
Por Iván José Sanes Pérez *
La fórmula parece sencilla: basta anteponer la palabra “presunto” para llamar criminal a un investigado antes de que exista una condena. Con ese adjetivo se cumple el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, se evita el linchamiento y el derecho formal queda satisfecho. El problema es que esa satisfacción formal ya no le alcanza a la sociedad.

El Derecho Penal en Colombia privilegia a los victimarios. De cada cien denuncias, los jueces se pronuncian de fondo en aproximadamente tres casos. De esos, menos de la mitad termina en condena. Estamos entre los países con mayor impunidad del mundo, solo superados por algunos que viven una guerra abierta.
Y, aún así, gran parte del debate público se concentra en defender con la misma intensidad las garantías de un prófugo notorio, cabecilla de una estructura criminal, que las de cualquier otro señalado. Como si la notoriedad de los hechos, la peligrosidad y los años de evasión de la justicia no alteraran en nada la proporcionalidad.
No se trata de abolir la presunción de inocencia. Se trata de impedir que se convierta en una venda para desconocer hechos que ya han sido verificados. Una cosa es condenar anticipadamente a alguien por un rumor y otra muy distinta es fingir que no existen pruebas, documentos o pronunciamientos oficiales mientras la justicia tarda años en decidir.
Édgar Bodenheimer recordaba que el Derecho es el término medio entre la anarquía y el despotismo. Ihering añadía que no es un punto medio estático, sino una fuerza reguladora viva que, con balanza y espada, busca restablecer el equilibrio. Cuando se reduce al formalismo y se convierte en un fin en sí mismo, deja de cumplir esa función. Entonces ocurre lo que estamos viendo: la sociedad empieza a regular al Derecho Penal. Y le pasa factura.
El caso de la congresista del Pacto Histórico lo demuestra. Todavía no existe una condena penal en su contra, pero la Universidad Nacional ya informó que nunca estudió Ingeniería de Minas ni se graduó de esa carrera. También se conoció que, según los documentos atribuidos a ella, ya “cursaba” la universidad cuando todavía no había terminado el colegio. Con ese título inexistente asesoró en la DIAN, entidad que ya trasladó el caso a las autoridades.
El sistema penal todavía no la ha llamado criminal. La realidad, en cambio, ya produjo hechos que no pueden tratarse como simples rumores. La presunción de inocencia debe impedir una condena anticipada, pero no puede obligar a la sociedad a fingir que esos hechos y documentos no existen.
Mientras el Derecho Penal siga más preocupado por no ofender al formalismo que por restablecer el equilibrio que le pide la sociedad, el mensaje seguirá siendo el de siempre: el crimen, para muchos, sigue pagando. Y eso, tarde o temprano, tiene un costo.
* Secretario de Víctimas de Bolívar; exdirector de Icultur; abogado e ingeniero de Sistemas; magíster en Derecho y Gestión Urbanística; magíster en Educación; especialista en Gestión Gerencial, en Derecho Administrativo y en Derecho Urbano. Exconsejero nacional de cultura y actual miembro de la junta directiva de Foncultura.
Nota del editor: la opiniones expresadas en esta columna por su autor no comprometen a la entidad en la cual presta sus servicios profesionales.
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