
Por Germán Fonseca Castillo *
Continuando con el relato de los procesos de protección y conservación del patrimonio histórico-arquitectónico en Cartagena, retomo a partir del Plan de Desarrollo Urbano 1978-1990, que otrora connotaban normativas de ordenamiento territorial, algo muy diferente a los planes de gobierno de la actualidad (leer ‘La larga marcha del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Cartagena – I‘ y ‘La larga marcha del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Cartagena – II‘).

En 1979, siendo director de la Corporación Nacional de Turismo Raymundo Angulo Pizarro, se complementó el estudio de la Universidad de los Andes, se analizó el impacto de las intervenciones realizadas bajo los preceptos de las normas anteriores y fue adicionado al Plan de Desarrollo entonces vigente.
Los ajustes introducidos fortalecieron la reglamentación patrimonial y se convirtieron en el fundamento utilizado por cerca de los 20 años siguientes. Durante ese lapso se dieron sucesos de alto impacto en la organización de la ciudad y en la catalogación del patrimonio dentro el ordenamiento del territorio.
El primero de ellos, la declaratoria de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad en 1984, distinción que conllevó a la asesoría y el encuentro técnico de la Unesco en 1989 mediante el cual interactuaron expertos internacionales, nacionales y locales para evaluar el impacto de la declaratoria, analizar las amenazas posibles y proponer normas de protección a los inmuebles históricos.
El segundo, la promulgación en 1991 de la nueva Constitución de Colombia y la protección al patrimonio natural, cultural e histórico mediante mandatos directos que obligan al Estado a su conservación. En ese mismo año se dio el tercer suceso de especial relevancia: la creación de Cartagena como Distrito Turístico y Cultural, dotándola de un estatuto especial y reorientó la planeación hacia la industria turística con papel protagónico de su riqueza patrimonial tangible e intangible.
El panorama emanado de incluir la ciudad en la Lista del Patrimonio Mundial y el nuevo marco administrativo como Distrito generó una sinergia de reconocimiento y valoración que desembocó en el reglamento de manejo materializado, con renovados preceptos normativos, en el Acuerdo 06 de 1992, incorporado a su vez al Plan de Desarrollo vigente y luego en 2001 integrado al Decreto 0977 o Plan de Ordenamiento Territorial -POT – emitido por el entonces alcalde Carlos Díaz Redondo, que a la fecha conserva su vigencia conjuntamente con otras normas modificatorias y complementarias.
Para esos mismos tiempos la legislación nacional adquirió notorio dinamismo con la expedición de la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, y la creación del Ministerio de su mismo nombre. Esta ley fue modificada por la Ley 1185 de 2008 que estableció la incidencia de la Nación en todos los niveles territoriales y sus facultades para fijar lineamientos técnicos y administrativos obligatorios.
De ello se desprenden procesos de valoración, instancias de competencias, unificación de criterios y trámites que dieron pie a las normas para los Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP – y los Planes Especiales de Salvaguardia -PES – del ámbito nacional y territorial, en los que Cartagena figura de manera interesante; lo cual trataré en próxima entrega.
* Arquitecto restaurador, especialista en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y actual miembro de la Sociedad de Arquitectos de Colombia; exdirector del Departamento de Valorización y exsecretario de Servicios Administrativos; exdirector de Corvivienda y exsecretario de Obras Públicas del Distrito.
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