Por Danilo Contreras Guzmán *
Desde hace varias semanas, un par de meses casi, junto con el ingeniero Álvaro González, hemos venido denunciando desde este portal el grave atentado que se ha consumado sobre el patrimonio monumental de la ciudad por parte de los ejecutores del proyecto conocido como “Protección Costera”, que literalmente arrojó piedra y zahorra en zona de afectación al cordón de murallas y sobre la escollera sumergida de La Marina que van paralelas a la Avenida Santander, como artificio falaz para la adaptación climática de Cartagena.
De poco han valido los conceptos y experticias que han emitido el Consejo Técnico de Patrimonio Distrital, organismo de creación normativa que tiene la función de asesorar al alcalde mayor de Cartagena en materia de protección del patrimonio histórico y cultural, o las comunicaciones remitidas directamente por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar al burgomaestre. William Dau Chamat y la señora vicepresidenta de la Nación, Marta Lucía Ramírez, han permitido, con total conocimiento y conciencia, que el referido atentado al patrimonio se consume en desmedro de la herencia histórica universal de esta estoica y engañada ciudad.
El Comité Técnico ha dicho en pronunciamiento colegiado, de manera inequívoca que “Con base en los anteriores análisis se considera que existe afectación directa a la Escollera de la Marina (patrimonio arqueológico/defensa subacuático) que fue construida hace 3 siglos por Antonio De Arévalo precisamente para mitigar el impacto del ‘Mar del Norte’, o desde el mar abierto sobre el frente de murallas y se además se considera que es posible se afecte el cordón murallas y sus zonas aledañas” y que por tal razón era menester retirar el proyecto de Protección Costera tal cual estaba diseñado, a fin de hacerle ajustes para NO destruir el patrimonio. Les importó cinco centavos y han seguido aupando las obras.
Pues bien, como nunca apareció en ninguna de las instancias de consulta del Comité Técnico de Patrimonio, un documento que acreditará el cumplimiento de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 11º de la Ley 1185 de 2008 que habla del régimen de protección del patrimonio y que a la letra establece que “La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según el caso”, me propuse averiguar por mi cuenta el arcano de la existencia o no de la autorización que debe emanar del Ministerio de Cultura de Colombia para adelantar una obra como la constituida el Proyecto de Protección Costera.
Fue así como el 31 de enero de este año eleve derecho de petición a la señora ministra de Cultura, Angélica Mayolo Obregón, para que me respondieran si a la fecha existía o NO acto administrativo de autorización emanado de ese despacho, que autorizará la intervención del Patrimonio Monumental de Cartagena por parte del Proyecto de Protección Costera.
Fue menester una acción de tutela para que se me respondiera esa solicitud, por parte del funcionario encargado para ello, el doctor Alberto Escovar Wilson–White, director de patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura. En fin, más vale tarde que nunca, decía mi abuela Miguelina, y tenía razón.
Lo cierto es que la honesta respuesta que nos ofreció en funcionario últimamente referido nos ha confirmado lo que ya se sospechaba, y es que la autoridad competente, NO ha emitido acto administrativo alguno que autorice las obras del proyecto de Protección Costera. El doctor Escovar contestó a la letra:
“…SE SEÑALA QUE A LA FECHA NO SE HA EMITIDO ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN FUERA DE LAS ANTES MENCIONADAS. Se precisa, que el proyecto denominado ‘‘Intervención para protección del Borde Costero entre el empalme del túnel de Crespo y el espolón Iribarren de Bocagrande zona de influencia de la Escollera de la Marina (sumergida) Antonio de Arévalo en Cartagena’’, se radicó por medio del aplicativo ‘‘SIPA’’ para su evaluación el 29 de octubre del 2021 y actualmente se encuentra en proceso de subsanes con observaciones por parte del solicitante, YA QUE NO CONTABA CON EL LLENO DE REQUISITOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON SU EVALUACIÓN”. (subrayas y mayúsculas fuera del texto). Ver copia digital de la respuesta referida.
Valga anotar que la autorización expedida por ese ministerio fue la de intervención del área de influencia del Hotel Caribe, bien declarado patrimonio nacional, que también va a ser impactado por las obras del Proyecto de Protección Costera, según se lee en el documento oficial compartido.
Esta circunstancia es de la mayor gravedad, como lo entenderá la mayoría de los amables lectores, pues no dudo que algún sector persistirá en acusarnos de enemigos del desarrollo, cuando en verdad somos enemigos de la mediocridad y la ilegalidad con que se desarrollan las obras en Cartagena.
El alcalde mayor de Cartagena tiene, por virtud de la Ley 768 de 2002, expresas responsabilidades asignadas por el artículo 37 de dicho cuerpo normativo “relacionadas con el manejo, la administración y control de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la Nación localizados en su jurisdicción…”, pero a su vez, el artículo 104 de la ley 388 de 1997, bajo el ‘nomen juris’ de “sanciones urbanísticas”, le da competencia al Alcalde Mayor de Cartagena para castigar a quienes “realicen intervenciones sobre los mismos sin la licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de adecuada conservación…”. Esto es, el alcalde y la vicepresidenta, a sabiendas de la inexistencia de la licencia de intervención emanada del Ministerio, han mantenido silencio consciente y voluntario respecto del imperativo cumplimiento de sus deberes de vigilancia, control y protección del Patrimonio Monumental de Cartagena.
Es una falacia que se acuse a quienes han puesto el dedo en la llaga sobre estas irregularidades de NO querer el progreso de la ciudad, pues, por el contrario, justamente lo que deseamos es que superemos la mediocridad y el desprecio por la legalidad que nos ha traído al estado de postración que padece Cartagena.
Entrego entonces a la opinión, la prueba reina que me recuerda este pasaje bíblico: “Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón…”.
En la actualidad evaluamos los medios jurídicos tendientes a que no siga profundizándose este abuso contra el patrimonio.
* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.
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