Mediante Auto fechado el pasado 31 de mayo, la procuradora regional de Bolívar, Ítala Pedrazzini Losada, ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del exalcalde designado Sergio Londoño Zurek, la presidenta ejecutiva de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias -Corpoturismo, Zully Salazar Fuentes, y el director de la Dirección General Marítima -Dimar, contraalmirante Mario Germán Rodríguez Viera, por presuntas irregularidades en la concesión del Muelle de la Bodeguita.
La decisión del Ministerio Público, que involucra igualmente al capitán del Puerto de Cartagena, Pedro Javier Prada Rueda, se tomó en atención a una queja interpuesta el pasado 2 de febrero por el abogado y dirigente cívico Wilman Herrera Imitola.
En su queja, el conocido abogado actuando en representación de las poblaciones insulares de Caño del Oro, Punta Arena, Bocachica y Tierrabomba, entre otros, señaló que el pasado 25 de diciembre la directora de Corpoturismo, Zully Salazar, de manera inopinada, inició ante la Capitanía del Puerto de Cartagena los trámites para la entrega en concesión de una parte del Muelle de la Bodeguita, lo cual causó el rechazo de varios sectores locales.
De hecho, antes de vencerse el plazo para que quienes consideraran que la proyectada marina podría causarles algún perjuicio presentaran ante la Dimar la respectiva oposición, el mismo Herrera Imitola, al igual que Roberto Carlos Martínez Méndez, representante legal de la sociedad Corredor Turístico de Cartagena de Indias S.A., promotor del Condominio Náutico de Tierrabomba, radicaron sendas acciones.
En concepto de Herrera Imitola, las comunidades afrodescendientes de la zona insular tienen unos derechos adquiridos desde el gobierno de Alberto Barboza Senior, ya que este, mediante decreto, les concedió como lugar de embarque y desembarque de sus lanchas el entonces Muelle de los Pegasos (leer ‘Crece rechazo a la construcción de una gran marina sobre la Bahía de la Ánimas‘).
«Nosotros consideramos que el acto administrativo 022 del 28 de julio del 2004, firmado por el entonces alcalde Alberto Barboza Sénior, donde se autoriza la salida y atraque de todas las embarcaciones menores que transportan pasajeros desde el Muelle de la Bodeguita, hasta los corregimientos insulares, está aún vigente y tiene validez, y debe tenerse en cuenta al momento de tomarse alguna determinación sobre ese cuerpo de agua», manifestó el líder cívico.
Para Herrera, llevar a cabo un trámite de esta naturaleza, «desconociendo los derechos fundamentales de las comunidades afrodescendientes de Caño del Oro, Bocachica, Punta Arena, Tierrabomba y demás, sería atentar contra normas internacionales que defienden los intereses de estas comunidades, como es el convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia a través de la Ley 21 del 91».
«No acatar esas normatividades, que se convierten en un derecho que tienen las comunidades afros de defender su territorio, a través del proceso de Consulta Previa, es prevaricar», expresó el abogado; «por ello la Fiscalía abrió investigación sobre el particular, y consideramos que los servidores públicos estaban infringiendo las normas disciplinarias; por eso, la Procuraduría Regional de Bolívar también les abre indagación preliminar».
Según Herrera, con las investigaciones disciplinarias y penales abiertas «las comunidades insulares de Cartagena buscan demostrar que tanto el exalcalde Londoño Zurek, como la directora de la Corporación de Turismo, Zully Salazar, el capitán de Puertos y el director de la Dimar han infringido todas las normas».