El pasado jueves 31 de mayo, la Procuraduría Regional de Bolívar abrió una indagación preliminar en contra de varios funcionarios por presuntas irregularidades en el trámite de concesión de la llamada Marina Cartagena de Indias, a un lado del Muelle de la Bodeguita, en atención a una queja interpuesta tres meses antes por el abogado y dirigente cívico Wilman Herrera Imitola.
De acuerdo con la acción impetrada, la Corporación de Turismo Cartagena de Indias –Corpoturismo – habría iniciado desde el 25 de diciembre de 2017 ante la Capitanía del Puerto de Cartagena los trámites para la entrega en concesión de una parte de la Bahía de las Ánimas, lo cual causó el rechazo de varios sectores locales y, en todo caso, no había sido socializado con la comunidad directamente afectada (leer ‘PGN abre indagación preliminar contra el exalcalde Sergio Londoño y otros funcionarios‘).
Además de Herrera Imitola, otros ciudadanos se mostraron también en contra del proyecto, entre ellos el representante legal de la sociedad Corredor Turístico de Cartagena de Indias S.A. y promotor del Condominio Náutico de Tierrabomba, Roberto Carlos Martínez Méndez, para quien la “nueva marina, disfrazada de embarcadero, acarreará el incremento de los problemas de tránsito vehicular y saturará el sector ya colapsado de vendedores estacionarios y ambulantes, creando otro mercado como el que tanto esfuerzo le costó a la ciudad erradicar hace cuarenta años«.
En concepto de Martínez Méndez, «el proyecto es un agente propagador de la contaminación visual y auditiva, de la inseguridad ciudadana, del tráfico migratorio incontrolable, temas estos que atentan día a día contra la calidad de vida de residentes y visitantes” (leer ‘Crece rechazo a la construcción de una gran marina sobre la Bahía de la Ánimas‘).
Y este martes 6 de noviembre, la Dirección General Marítima –Dimar-, mediante Resolución 0895 de la fecha, le dio la razón al quejoso y, de paso, tranquilizó a los sectores ciudadanos a los que preocupaba el impacto en materia de tráfico, entre otros, de una nueva marina en plena área de influencia del Centro Histórico.
Por haberse desconocido la participación de los voceros de las comunidades afros del entorno, la Dimar resolvió archivar el trámite de la concesión pretendida por Corpoturismo y, en consecuencia, la construcción del proyecto Marina Cartagena de Indias, en la Bahía de las Animas, a un lado del actual muelle de la Bodeguita, quedó literalmente congelada.
De acuerdo con los considerandos de la citada resolución, si se subsana la falta de la debida consulta previa y, en general, se cumplen todos los requisitos, el proyecto puede ser nuevamente presentado.
Tras conocer la decisión de la Dimar, el abogado Herrera Imitola, quien representa a las comunidades negras de la zona insular, particularmente de Bocachica, Caño de Loro, Punta Arenas, Tierrabomba, Pasacaballos, Recreo, Leticia, Santana y Barú, manifestó que «se hizo justicia con los habitantes de la zona insular (…) que a diario utilizan el muelle de la Bodeguita para su entrada y salida de la ciudad«.
Para el representante del Consejo Comunitario de Caño del Oro, sin embargo, «lo más preocupante es que tanto Zully Salazar Fuentes, en calidad en ese entonces de directora ejecutiva de Corpoturismo, y Sergio Londoño Zurek, como alcalde encargado, desconocieron a nuestra gente y la historia, al certificar que en esta zona no existen comunidades negras«.
Además de Londoño Zurek y Salazar Fuentes, a la indagación preliminar abierta el pasado 31 de mayo por la procuradora regional de Bolívar, Ítala Pedrazzini Losada, tras la queja instaurada por Wilman Herrera, fueron vinculados también el director de la Dimar, contraalmirante Mario Germán Rodríguez Viera, y el capitán del Puerto de Cartagena, Pedro Javier Prada Rueda.