
Por Agustín Leal Jerez *
A través del Decreto Distrital 1659 de Diciembre 6 de 2022, la Administración Dau acaba de expedir la reglamentación para el aprovechamiento económico del espacio público en toda Cartagena de Indias.

Ya en anteriores escritos nos hemos pronunciado sobre la naturaleza del aprovechamiento económico del espacio público en la capital de Bolívar (leer ‘La privatización de lo público‘) y del porqué no puede constituirse en un arbitrio rentístico del presupuesto público, dadas las condiciones de movilidad, el modelo de ocupación y el déficit de espacio público de la ciudad, el cual, de conformidad con el Documento de Soporte del Componente General de la Revisión del POT, publicado en la página web pot.gov.co, es el siguiente:
Actualmente el Distrito de Cartagena de Indias cuenta con los siguientes indicadores distritales: EPE 2 m2/hab. y 5,5 m2 de zonas verdes por habitante, lo cual suma un EPE 7,5 m2/hab. Esto implica un déficit de 1,5 m2/hab para alcanzar la meta de mediano plazo, y de 7,5 m2/hab para la de largo plazo
Es decir, para los estándares normativos, tenemos un déficit de espacio público efectivo de 7.5 metros cuadrados por habitante, sumadas las zonas verdes, en el corto plazo, o sea con el millón de habitantes que tenemos en la actualidad, y se requerían otros 7.5 m2 por habitante para la población esperada en el largo plazo.
Con estos indicadores, sumados a los problemas de movilidad y del mismo modelo de ocupación, donde casi todas las actividades económicas que requieren de espacio público se concentran en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, lo sensato era que no se generalizara el aprovechamiento económico del espacio público. Pero también entendemos algunas situaciones consolidadas de legítima confianza y el complemento que significa para el turismo algunos espacios públicos como las plazas, plazoletas y los frentes de algunos establecimientos de comercio.
La reglamentación expedida es confusa, y estamos casi seguros de que muchas cosas, adoptadas de otras reglamentaciones, no consultan con los propósitos del reglamento o la gama de intereses que se ciernen entre bambalinas. Analicemos varias de ellas.
Para comenzar, con su objetivo, cual es «propender por la integridad, el uso común y el libre acceso del espacio público cuando se realicen actividades de aprovechamiento del espacio publico«, cuando todos sabemos, por experiencia, que todo espacio publico que se aproveche económicamente termina privatizado.
Por ello no estamos de acuerdo con lo que propone esta reglamentación, en cuanto a que el Decreto, en últimas, es una norma en blanco, porque no se señalan, siquiera a título enunciativo, cuáles serían los espacios públicos susceptibles de aprovecharse económicamente, sino que difiere la decisión más importante para que sea la Secretaría de Planeación y la Gerencia de Espacio Publico Distrital las que, a cal y canto, en una mesa técnica, decidan los espacios públicos susceptibles de aprovecharse económicamente.
En este punto es donde en verdad los veedores ciudadanos serios, los colectivos de defensa del espacio público, las Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general deben participar activamente en el señalamiento de este catálogo.
Pero hay algo en el Decreto que llama poderosamente la atención y es lo dispuesto en su Articulo 11, cuando enuncia las actividades temporales permitidas en los espacios públicos aprovechados económicamente:

Como se puede observar en esta tabla, la malla vial (entiéndase: todas las calles, avenidas, paseos peatonales, callejones, andenes), solo se puede usar para la colocación de infraestructura y redes de servicios público; es decir, que queda prohibido en ella el uso de mesas, sillas, parasoles, trípodes o cualquier mobiliario de propaganda o promoción.
Esto sería verdaderamente asombroso, sobre todo en el Centro Histórico y su área de influencia, pero estamos convencidos de que ello no ha sido la intención de la Administración Distrital, por los intereses que giran en torno de la expedición de este Decreto, y porque muchos establecimientos tienen permiso para ocupar vías públicas en el Centro Histórico y se requería de un periodo de transición para su despeje, por asuntos de legítima confianza. Ojalá nos aclararan esta situación.
Oro aspecto relevante, que requiere de la máxima precisión, es lo consagrado en el Articulo 18 del citado Decreto, sobre protección a la confianza legítima, que aparentemente puede verse como una norma para proteger al vendedor informal o al ocupante del espacio público, pero -por el contrario – puede resultar en una disposición para facilitar su despojo del sitio de trabajo o rebusque.
Esta norma permite, de no limitarse bien, que cualquier comerciante “le compre” el puesto de trabajo a cualquier vendedor informal.
Llama también la atención también que dentro de los componentes de la fórmula para determinar el precio del aprovechamiento del espacio público, con el fin de desestimular su aprovechamiento, no se contemplen algunos factores medioambientales como externalidades negativas.

Como se puede apreciar en este cuadro, el ruido y la afectación a los cuerpos de agua y sus rondas hídricas no fueron tenidas en cuenta.
Un aspecto fundamental del ordenamiento y aprovechamiento económico del espacio público, que no fue objeto de reglamento, lo conforma el uso y aprovechamiento del espacio público para la colocación de redes eléctricas y de televisión e internet, que constituyen unos de los grandes problemas del paisajismo urbano. Redes eléctricas y de telecomunicaciones, en enjambres, sobre postes y las fachadas de las viviendas, aún sobre algunas de valor patrimonial, ridiculizan y afean la imagen urbana de la ciudad:

Vistos los anteriores comentarios, concluimos que esta reglamentación no es mas que un vericueto jurídico ininteligible y perverso a los intereses ciudadanos.
#ParaElAnálisis, leer el ‘Decreto 1659 del 6 de Diciembre de 2022‘.
A todos nuestros lectores, muchas gracias por leernos durante este 2022. Feliz Navidad y prospero Año 2023. Nos veremos después de reyes.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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