Por Daniel Flórez Muñoz *
Hace unos días, a través de diferentes medios de comunicación, circuló un video en el que Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, anunciaba una ruptura al interior de las disidencias de las FARC, las cuales venían operando bajo la denominación de Estado Mayor Central -EMC.
Mordisco reclamaba para su facción el liderazgo total de este grupo insurgente y desconocía a los representantes que venían participando de los diálogos de paz promovidos por el Gobierno Nacional, dejando un panorama de incertidumbre frente a la continuación de los diálogos con este actor y del respectivo cese al fuego.
Toda esta situación, aunada al recrudecimiento de los hechos atroces en el Departamento de Bolívar y la falta de claridad de los responsables de los mismo, nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son actualmente los grupos armados en Colombia?
En esta columna intentaremos avanzar en una suerte de ‘radiografía’ de algunos de los principales grupos armados en el territorio nacional.
Los actores del conflicto armado en Colombia presentan un complejo entramado de intereses y dinámicas que han transformado profundamente el panorama sociopolítico del país, en especial en la Región Caribe. La consolidación y expansión de estos grupos armados organizados plantea desafíos significativos para la paz y la seguridad ciudadana.
Las distintas naturalezas de los actores armados, sumado a sus patrones criminales territoriales, las dinámicas económicas que soportan su actuar criminal y las circunstanciales alianzas estratégicas que realizan de forma diferencial en los territorios, hacen que el camino a la paz sea un camino complejo a la vez que exige una perspectiva de negociación en clave territorial.
De forma puramente esquemática podríamos distinguir, en principio, dos tipos de actores armados: 1. Altamente ideologizados; y 2. Poco ideologizados. Dentro del primer grupo tenemos a las guerrillas de los 60 y sus derivaciones.
Por ejemplo, el Estado Mayor Central -EMC – de las Farc-EP, el cual emerge como uno de los principales actores disidentes tras la firma del acuerdo de paz de 2016. Este grupo, liderado por figuras como Iván Mordisco y Calarcá, ha logrado expandir su influencia territorialmente, abarcando un total de 209 municipios en 22 departamentos. Su capacidad operativa se evidencia en las múltiples acciones armadas registradas, especialmente en el Cauca, lo cual subraya la dificultad de establecer un cese al fuego efectivo con este grupo. Insisten en la herencia ideologica dejada por Manuel Marulanda y presentan su actuar como reclamaciones asociadas al tema de la irresuelta cuestión agraria y la resistencia al capital imperial.
Por otra parte, tenemos a la Segunda Marquetalia, comandada por antiguos negociadores de La Habana como Iván Márquez, representa otro foco significativo de disidencia. Este grupo ha consolidado su presencia principalmente en la frontera colombo-venezolana y en regiones del Pacífico y la Amazonía, operando a través de estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
La reciente apertura de negociaciones con el gobierno colombiano, a pesar de los retos jurídicos y operativos, marca un avance crucial, aunque aún frágil en la búsqueda de una solución política. Este grupo asume como principal eje ideológico la irresuelta cuestión agraria y la necesidad de una apertura política a nuevos actores en clave al acuerdo de paz, a su juicio, incumplido por el Estado colombiano.
Finalmente, el Ejército de Liberación Nacional -ELN, la guerrilla más antigua de Colombia, ha mostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. Con una presencia en 231 municipios y una fuerza estimada de 6.000 integrantes, el ELN sigue financiando sus actividades a través de un variado portafolio económico que incluye tanto actividades legales como ilegales. Su estructura militar, a diferencia de las Farc, no es jerarquica ni estructurada; opera como nodos o una confederación de frentes.
La reciente firma de un cese al fuego y el acuerdo de participación política son avances importantes, aunque la autonomía regional de sus frentes presenta desafíos significativos para la consolidación de una paz duradera. Esta guerrilla retoma importantes banderas asociadas con discusiones energéticas (p.ej: minería), sindicales y ambientales.
Otro tipo de actores los representan aquellos grupos que operan sin una plataforma ideológica o agenda política concreta. En este grupo se destaca el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas (antes llamadas Urabeños o Clan Úsuga), el cual viene actuando como un holding criminal, y que ha logrado infiltrarse profundamente en las estructuras institucionales y políticas de Colombia asegurando un acceso a rentas legales e ilegales. Este grupo, con una presencia en 316 municipios de 24 departamentos, ha diversificado sus fuentes de financiamiento a través de actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de migrantes, consolidando un control territorial significativo. Su capacidad de operar como un «paraestado» en ciertas regiones resalta la necesidad urgente de una intervención estatal más eficaz y coordinada, no existe claridad en torno al número de miembros reales. Su ausente eje ideológico lo hace un actor con capacidad de adaptarse a los diferentes modelos y perfiles de gobiernos locales y departamentales, en el marco de “gobernanzas armadas”.
En el Caribe colombiano, la confluencia de múltiples grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado ha generado un escenario de constante inestabilidad y un verdadero desafío para la construcción de paz y seguridad ciudadana. La presencia del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, junto a facciones disidentes de las antiguas Farc y el ELN, complica aún más el panorama. A esto se suman organizaciones criminales regionales y transnacionales como el Tren de Aragua y diversos cárteles de droga, que se disputan el control de territorios estratégicos y recursos económicos. El impacto de estos grupos en la vida cotidiana de los habitantes del Caribe es profundo. Las prácticas de extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación son fuentes de financiamiento que perpetúan el ciclo de violencia y subdesarrollo.
Sin lugar a dudas, la pluralidad de actores de diferentes naturalezas, con diferentes tipos de demandas y modelos de operación militar, aunado a la reducida infraestructura institucional local y departamental para la paz y la seguridad ciudadana son los principales desafíos para una verdadera paz estable y duradera en Colombia.
* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.
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