
El expresidente Gustavo Petro generó ayer una nueva controversia, en esta ocasión al llamar a una «movilización permanente y cada vez más amplia« en todas las calles del país, sin esperar a las elecciones regionales de 2027 o las presidenciales de 2030.
En el Parque de la Retreta de Cali, durante su intervención en las movilizaciones a las que justamente contribuyó a convocar su partido político, Petro afirmó: «No se trata de esperar hasta el 2027, no se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia», y añadió que «quizá no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato«.
Estas declaraciones, convocando a un paro nacional, fueron interpretadas por analistas, académicos y congresistas como una incitación a desconocer el orden institucional y, en la práctica, un llamado a derrocar al Ejecutivo por vías extraconstitucionales.
Como han coincidido en manifestar distintos actores, la magnitud de estas pretensiones es evidente. Petro, cuya administración -del 2022 al 2026 – enfrenta múltiples, serias y muy graves denuncias de corrupción que involucran a innumerables miembros de su partido: el Pacto Histórico, lo que algunos ya han calificado como una «empresa criminal«, anunció que liderará un movimiento popular para forzar un cambio de Gobierno de inmediato.
Según se ha dicho, al calificar de ilegítimo al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella -quien obtuvo la credencial del Consejo Nacional Electoral tras una estrecha pero válida victoria en la segunda vuelta – y al instar a paralizar el país con un paro general permanente, el expresidente podría no solo estar desconociendo los genuinos mecanismos democráticos, sino que estaría en tono cada vez más alto reviviendo el lenguaje confrontacional que caracterizó su pasado guerrillero.
Lo que algunos analistas han advertido es que este tipo de exhortaciones, viniendo de donde vienen, erosionan la institucionalidad en un momento en que el país enfrenta desafíos fiscales y de seguridad.
La respuesta de De la Espriella
Horas más tarde, el presidente Abelardo de la Espriella respondió con un tono también elevado al informar sobre el balance de las manifestaciones del 19 de noviembre, en las que se registraron intervenciones de la Fuerza Pública ante hechos de violencia y bloqueos.
«Con la democracia y con Colombia no se metan«, advirtió el mandatario. Y en una de las críticas más duras registradas, calificó a Petro de «amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad«, y agregó que no aceptará que «atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o que pretenda destruir a Colombia (…), como lo hizo cuando fue guerrillero».
De la Espriella subrayó -además – que su Gobierno llegó al poder por el voto de cerca de 13 millones de colombianos y tiene el deber constitucional de defender ese mandato.
Exacerbando la polarización…
La exhortación del expresidente Petro a un paro general y la determinación del presidente De la Espriella de no ceder ante tales llamados, en el contexto de las serias y graves acusaciones pendientes contra el llamado gobierno del cambio y algunos miembros del Pacto Histórico, se perciben como una inquietante amenaza al orden democrático.
Mientras Petro se empeña en que la presión de las calles debe sustituir los tiempos electorales, el actual mandatario insiste en que las protestas pacíficas son legítimas, pero no así las acciones orientadas a derrocar autoridades electas.
Así, este episodio deja claro que la estabilidad institucional de Colombia enfrenta una dura prueba en los primeros meses de la administración de De la Espriella.
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