Por Danilo Contreras Guzmán *
El revuelo nacional causado por la visita de Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, a la cárcel La Picota, permite una radiografía de cuerpo entero de la realidad nacional e invita a exponer algunos puntos de vista sobre los retos que le esperan a la Nación.
A los pocos conciudadanos que de vez en vez tienen la paciencia de leer mis notas, no tengo que hacer expreso que votaré a Gustavo Petro, pues esa decisión democrática es pública hace mucho tiempo. Sin embargo, lo recalco considerando la posibilidad remota de nuevos lectores, de modo que quede claro que defiendo la legitimidad, el compromiso y la honestidad probada de esa aspiración.
Sentado lo anterior, empiezo por decir que, en un país como el nuestro, minado por trampas y subterfugios, por la violencia, el miedo y la estigmatización, uno entiende las suspicacias que la referida visita levanta entre ciertos sectores ciudadanos. Ese no es el problema. El problema radica en colegir de hechos cuya acreditación se fundamenta, por ahora, en reportes periodísticos, una condena pública y definitiva según la cual la visita del hermano del candidato Petro a La Picota ha tenido como finalidad la captura de votos a cambio de subrogados penales a personas presas por corrupción y otros graves delitos.
Por respetables que sean los informes de prensa que han presentado su versión a favor o en contra de las sindicaciones, existen serias contradicciones que cualquier ciudadano que acopie algo de reflexión crítica recogerá como circunstancias que merecen mayores claridades. Una condena desde el inicio, que ha llevado incluso a candidatos presidenciales como el señor Enrique Gómez a pedir la renuncia de su contendor Gustavo Petro, me parece una canallada con todas y cada una de sus letras.
No es a este servidor a quien corresponde acreditar si Petro es o no un traficante de votos por beneficios judiciales. Ya habrá tiempo para desmontar esa ruindad.
Pese a lo anterior, dejo a los lectores algunos interrogantes que planteó en comunicado público la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- -CIJP – que cito textualmente: “Mas allá de eso, surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué las fuentes del INPEC pretende relacionar a nuestro defensor de derechos humanos, Danilo Rueda, con la Comisión de la Verdad, cuando nunca le preguntaron de qué organización venía, y solo le dijeron que posiblemente en el patio ERE 2 no había visita, y segundos después le dieron el paso?, ¿Con qué propósito y quién hizo seguimiento a la visita y lo grabó en video?, ¿De donde salen unos chats con temas que nunca fueron abordados?, ¿Quiénes tienen dispositivos celulares dentro del centro carcelario?”.
Como dato que interesa a quienes sostienen que Petro negocia votos por beneficios, es importante saber que, por ejemplo, el señor Iván Moreno Rojas fue condenado a 24 años de prisión, y ha estado privado de la libertad desde 2011, esto es, unos 10 años y unos meses del 2022. Este dato es importante para determinar que eventualmente el señor Iván Moreno Rojas podría acceder a subrogados penales de libertad condicional en tiempo breve, de manera que los supuestos beneficios que son materia de conjetura no serian significativos.
Con lo anterior quiero señalar que el supuesto tráfico de “votos por subrogados” carece de significación sustancial.
Pero lo más importante es destacar que definitivamente se debate en el país la posibilidad de salir de una nación determinada por la irracionalidad del odio que ha marcado la política y el gobierno por más de dos décadas, u optar por la racionalidad del perdón y la reconciliación que se abre paso en una maraña de dificultades y trampas.
El viejo país del odio y la guerra alimenta la segregación, el racismo, la estigmatización, el miedo y el engaño. El país nuevo que propone el Pacto Histórico y que deseamos multitudes ciudadanas plantea una actitud de perdón para que la sociedad se defina por la edificación de un ambiente de reconciliación que es necesario para que la democracia prometida por la Carta de 1991 se realice a plenitud. Una democracia de derechos para todos, en vez de un régimen de privilegios inicuos que se traduce en hambre y violencia.
La política del perdón y la reconciliación, que ahora es descalificada por tergiversadores, no es un asunto ajeno a los grandes pensadores universales. Hegel, citado por Derrida, expuso en el siglo XIX: “Todo es perdonable salvo el crimen contra el espíritu, a saber, contra el poder reconciliador del perdón”; en ese crimen denunciado por Hegel incurren aún quienes quieren sostener la política del odio y de la guerra.
Se revela en la coyuntura que en nuestra sociedad existen personas que ni siquiera merecen una interlocución, por cuenta de padecer una condena judicial. Esa eventualidad me ha recordado lo que en su obra ‘Vigilar y castigar’ expresó Michel Foulcault: “El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables (tortura) a una economía de los derechos suspendidos”. El convicto, como el pobre, o el negro racializado, sin gentes sin derechos; en consecuencia, gente sin humanidad, lo cual no es posible en un Estado Social de Derecho.
El país, según entiendo, debe abandonar la dialéctica del odio y de la guerra y caminar por los senderos de la reconciliación, para lo cual hay que verificar diálogos imposibles.
Derrida, en alguna entrevista sostuvo: “si se quiere que el perdón devenga efectivo, concreto, histórico, si se quiere que ocurra, que cambie las cosas, es necesario que su pureza se comprometa en una serie de condiciones de toda índole (sicosociológicas, políticas, etc.). Es justo entre estos polos, irreconciliables pero indisociables, que hay que tomar las decisiones y las responsabilidades…”.
Por último, me parece definitiva esta propuesta de Derrida: “Igual si yo digo “no te perdono” a alguien que me pide perdón, pero yo comprendo y me comprende, entonces un proceso de reconciliación ha comenzado…”.
Yo le pido a mis conciudadanos no dejarse llevar por supersticiones. Ha llegado el tiempo de cambiar y de reconciliarnos.
* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.
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