la necesidad de construir una hoja de ruta clara que permita avances reales en la negociación.
El panorama es aún más complicado por el hecho de que la negociación con el Clan del Golfo ocurre en un contexto en el que otros procesos de paz están en marcha, pero no sin dificultades. El proceso con el ELN está suspendido, y las mesas de diálogo con otros actores armados enfrentan crisis de confianza o problemas de implementación. El Gobierno debe gestionar con cuidado estos distintos frentes para evitar que la falta de avances en uno de ellos debilite los demás.
Finalmente, otro elemento crucial en este proceso es el papel que juegue la comunidad internacional. Hasta ahora, organizaciones como las Naciones Unidas han acompañado los acercamientos, y la participación de actores internacionales podría ser determinante para otorgar legitimidad y estabilidad a las negociaciones.
La negociación con el Clan del Golfo es un proceso lleno de incertidumbres y riesgos, pero también de oportunidades. Si el Gobierno logra superar los obstáculos iniciales y encontrar un terreno común con la organización, podría sentar las bases para una pacificación real en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, es esencial que el proceso adopte una perspectiva territorial y que esté acompañado por un compromiso firme con la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, para garantizar que cualquier acuerdo no solo traiga el fin de las hostilidades, sino también una paz duradera y justa.
* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.
