Por Agustín Leal Jerez *
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2025, notificada al Distrito de Cartagena el 8 de mayo de 2026, concluyó que fueron vulnerados los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público por parte del Distrito de Cartagena, la Dirección General Marítima -Dimar – y la empresa Operaciones Técnicas Marinas S.A.S. -OTM.
Como consecuencia de esta decisión, el Tribunal ordenó suspender la concesión marítima otorgada por la Capitanía de Puerto de Cartagena mediante las Resoluciones 0196 de 2022 y 0097 de 2023.
Asimismo, dispuso la restitución de la Calle del Pirata y de la zona de bajamar ocupadas por OTM, incluyendo la demolición de las construcciones que invadan el espacio público.
El aspecto central de la sentencia radica en que el Tribunal encontró plenamente acreditado que una parte significativa de la Calle del Pirata, reconocida como vía pública, fue incorporada al área concesionada a OTM, restringiendo el acceso de la comunidad a la Bahía de Cartagena.
Según la providencia, la vía posee una longitud aproximada de 475 metros y no los escasos 4,20 metros que fueron considerados por la Dimar en sus actuaciones administrativas.
La corporación judicial también concluyó que la concesión otorgada por la autoridad marítima permitió el uso exclusivo de un bien de uso público durante 20 años para actividades privadas, afectando tanto el carácter público del espacio como el acceso de la ciudadanía a la Bahía.
Respecto de la Dimar, la sentencia es particularmente severa. El Tribunal consideró que la entidad incumplió su deber legal de protección de los bienes de uso público y terminó autorizando una concesión incompatible con el uso común que debe garantizarse sobre la zona de bajamar y la vía pública involucrada.
Estos hechos ya habían sido advertidos en nuestra columna titulada ‘¿Puede la Dimar dar en concesión una vía pública del Distrito de Cartagena?‘ (hacer click).
Allí expusimos cómo la Dimar, con el respaldo de actuaciones provenientes de la Secretaría de Planeación Distrital, venía otorgando concesiones que desbordaban el marco jurídico aplicable al ordenamiento territorial y a la protección del espacio público.
Por ello, aunque el Distrito de Cartagena haya apelado la sentencia alegando, entre otras razones, que no es responsable del otorgamiento de la concesión, resulta difícil desconocer que el origen administrativo del problema se encuentra en actuaciones distritales que sirvieron de soporte al trámite adelantado por la Dimar.
En particular, el oficio AMC-OFI-0020609-2017 del 13 de marzo de 2017, expedido por la Secretaría de Planeación Distrital, certificó que el proyecto no generaba inconvenientes para el Distrito ni para la comunidad.
Para sustentar dicha conclusión se acudió, entre otros argumentos, a la afirmación de que la Calle del Pirata no figuraba dentro del Plan Vial del Plan de Ordenamiento Territorial.
Ese argumento resultó jurídicamente equivocado. La existencia de una vía pública no depende exclusivamente de su representación gráfica en un plano del POT. Como lo reconoció posteriormente el propio Tribunal, la Calle del Pirata cumplía funciones evidentes de acceso público y se encontraba identificada en la cartografía catastral oficial como la Diagonal 23.
Aunque con posterioridad distintas dependencias distritales intentaron corregir esa interpretación y adoptaron actuaciones dirigidas a la defensa del espacio público, para entonces el daño institucional ya estaba hecho.
La certificación emitida por Planeación sirvió de fundamento para que la Dimar continuara el trámite concesional y terminara otorgando derechos de uso exclusivo sobre un espacio cuya naturaleza pública era conocida por las autoridades.
Por esta razón, consideramos que la responsabilidad declarada por el Tribunal respecto del Distrito no puede descartarse de manera tan sencilla. Si bien la Dimar fue la autoridad que finalmente otorgó la concesión, el proceso contó con actuaciones administrativas distritales que contribuyeron a hacer posible una decisión que hoy la justicia considera lesiva de los derechos colectivos.
La lección que deja este caso es clara: ninguna autoridad puede disponer de bienes de uso público ignorando la realidad física, social y jurídica del territorio. Menos aún -como en este caso – cuando se trata de una vía pública que garantiza el acceso de una comunidad a la Bahía de Cartagena.
La protección del espacio público exige coordinación institucional, rigor técnico y respeto por los principios constitucionales que privilegian el interés general sobre cualquier aprovechamiento particular.
Pese a ello, la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar resulta meliflua e insuficiente. Aunque reconoce la vulneración de los derechos colectivos y cuestiona la actuación de las autoridades involucradas, no adopta una decisión definitiva sobre la concesión, limitándose a ordenar su suspensión.
En otras palabras, deja abierta una discusión jurídica que exige una respuesta más clara y concluyente respecto de la competencia de la Dimar para intervenir sobre espacios públicos que forman parte de la estructura vial del Distrito.
Sin embargo, la providencia constituye un importante llamado de atención a todas las entidades involucradas. El espacio público no puede convertirse en víctima de interpretaciones administrativas equivocadas ni de vacíos de coordinación institucional.
Cuando ello ocurre, no solo se vulneran derechos colectivos, sino que también se erosiona la confianza ciudadana en las autoridades encargadas de protegerlos.
Precisamente, previendo el alcance limitado de una eventual decisión en sede de acción popular, desde esta tribuna promovimos oportunamente una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado, con el propósito de que desaparezca definitivamente del ordenamiento jurídico este acto administrativo que consideramos contrario a la Constitución y a la Ley.
Adicionalmente, dicha demanda busca corregir algunos errores técnicos y jurídicos que terminaron incorporándose al debate de la acción popular.
Uno de ellos se refiere a las dimensiones de la Calle del Pirata. Durante el trámite de la acción popular, y con la anuencia de la Secretaría de Planeación Distrital, el ancho de la vía terminó estableciéndose en diez metros.
Sin embargo, el propio Plan de Ordenamiento Territorial prevé para esta categoría de vías de penetración a barrios una sección vial de trece metros, circunstancia que resulta determinante para definir con precisión el alcance del espacio público afectado y las áreas indebidamente ocupadas.
Con nuestra demanda presentada ante el Consejo de Estado esperamos que se establezcan reglas claras sobre los límites de la competencia de la Dimar en el Distrito de Cartagena y, especialmente, que se reafirme la primacía del ordenamiento territorial de la ciudad sobre cualquier interpretación administrativa que pretenda favorecer intereses particulares en detrimento del interés general.
Lo que está en juego trasciende el caso de la Calle del Pirata. Se trata de definir si el ordenamiento territorial aprobado democráticamente por la ciudad puede ser desplazado por decisiones administrativas sectoriales o si, por el contrario, debe prevalecer como instrumento fundamental para la protección del espacio público, la seguridad jurídica y el desarrollo ordenado del territorio.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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