¿Y la JEP qué?
Por Gabriel Jaime Dávila Gómez *
Los nuevos cargos anunciados por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores reabren una pregunta que Colombia no puede esquivar: ¿qué relaciones existieron entre sectores del poder venezolano, las FARC y el ELN, y desde cuándo eran conocidas por los gobiernos de la región?
El Departamento de Justicia estadounidense les atribuye, entre otros cargos, conspiración para cometer tortura, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Su acusación menciona presuntos vínculos con las FARC y el ELN.
Son imputaciones graves, pero siguen siendo alegaciones sometidas a un proceso judicial. La Corte Penal Internacional, por su parte, mantiene una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Son procesos distintos, con alcances y estándares propios.
Pero la pregunta colombiana va más allá de los cargos recién divulgados. La relación entre las FARC y el narcotráfico fue objeto de debate público durante las negociaciones de La Habana. Alejandro Ordóñez, entonces procurador general, advirtió que, si no se entregaban los bienes provenientes de esa actividad para reparar a las víctimas, el proceso podía convertirse en una “gigantesca operación de lavado de activos”.
En otra oportunidad lo calificó como “la operación de lavado de activos más grande del mundo”. Su advertencia no prueba que el acuerdo haya sido una operación criminal. Sí demuestra que el problema de los bienes, las fortunas y la reparación fue planteado públicamente antes de la firma del acuerdo. La historia la dio la razón a Ordoñez.
Por eso cabe preguntar, con toda firmeza: ¿qué hizo el Gobierno de Juan Manuel Santos frente a esas advertencias? ¿Qué información tenía sobre el patrimonio de las FARC, sus presuntas redes de narcotráfico y sus relaciones fuera de Colombia? ¿Qué verificó antes de cerrar el acuerdo? ¿Qué garantías concretas obtuvo para que los recursos derivados de delitos se destinaran a reparar a las víctimas? ¿Qué quedó consignado en los informes de inteligencia, en las actas de negociación y en las comunicaciones entre el Gobierno y sus representantes?
Santos presidía el Gobierno que negoció el acuerdo. Aparece una pregunta: ¿su cautela sirvió para cerrar la investigación política?
Si durante años se formularon advertencias sobre dinero ilícito, narcotráfico y reparación, el país tiene derecho a conocer qué respuestas dio el Gobierno y con qué evidencia respaldó sus decisiones.
La pregunta puede formularse de manera aún más directa: ¿el proceso de paz terminó facilitando la ocultación de la verdad sobre los crímenes y las fortunas de las FARC?
Pregunto si se investigó suficientemente; si el Estado conocía la dimensión de esos bienes; si los máximos responsables entregaron información completa; y si el acuerdo dejó vacíos que hoy impiden saber quién se benefició de décadas de narcotráfico y violencia.
También se debe revisar la legitimidad política del trámite posterior al plebiscito. El resultado oficial de octubre de 2016 dio la victoria al NO por un margen estrecho. Luego hubo «renegociación» y se firmó un nuevo acuerdo.
Una pregunta exigente y sustentable es otra: ¿cómo interpretó el Gobierno el mandato ciudadano, qué cambios introdujo y cómo explicó que el acuerdo revisado respondía a las objeciones de quienes votaron NO?
¿Y la JEP qué? La JEP sí ha investigado secuestros y otros crímenes de las FARC; determinó responsabilidades y en 2025 impuso al antiguo Secretariado la pauperrina sanción propia máxima de ocho años de trabajos restaurativos, con restricciones de derechos y libertades.
Ese avance no cancela las preguntas de las víctimas. ¿La verdad entregada fue plena? ¿Se estableció el destino de los bienes ilícitos? ¿Las sanciones se cumplen de forma efectiva? ¿La reparación está llegando a quienes padecieron secuestros, torturas, violencia sexual, reclutamiento de menores y desapariciones?
Y surge otra pregunta: si en una investigación estadounidense aparecieran pruebas pertinentes sobre relaciones entre las FARC, el narcotráfico y actores del poder venezolano, ¿podría Estados Unidos solicitar el testimonio de Juan Manuel Santos?
Jurídicamente existen mecanismos de cooperación entre los dos países para pedir declaraciones y otras pruebas. Que una solicitud pueda tramitarse no significa que Santos esté acusado, ni que cualquier aspecto de la negociación sea competencia de la justicia estadounidense.
La pregunta solo tendría relevancia judicial si surgieran elementos concretos vinculados con delitos bajo jurisdicción de ese país.
La paz no puede ser sinónimo de olvido, y la justicia transicional no debe convertirse en una barrera para esclarecer el destino de los bienes, las redes que hicieron posible la violencia y las responsabilidades de quienes tomaron decisiones.
Las preguntas deben investigarse con documentos, testimonios y pruebas; sin condenar de antemano, pero también sin aceptar que el paso del tiempo cierre el debate.
- ¿Qué sabía Juan Manuel Santos de las relaciones que hoy se investigan?
- ¿Qué le advirtieron sobre el narcotráfico y los bienes de las FARC?
- ¿Qué hizo su Gobierno para verificarlo y garantizar la reparación?
- Y la JEP: ¿qué ha esclarecido y qué sigue pendiente?
Hacer esas preguntas no es declarar culpable a nadie. Es exigir que la verdad no dependa de conveniencias políticas y que los crímenes, sus responsables y sus beneficios económicos no se borren de la memoria del país.
* Ingeniero de Sistemas; especialista en Planeación Estratégica y Prospectiva; especialista en Contratación Estatal. Consultor y Articulador Netxus-IA; E-mail: gabriel.jaime.davila.gomez@gmail.com
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