Por Daniel Flórez Muñoz *
La Región Caribe de Colombia, y en particular el Departamento de Bolívar, enfrenta una serie de desafíos significativos en el marco de la política de ‘Paz Total’ implementada por el gobierno de Gustavo Petro.
Un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares – del 2024 ofrece una visión detallada de los problemas de seguridad, la presencia de grupos armados y las cifras claves que describen la situación actual en Bolívar y sus municipios.
Bolívar es un departamento caracterizado por su diversidad geográfica y económica, con una mezcla de áreas urbanas densamente pobladas y regiones rurales que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado.
Su capital, Cartagena, aunque reconocida mundialmente por su patrimonio cultural y su atractivo turístico, no ha escapado de los problemas de seguridad que afectan a muchas partes del país. En el año 2023, Cartagena registró un aumento en la criminalidad urbana, con 312 casos de homicidios, reflejando un incremento del 8% en comparación con el año anterior. Este aumento de la violencia se ha vinculado a la operación de bandas criminales que se disputan el control de actividades ilícitas como la extorsión y el microtráfico de drogas.
Esta lectura, no obstante, podría ser matizada en la medida en que se avancen en estudios sobre patrones de criminalidad y modelos de gobernanzas armadas en la ciudad. Sin duda, este tipo de análisis pondrá en evidencia las posibles articulaciones entre conflictividad y violencia rural con las lógicas urbanas de captación de rentas legales e ilegales, y en especial, los actores formales e informales que participan al interior de estos mercados de la guerra.
El entorno rural de Bolívar enfrenta retos aún más graves. Municipios como San Pablo, Santa Rosa del Sur y Montecristo han sido epicentros de la violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Estos grupos buscan controlar territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. En el 2023, Bolívar registró más de 1.500 desplazamientos forzados, un aumento del 12% respecto al año anterior. Los desplazamientos fueron particularmente notables en Santa Rosa del Sur, donde se reportaron 680 casos, y en Montecristo, con 450 casos. Estos municipios se encuentran en rutas claves utilizadas para el transporte de drogas hacia la costa caribe y más allá.
La situación en San Pablo es especialmente crítica. Este municipio, ubicado en el sur de Bolívar, es un punto estratégico en el corredor que conecta las áreas de producción de coca con los puntos de salida hacia el exterior. La violencia en San Pablo ha llevado a un aumento significativo en los desplazamientos forzados, con más de 800 personas obligadas a abandonar sus hogares en el 2023. Además, el municipio ha visto un aumento en los homicidios, con una tasa de 45 homicidios por cada cien mil habitantes, un incremento del 15% en comparación con el año anterior.
El impacto de la violencia en Bolívar también se refleja en la economía local. La minería ilegal es una actividad que ha crecido significativamente en los últimos años, con grupos armados controlando operaciones en áreas ricas en recursos minerales. Esta actividad no solo financia a los grupos armados, sino que también genera conflictos con las comunidades locales y tiene un impacto ambiental devastador. En el 2023, las autoridades decomisaron más de 200 equipos de minería ilegal y destruyeron 50 campamentos mineros en Bolívar, pero estos esfuerzos han sido insuficientes para detener la expansión de la minería ilegal.
El gobierno de Gustavo Petro ha enfatizado la importancia de abordar las raíces del conflicto armado mediante la implementación de políticas que promuevan el desarrollo económico y social en las regiones más afectadas. La ‘Paz Total’ busca no solo negociar con los grupos armados, sino también invertir en infraestructura, educación y salud para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir las desigualdades que alimentan la violencia. En Bolívar, después de dos años del gobierno Petro, buena parte de esas promesas siguen a la espera de ser materializadas. Recientemente, se han anunciado inversiones significativas en la mejora de las carreteras rurales y la construcción de nuevas escuelas y centros de salud, con un presupuesto de más de $150 mil millones asignados para estos proyectos en el 2024.
No obstante, los resultados de estas inversiones y políticas aún están por verse. La implementación efectiva de la ‘Paz Total’ requiere una coordinación estrecha entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la sociedad civil. Además, es crucial que se fortalezca la presencia del Estado en las áreas rurales para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las comunidades afectadas por el conflicto.
En conclusión, la paz en Bolívar y en la Región Caribe sigue siendo frágil y enfrenta numerosos obstáculos. La persistencia de la violencia, la expansión de economías ilícitas y los desafíos en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible son problemas que requieren soluciones integrales y a largo plazo.
La academia, de la mano con las organizaciones de víctimas; y la recién creada Secretaría de la Seguridad de la Gobernación de Bolívar, junto a la Secretaría de Víctimas y demás entidades que hacen presencia en el territorio, son actores claves para asegurar la materialización de los objetivos que desde el gobierno central se proyectan en materia de seguridad y convivencia.
La colaboración y el compromiso continuo de todas las partes involucradas serán esenciales para avanzar hacia la urgente materialización de una paz estable y duradera en esta región clave de Colombia.
* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.
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