Comunidad de Bocala le gana el pulso a promotores de marinas en la zona

marinas

Como pocas veces antes, la Alcaldía de Cartagena, los más importantes gremios, algunos órganos de control locales y la comunidad en general, particularmente la de los barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, se han unido de manera decidida alrededor de un propósito común: evitar que se sigan construyendo marinas en zonas residenciales y propiciar porque, ante la innegable importancia de las mismas, se determinen otras zonas para su localización.

En concordancia con lo que en diferentes escenarios había manifestado el alcalde Manolo Duque Vásquez, la Secretaría de Planeación del Distrito emitió el año pasado un concepto negativo a los proyectos de construcción de unas marinas en Manga y Castillogrande, por no estar acordes con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – de Cartagena.

Luego de que Duque Vásquez, tras conocer los argumentos de las comunidades en contra de las marinas en las zonas densamente pobladas, manifestara con determinación que “las marinas no van”, la Secretaría de Planeación del Distrito consideró que no era viable dar vía libre a los proyectos ‘Marina La Heroica’, ‘Grand Castle Harbor & Marina’ y ‘Marinas 1 y 2’, que se pretendían realizar en Castillogrande, los dos primeros, y en Manga, los dos últimos. Y sus argumentos fueron tajantes: el uso principal del suelo en dichos barrios, de acuerdo con el POT vigente, es el residencial, vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar, compatible con algunas actividades comerciales e industriales, con un uso complementario de “actividades portuarias 1”, pero estas “únicamente permiten embarcaderos” y no marinas.

Pero, no obstante el concepto negativo de la Secretaría de Planeación y la decidida oposición del alcalde y la mayoría de los estamentos locales, Cartagena fue sorprendida con la expedición por parte de la Dirección General Marítima -Dimar – de la Resolución 0022 del 16 de enero de 2017, “por la cual se otorga a la sociedad Marina Park S.A.S. (…) una concesión para el proyecto de una Marina denominada Castillo Landing Place”.

Por disposición del director de la Dimar, vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas, a pesar del querer de los cartageneros en su inmensa mayoría, los socios de Marina Park S.A.S. fueron beneficiados con una concesión por el término de 20 años de un área de más de 61 mil metros cuadrados, en el residencial barrio de Castillogrande, en la cual podrán desarrollar actividades de “amarres en agua, servicios básicos de marinas (…y de) restaurante, club, mirador, peluquería y/o almacenes”.

Al enterarse de la inopinada decisión, tanto el alcalde como numerosos dirigentes locales, entre ellos los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de Bocagrande y Castillogrande y de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -Siabol, pusieron el grito en el cielo.

Pero la senadora bolivarense Daira Galvis Méndez fue más allá. De acuerdo con varias fuentes, cerca del mediodía de ayer el dirigente gremial William Murra Babún visitó a la congresista en su residencia en Castillogrande y le entregó copia de la Resolución 0022/16. “Daira (Méndez) se mostró indignada al enterarse de la determinación de la Dimar y de manera inmediata llamó (telefónicamente) al vicepresidente Germán Vargas Lleras (quien es el jefe natural de su partido: Cambio Radical), a quien le pidió interceder para que no se concretara lo que calificó como un atentado contra la ciudad”.

“Cuando terminó su diálogo con el vicepresidente y nos dijo que este se comprometió a hacer reversar la decisión de la Dimar, le di un gran abrazo de agradecimiento en nombre de la comunidad”, señaló Murra a este portal.

“La concesión es conveniente y legal”: concesionaria

Mediante un comunicado de prensa, la representante legal de la firma concesionaria, Diana Barbosa, aseguró que la Dimar “autorizó la construcción y operación del proyecto (…) en consideración al riguroso e integro cumplimiento de los requisitos legales vigentes, y a los grandes beneficios que representa el desarrollo del renglón náutico a la ciudad de Cartagena y al país”.

Según Barbosa, “el procedimiento, que culminó con el otorgamiento de la concesion (…) contó con los conceptos previos de favorabilidad y/o viabilidad de cada una de las entidades del orden nacional y distrital llamadas por ley a pronunciarse en el mismo”, asegurando que entre estos figura “la Alcaldía Mayor de Cartagena, – quien lo hizo a través de la Secretaría de Planeación el 27 de octubre de 2.015,  – y  la Secretaria Distrital de Tránsito (SIC), quien aprobó el 27 de Junio de 2016 el estudio de movilidad presentado para su consideración”.

En concepto de la gerente de Marina Park S.A.S., “la Administración Distrital conoce el proyecto desde el inicio y expidió los avales señalados, tal como lo consagra el Decreto Ley 2324 de 1.984 y la Resolución 0489 de Agosto de 2.015”.

Los estudios de movilidad no son avales ni vistos buenos: DATT

En respuesta a lo señalado por la representante legal de la firma concesionaria de la marina, el director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, manifestó que “independientemente de la aprobación del plan de manejo de tráfico y del estudio de impacto a la movilidad, que emitimos con base en informaciones de una futura construcción y de una poca y posible demanda vehicular presentada en los estudios respectivos, son conceptos que no comprometen en nada los vistos buenos y el permiso definitivo del Distrito para la construcción de una marina o cualquier obra de similar naturaleza”.

En diálogo con Revista Metro, Mendoza señaló que “estos conceptos son única y exclusivamente en cuanto a movilidad se refiere, es decir, en cuanto a señalización vial, a senderos peatonales, a permisos de tránsito de maquinaria pesada y de construcción, con el único objetivo de salvaguardar la integridad física de los peatones y de todos los usuarios de la vía. El permiso definitivo para la construcción de cualquier proyecto en el Distrito está en cabeza de la Secretaría de Planeación, con base en el POT vigente”.

“En definitiva”, advirtió el funcionario, “lo que define qué tipo de construcción se puede realizar en el Distrito y en qué zonas se pueden construir es el POT actualmente vigente, es decir el Decreto 0977 de 2001”.

De acuerdo con otra fuente del DATT, el ingeniero civil especialista en Gerencia Pública y en Planificación en Tránsito y Transporte Carlos Vergara Aguilar, “toda intervención en la vía pública, cualquiera que sea, debe contar con la aprobación de un plan de manejo de tránsito del organismo de tránsito de la jurisdicción, tal y como lo establece el Código Nacional de Tránsito o Ley 769 de 2002”.

La Alcaldía solicitará la revocatoria directa de la Resolución

De acuerdo con fuentes de la Alcaldía, una vez conocida la Resolución 0022/16, y tras las consultas correspondientes, el alcalde ordenó a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, María Eugenia García, que proyectara una solicitud de revocatoria directa.

Contexto:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial