Por Juan Correa Reyes *
El pasado mes de marzo fui invitado por el entonces presidente del Consejo Territorial de Planeación -CTP, Miguel Caballero, a disertar sobre el impacto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 sobre el Distrito de Cartagena de Indias, lo cual se convirtió en un animado conversatorio que se desarrolló durante toda una mañana en el Claustro de la Merced en la Universidad de Cartagena.
Después de lo anterior fui invitado por la nueva presidente del CTP, Yimara Marimón, para conformar un equipo de expertos que asesorara a los integrantes de la entidad. Según sus palabras, su deseo es que ese equipo estuviera conformado por los profesores de la Universidad de Cartagena Camilo Rey, Emilio Molina y mi persona, quienes seríamos acompañados por los expertos Orlando Ortiz Llanos y Edith Salas Osorio. Y su fin sería, como igualmente dijo, estudiar el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial -POT – de Cartagena y asesorar al CTP durante el proceso de emisión de su concepto sobre dicho plan.
De inmediato les informé a los miembros del CTP mis cuestionamientos al proceso de construcción del documento del POT y, en general, al contenido formal del proyecto, y les sugerí que mejor designaran a otro asesor que no levantara molestias en la Secretaría de Planeación. No obstante, la Dra. Marimón insistió en que fuera mi persona, pues aun cuando los recursos del convenio de la Universidad fueron provistos por la Secretaría de Planeación, ellos eran autónomos para las designaciones, y además mi nombre contaba con el respaldo del CTP, lo cual me ratificó vía chat el presidente anterior, Miguel Caballero.
Sin embargo, días más tarde me enteré que mi nombre y el de la doctora Salas Osorio habían sido vetados por la Secretaría de Planeación, dizque porque la coordinadora del POT, Sandra Bacca P, consideraba que no teníamos la experiencia necesaria en el tema.
No obstante, a mediados del mes de julio, la Dra. Marimón me informó que finalmente mi nombre había sido aceptado por el secretario de Planeación, pero que el de la Dra. Edith Salas Osorio permanecía vetado, sin que se conocieran las razones de ello. Ante esta situación, opté por manifestarle que me encontraba con problemas de salud, como en efecto ocurría, y que le respondería cuando me recuperara.
Durante mi enfermedad tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre este proceso y la construcción de los documentos, llegando a las siguientes conclusiones:
Vicios insubsanables del proyecto de POT (2023)
Cuando se examina su proceso de diagnóstico, formulación y reglamentación, el POT presenta dos vicios insubsanables -a mi juicio – como son:
1- Carencia de un informe de seguimiento y evaluación que compile los informes anuales que debió haber realizado la Secretaría de Planeación con el acompañamiento y validación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial -CCOT.
Esta situación es insubsanable porque el proceso de elaboración del proyecto fue iniciado por la Administración Dau sin haber procedido a la conformación del CCOT y solo fue en 2023 cuando, a instancias de las organizaciones sociales, se procedió a elegir a sus miembros, cuando ya el Diagnóstico y el Componente General del POT se encontraban formulados. Esto ha sido denunciado por el consejero Róbinson Rada y ha sido ignorado por completo por la Secretaría de Planeación, creyendo que con esa actitud sanea el proceso.
2- Insuficiente concertación ciudadana del proyecto: de acuerdo al modus operandi establecido por la Secretaría, se organizan reuniones donde se invita a distintos sectores sociales y económicos, se les hace una única presentación con diapositivas del Proyecto de POT, la cual, dada su extensión, la moderadora Sandra Bacca nunca alcanza a exponer de manera completa, y se exponen los mismos dos mapas en papel. Finalmente, las inquietudes, críticas y preguntas de los asistentes son trasladadas para resolverlas en una nueva reunión que se promete a agendar. Y, mientras, el proceso sigue avanzando.
Esta situación es insubsanable porque, como advierten los representantes de las minorías étnicas certificadas por el Gobierno Nacional, no existe ningún acuerdo firmado con estas comunidades para preservar sus territorios y se les proteja contra el despojo o la gentrificación. Dado lo anterior habría que revertir todo el proceso. Esta es una norma imperativa establecida por el Acuerdo de Escazú, aprobado en 2022.
3- Incumplimiento legal en la divulgación del proyecto: a pesar de los cuantiosos recursos invertidos en la campaña de marketing digital #POT VA PA LANTE, la digitalización de la información ha desconocido la realidad de la ciudad, ya que según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida, solo el 38% de los cartageneros tiene acceso a internet .
A esta restricción o limitación se debe agregar la obligación legal que ha desconocido la Secretaría de Planeación desde agosto de 2022, cuando hizo públicos los primeros documentos de diagnóstico: es su deber legal establecer un puesto o punto de información abierto a la ciudadanía donde no solo se puedan apreciar los documentos en físico sino que se pueda también consultar a funcionarios sobre el sistema de información geográfica para verificar el impacto de los cambios normativos sobre las áreas de residencia o de emplazamiento productivo. Esto lo hemos venido advirtiendo en nuestros artículos en Revista Metro a la Administración, los cuales se han hecho llegar a los funcionarios responsables, pero se ha hecho caso omiso al cumplimiento de esta obligación.
4- Desconocimiento ciudadano del texto oficial del proyecto POT (2023): Cuando se comparan los textos que fueron remitidos y devueltos en dos ocasiones por las autoridades ambientales (y que se encuentran descritos en las cartas de devolución), con los documentos publicados en la página web del POT, se evidencia una clara diferencia en cuanto a volumen de páginas. Es claro que son documentos distintos.
Entonces, es muy difícil para la ciudadanía estudiar el proyecto pues parecen existir varias versiones oficiales. A esto se debe agregar que actualmente la Secretaría solicitó un plazo de un mes adicional para presentar un nuevo proyecto a las autoridades ambientales, pues por razones no divulgadas se venció el plazo inicial sin que el equipo técnico del POT, dirigido por la Dra. Sandra Bacca, fuera capaz de presentar oportunamente un proyecto que cumpliera con la normatividad vigente exigida por las autoridades ambientales.
5- Escasa evidencia de la incorporación de las propuestas ciudadanas: Uno de los factores que la Secretaría de Planeación presenta como fortaleza del proceso es la recopilación de mas de 12 mil propuestas ciudadanas. Sin embargo, no se conocen respuestas de la Secretaria a los proponentes ni su incorporación en el texto del proyecto, que supera las 3.000 páginas.
Así mismo, una de las carencias que tiene el actual documento conocido (mayo 2023) es que no incluye un documento (Memoria Justificativa) que revele cuáles son (a) los cambios que la Secretaría de Planeación propone introducir en las normas vigentes y (b) los argumentos que lo justifican. Lo anterior, pese a que es obligatorio al tenor de las disposiciones vigentes, pero lo cual hasta el momento han eludido, con el cuento de que van «P’a Lante» sin que exista una clara explicación a la sociedad cartagenera de las razones técnicas o de los intereses socioeconómicos que buscan alcanzar. Esto significa que nadie sabe a ciencia cierta si han incluido sus pretensiones y tampoco cuáles son los intereses creados que tiene la Secretaría de Planeación, o la Administración en su conjunto, en la apresurada aprobación.
6- Un proyecto de POT ‘Abierto’: el secretario, en su afán de convencer a sus críticos de que la Administración está dispuesta o abierta a la concertación, ha propagado una frase “no hay problema, el POT puede modificarse hasta el día antes del último debate en el Concejo Distrital”, con lo cual surge un serio interrogante: ¿cómo puede concertarse con la autoridad ambiental un proyecto POT y después modificarse para complacer a una comunidad o a un grupo empresarial?
Con esto último no solo se evidencia lo que dice el refrán, “No se puede servir a dos señores”; y además se corre el riesgo de que al modificar un texto en uno de los documentos se generen contradicciones en la interpretación de las normas aprobadas. Por lo tanto, este nuevo POT tendría más imprecisiones y errores que el existente, lo cual no podría usarse para justificar la aprobación rápida de cualquier proyecto por estar obsoleto; pero de esta administración cualquier cosa puede esperarse.
7- ¿Un proyecto plagiado?: Desde cuando el líder cívico Tomás Batista, entonces director de la Corporación Bolívar Visible, denunció que los planes de desarrollo del Distrito de Cartagena y del municipio de Magangué eran un “corta y pega” de sus textos en las administraciones de Campo Elías Teherán (q.e.p.d.) y Marcelo Torres, no se había repetido en nuestra ciudad una vergonzosa experiencia como esa.
Ahora, un nuevo hecho agrava lo anterior: la documentada denuncia del portal La Contratopedia Caribe (leer ‘El copia y pega en el POT que Dau radicará ante el Concejo‘) sobre un importante grado de “corta y pega” de textos no citados de Planes de Ordenamiento Territorial de otras ciudades del país, a pesar de haber invertido o gastado durante el periodo de desarrollo del proyecto (2020-2023) mas de $13 mil millones en estudios y asesorías (leer ‘Lo que le ha costado al Distrito el nuevo POT de Cartagena‘).
Esta inaudita situación solo fue respondida por el secretario de Planeación con una carta proyectada por una asesora externa, y revisada por la coordinadora del POT, Sandra Bacca, aduciendo la definición de “plagio” de la Real Academia de la Lengua, justificando los ‘corte y pega’ por corresponder a normas generales tomadas sin cita, y agradeciendo el señalamiento de la imprecisión de haber colocado el termino “municipio” en lugar del correspondiente “distrito” (leer ‘Carta del secretario de Planeación).
Se repite la historia de cuando el secretario, después de haber recibido devuelta la documentación presentada ante las autoridades ambientales en dos ocasiones, se fue a la Comisión del Plan del Concejo a sostener que el POT no había sido devuelto, porque eso solo era un proyecto; y después, en aras del marketing digital, se fue al diario El Universal con la misma historia, la cual no representa una aclaración sino una ‘posverdad’ criolla.
Sobre el veto a la Dra. Edith Salas Osorio debo observar: se trata de un inaceptable atropello a una profesional con una excelsa hoja de vida (hacer click). Esto resulta paradójico, ya que Sandra Bacca una funcionaria provisional de la Secretaría que está en el cargo sin mérito distinto a ser la recomendada de un exsecretario de Planeación. Todo sugiere, entonces, que las razones del veto no serían otras que la voluntad política, no se sabe si del secretario o de la misma Bacca, quien es la coordinadora del POT.
Como puede verse en la hoja de vida anexada, la Dra. Edith Salas es una arquitecta con amplia trayectoria en el análisis y conservación del patrimonio histórico de Cartagena; exfuncionaria distrital en la Secretaría de Planeación y con amplia experiencia como directiva de varias entidades distritales; fue miembro activo de la Sociedad de Mejoras Públicas durante mas de 25 años.
Cabe agregar que este tipo de atropellos, cometidos -casualmente – por unos foráneos, se han cometido en esta administración sin que las asociaciones profesionales se pronuncien, pero para mí sí es importante que se respete al talento local, por lo cual no me sentiría tranquilo analizando la propuesta del POT y el PEMP sin un experto con las calidades, los conocimientos y la experiencia de la Dra. Salas, máximo cuando los textos a examinar están entredicho, pues no pasaron la prueba del Turnitin®.
Considerando estos argumentos, creo necesario renunciar a participar como subcontratista al servicio del Consejo Territorial de Planeación, pues claramente estamos ante un proceso que camina dolosamente y aceleradamente hacia el fracaso, y en el eventual caso de que se alinien los astros para darle la mano al secretario y complacer al alcalde, será un proyecto que no resistirá el examen de la Justicia, pues además de los vicios insubsanables tiene múltiples errores de procedimiento que facilitan su demanda inmediata. No es sino leer la columna de Agustín Leal ‘Requiem por el POT de Cartagena‘ para concluir que así será.
Finalmente, creo que es importante que la ciudad despierte y no abrigue esperanzas en un proceso fallido y excesivamente costoso como el actual. En mi caso las he perdido desde comienzo de este año, cuando los interrogantes que públicamente he realizado al secretario de Planeación no han tenido respuesta alguna sino que, por el contario, he recibido unas descalificaciones que no merezco ni merece ningún cartagenero.
Sencillamente, por mi familia, mis alumnos, mis exalumnos y mis lectores, me permito informar que mi conciencia nunca ha tenido, no tiene y no tendrá jamás precio, por lo cual, considerando mis principios, me abstendré de ser subcontratista como Asesor del Consejo Territorial de Planeación.
A la Dra Yimara Marimon, presidenta del CTP, mis agradecimientos por la confianza otorgada a pesar de no conocernos con anterioridad. Y al secretario de Planeación, simplemente: “muchas gracias , secretario, pero no…”.
* Economista, MSS PhD, profesor titular de la Universidad de Cartagena