La revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol: la presencia de un hacker dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI – con la aparente misión de interferir en el sistema electoral, no es un escándalo más.
Es -por los detalles revelados – la confirmación de que la agencia de inteligencia del Estado fue convertida, bajo el gobierno de Gustavo Petro, en un instrumento de persecución política y potencial fraude electoral.
Documentos internos de la propia DNI muestran que Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas contratado en febrero de 2024, no solo coordinaba activistas digitales, bodegueros y hackers, sino que tenía la misión explícita de vulnerar los sistemas de la Registraduría para alterar los resultados de la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
Que un funcionario con antecedentes de acceso abusivo a sistemas informáticos operara desde dentro de la inteligencia del Estado, con protección institucional, fue una gravísima y directa afrenta a la democracia.
Y, sobre todo, alcanza niveles de perversion cuando se examina el contexto. Oyola Tovar tenía una orden de captura vigente desde el 7 de mayo de 2026 por haber hackeado los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD – para falsificar notas y títulos, pero continuó en la DNI durante meses, bajo la sombrilla protectora del Ejecutivo. De hecho, según las investigaciones periodísticas, Oyola fue advertido de un allanamiento del CTI horas antes de la primera vuelta, del que logró escapar.
Según los informes, el día de la elección se encontraba en Madrid, desde donde, junto con su red, ejecutarían los ataques. Pero -según se supo – no fue un error de cálculo: fue la protección deliberada de un operador que, además, habría extraído una copia espejo del sistema de inteligencia más sensible del país. Por ello, la impunidad con la que actuó lo que revela es una estructura diseñada para burlar la justicia.
A todo ello, de por sí muy grave, se suma el plan de espionaje a expresidentes y exvicepresidentes de la República también revelado. El Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido en plena campaña, incorporó a la DNI en la asignación de vehículos de sus esquemas de protección, y lo que se pudo establecer es que la intención era instalar micrófonos y GPS para monitorear a los exmandatarios.
Una entidad de inteligencia no tiene función alguna en la logística de protección personal, salvo que el objetivo sea el control y la vigilancia política, lo que corrobora la perversa intención que se tuvo.
Estos hechos, sumados al hallazgo de una casa clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos, delata un pérfido uso del aparato estatal contra dirigentes opositores, periodistas y, en general, quienes no estaban bajo el control del llamado gobierno del cambio.
De acuerdo con lo que diversos analistas han coincidido en manifestar, el patrón es el mismo que ya se había denunciado con Wilmar de Jesús Mejía, el licenciado en Educación Física que Petro colocó en altos cargos de inteligencia estratégica de la DNI, pese a su absoluta falta de idoneidad.
Mejía, señalado en archivos de disidencias de las FARC y por investigaciones de Noticias Caracol por presunta filtración de información operativa a grupos armados, encarna la misma lógica: nombramientos por lealtad doctrinaria, política y personal, no por méritos profesionales.
Que un profesor de Educación Física y un hacker con orden de captura coincidieran en la misma entidad estatal no es casualidad; es el diseño de un gobierno que subordinó la seguridad nacional a los intereses del mandatario.
Lo ocurrido en la DNI bajo Petro no admite eufemismos. Se trató de un intento de instrumentalizar la inteligencia del Estado para intervenir elecciones, espiar a expresidentes y proteger operadores irregulares. Incluso, como se ha dicho en el caso de Mejía, para crear falsos positivos con el fin de justificar la intervención de EPS y cooperativas.
Pero hay algo que también debería ser motivo de reflexión: dirigentes petristas aseveran que las denuncias de intercambio de favores sexuales por contratos estatales han sido una cortina de humo para desviar la atención de los desaciertos del actual gobierno.
El hecho es que hoy se habla más, mucho más, de Deicy Jiménez que de Carlos Oyola, así que, si de cortina de humo se habla, la consecuencia más notoria del escándalo de los ‘sexocontratos’ es que, gracias a ellos, la gravedad del caso del DNI ha pasado de agache.
Sea lo que fuere, la democracia colombiana no puede permitirse que su aparato de inteligencia funcione como policía política al servicio de un proyecto particular.
Los documentos que soportan las investigaciones periodísticas ya están -o deberían estar – en poder de la Fiscalía, lo Procuraduría, la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Ahora corresponde a estas instituciones actuar con la severidad que el caso impone.
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