
Por Danilo Contreras Guzmán *
En los últimos lustros cada administración ha competido con la anterior en mediocridad, improvisación, desgreño y miopía en la visión del progreso de la ciudad y bienestar para la gente. Esa fatalidad ha configurado el estado de postración actual que se agravó por cuenta de la pandemia y sus contingencias materializadas en hambre galopante, desempleo abierto, informalidad creciente y reprimida sin brindar alternativas, protestas violentas, microtráfico, una atroz guerra sicarial en los barrios populares e intolerancia que impide el encuentro ciudadano. Todos los detonantes de lo que algunos denominan “bomba social”.
A ello hay que sumar que los grandes proyectos de desarrollo están ausentes y que los pocos que se implementan acusan demasiados contratiempos e inconsistencias.
El proyecto de Protección Costera, que tiene una importancia estratégica indiscutible y que avanza con sorprendente celeridad, es el ejemplo claro de un planteamiento que no se compadece con los retos que impone la adaptación climática de la ciudad y de otra importante arista: la preservación del patrimonio monumental que le otorga a Cartagena un sitial protagónico entre las metrópolis mundiales.
Afortunadamente, la discusión sobre las graves objeciones que el proyecto mencionado acusa se ha reabierto y su último capítulo estuvo marcado por la primera plana del periódico El Universal del 29 de marzo de los corrientes, en la que se formula como titular el siguiente interrogante: «¿Quién tiene la razón sobre concepto de presunta afectación de presunta al patrimonio?»
La respuesta ofrecida por el Gobierno a través de la ‘importada’ directora de Valorización Distrital a la inquietud planteada por el periódico local no podía ser más deplorable por lo siguiente: 1. Es exótico, por decir lo menos, que un problema referido a la eventual afectación del patrimonio monumental de la ciudad sea dilucidado por el Departamento de Valorización, que evidentemente carece de competencias y experticias al respecto. Por el contrario, la competencia legal para asesorar al alcalde en materia de patrimonio la tiene una institucionalidad colegiada especializada: el Comité Técnico de Patrimonio, que precisamente -en cumplimiento de sus deberes misionales – se pronunció en noviembre del año anterior expresando que el proyecto de Protección Costera pone en grave riesgo la declaración de Patrimonio Universal de la Unesco del conjunto monumental y arquitectónico del Centro Histórico. 2. La representante de Valorización, contraviniendo las evidencias que cualquier ciudadano observa, omite que las obras civiles constituidas por la acumulación de piedra y otros materiales arrojados al mar se produce en zona contigua a la calzada de la Avenida Santander y, en consecuencia, en zona de influencia del área de protección patrimonial, conforme lo explicaremos más adelante.
La Ley 1185 de 2008 establece claramente en su artículo 7º, numeral 2º, inciso 2º, que “la intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura…”, y en la actualidad esa autorización de la cartera de Cultura no existe.
Por lo que se ve, es muy probable que parte de ese material rocoso haya sido arrojado sobre un segmento de la denominada Escollera Sumergida de la Marina que va paralela al cinturón amurallado.
Importancia de los monumentos y su declaración como patrimonio universal por la Unesco
Como es natural, algunos ciudadanos que nos hemos atrevido a amplificar y denunciar las graves afectaciones que han causado las obras civiles mencionadas hemos sido calificados como enemigos del progreso de la ciudad, además de otras lindezas que no es del caso mencionar. Sin embargo, se olvida que uno de los factores que, precisamente, ha dinamizado el desarrollo de la ciudad ha sido la declaratoria de nuestro sistema de fortalezas, murallas y castillos como Patrimonio Universal de la Humanidad por parte de la Unesco en el año 1984.
El asunto no concierne solo a expertos en conservación del Patrimonio Arquitectónico y Monumental, sino que tiene profundos efectos socio económicos en el devenir de la modernidad de La Heroica, que bien podría denominarse ahora La Estoica.
En efecto, en una ilustrada ponencia del año 2006, denominada ‘Cartagena veintiún años después de ser declarada patrimonio mundial’, el arquitecto Alberto Samudio Trallero expone con detalle y erudición los pormenores de proceso de declaratoria de patrimonio universal que la Unesco concedió a la ciudad a través del ‘Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial en su 8ª sesión celebrada en Buenos Aires en noviembre de 1984′, así como las vicisitudes y éxitos que dicha declaración ha significado para la ciudad.
En tal sentido, y para referirse al salto cualitativo que sufrió la ciudad en términos urbanísticos y de desenvolvimiento de la actividad turística, el arquitecto Samudio expone que “el Convenio Andrés Bello y la Corporación Centro Histórico de Cartagena de Indias publicaron en marzo de este año un trabajo realizado bajo la dirección de Luis Alberto Zuleta J. y Lino Jaramillo G., titulado ‘Cartagena de Indias, impacto económico de la zona histórica’, cuyo objetivo central consistió en estimar la influencia de ese sector sobre la economía de la ciudad. Las encuestas para este trabajo efectuadas por las universidades de Cartagena y Jorge Tadeo Lozano Seccional del Caribe, demostró que un alto porcentaje de los hogares cartageneros tienen un gran sentido de pertenencia por el centro histórico y lo consideran como un instrumento de desarrollo económico”.
Y más adelante señala: “según el estudio, podría afirmarse que alrededor de la cuarta parte del gasto de los turistas es derivada de la atracción que sintieron, antes de venir, por el patrimonio histórico de la ciudad. Una proporción de esta cuarta parte del gasto la realizan directamente en la zona histórica mientras que otra es realizada por fuera de la misma. Sería entonces pertinente atribuir una parte del gasto de los turistas no gastado en la zona histórica, y del valor agregado correspondiente al mismo, como generados indirectamente por dicha zona el estudio afirma que por cada peso gastado por un turista en el sector comercio, se generan 3,6 pesos adicionales de producción en la ciudad. Como resultado los atractivos patrimoniales de Cartagena representan un valor agregado y una generación de empleo que participan con 3,8% y 5,0% respectivamente de las cifras para la ciudad. La zona histórica genera el 11,2% del valor agregado de la ciudad y el 8,4% de su mano de obra”.
Así las cosas, el tema de la preservación de los monumentos no es asunto exclusivo de expertos en monumentos sino de toda la ciudad, si se considera que para el año 2.019 “el sector turístico genera más del 30% de empleos en Cartagena, representado en empresas asociadas a la hotelería y comercio gastronómico; pero queremos que se pueda conocer desde otros sectores, las oportunidades que se generan y aun así ser partícipes del desarrollo turístico de la ciudad”, como afirmó Irvin Pérez, el entonces presidente ejecutivo de Corpoturismo.
Por lo anterior, es fácil colegir que cualquier negligencia en el manejo y conservación del patrimonio que implique el retiro de la declaración de la Unesco traería a la ciudad serias consecuencias en lo económico y, desde luego, en lo social.
Es por eso que a un mero cartagenero como el autor de estas líneas le ha causado extrañeza que haya sido el propio arquitecto Alberto Samudio Trallero, a quien no conozco personalmente, pero al que sigo con atención en lo referente a temas relacionados con el patrimonio histórico de la ciudad, se haya pronunciado el otro día en el mismo El Universal, contradiciendo el concepto rendido por el Comité Técnico de Patrimonio del Distrito, y haya sostenido que “las intervenciones son necesarias para la ciudad y no afectan el patrimonio”, cuando el PEMP MURCAS vigente, en armonía con lo previsto en la Ley 1185 de 2008, determinan todo lo contrario.
El pronunciamiento causa mayor extrañeza siendo que el arquitecto Samudio, en su documento citado escribió: “La semilla de ese ideal había sido sembrada por unos pocos cartageneros que alzaron sus voces de protesta cuando fue derribado un sector de sus murallas en las primeras décadas del siglo XX, dizque para mejorar el saneamiento de la urbe como puerto de escala de los barcos que cruzarían el Canal de Panamá y porque se consideraba la muralla como un obstáculo para el progreso de la ciudad que empezaba a despertar del letargo en que la sumió el Siglo XIX…”.
Ahora, frente a la muy probable afectación que causa el proyecto de Protección Costera, parece privilegiar las obras de ingeniería sobre la preservación del Patrimonio, con un argumento sorpresivo, pues al reconocer la existencia de la Escollera Sumergida de la Marina señala “que esta es la oportunidad para que la ciudad conozca de la existencia de la escollera submarina. En el caso de que se recupere la playa y la escollera quede debajo de la tierra, se puede construir un paseo peatonal. Se podría aprovechar para realizar una señalización en el suelo con una textura de piso diferente donde se muestre el paso de la escollera. Yo no creo que eso vaya a atentar contra el patrimonio, al contrario, se podría poner en evidencia la existencia de esa parte de las fortificaciones, que fue fundamental para garantizar la estabilidad de toda la muralla desde el baluarte Santa Catalina hasta el de Santo Domingo”; esto es, que el arquitecto Samudio acepta explícitamente el riesgo de que la playa que resultará del Proyecto de Protección Costera, muy probablemente sepulte definitivamente una estructura del Siglo XVII, que según la opinión de otros especialistas, hoy en día es funcional en cuanto a la finalidad de contener la intrusión de mareas hacia el Centro Histórico. (Subrayas fuera del texto) (leer ‘“Intervenciones de protección costera no violan el patrimonio”: experto‘).
La afectación del patrimonio por cuenta de obras de Protección Costera es flagrante y hace prever un duro pronunciamiento de la Unesco
El buen sentido de las cosas le indicaría a una institucionalidad distrital seria y solvente que era preciso atender las alertas emanadas del organismo de creación normativa que cumple el papel de asesorar al alcalde mayor en temas relacionados con la preservación del Patrimonio Monumental, como lo es el Comité Técnico de Patrimonio, compuesto por profesionales especialistas, de reconocida honorabilidad y conocimiento, que desde el mes de noviembre votaron casi que de manera unánime en el sentido de objetar el proyecto de Protección Costera por las graves afectaciones que podría causar, y que ya ha causado, al Patrimonio Monumental del Centro Histórico.
Digo «casi que de manera unánime«, puesto que, justamente, el delegado del alcalde William Dau Chamat, el anterior secretario de Planeación, cuyo nombre pocos recuerdan y que seguramente ya regresó a su ciudad de origen, se abstuvo de votar y mucho menos argumentar su abstención en el seno del Comité, conforme consta en las actas que en otras columnas he mencionado y compartido, una actitud que deja mucho que pensar.
La tesis que maneja el Comité Técnico de Patrimonio es que las obras de Protección Costera se realizan en el área de influencia del cordón de murallas y baluartes de la Avenida Santander y que, muy probablemente, se afectará la Escollera Sumergida de la Marina que va paralela al lienzo de murallas, justo en la zona en donde se realiza el enrocado que avanza aceleradamente.
El fundamento de ese planteamiento tiene asidero legal y urbanístico en lo previsto en el PEMP MURCAS vigente que en resumen señala “la delimitación del área afectada y la zona de influencia del cordón amurallado y del Castillo de San Felipe de Barajas”, en especial el “caso 1” de que trata el artículo 5º que establece el área impactada en la actualidad por el Proyecto de Protección Costera y que a la letra dispone: “Cortina o baluarte entre el mar Caribe y tierra firme: Corresponde a los tramos comprendidos entre el baluarte de San Francisco Javier y el baluarte de Santo Domingo, y los baluartes de Santo Domingo hasta el espigón de La Tenaza. El área afectada en este caso está comprendida entre la línea que forma el borde de la calzada interior frente a la contraescarpa, y otra línea–paralela al borde de la calzada—que se traza contados 100 metros mar adentro”.
En términos castizos, el área de influencia del cordón amurallado va más o menos desde la “cara interna de la muralla” o “contraescarpa”, hasta 100 metros mar Caribe adentro. Sin embargo, el contratista arroja piedra y zahorra a discreción justo en el litoral contiguo a la Avenida Santander.

Ya en una entrega anterior acreditamos mediante documento público que el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura ha certificado que, pese a existir un procedimiento administrativo al respecto, no existe en la actualidad autorización para intervenir esa zona de afectación del Patrimonio, conforme lo previsto en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1185 de 2008.
Pese a los permanentes requerimientos que se han formulado al alcalde William Dau Chamat, este, de manera contumaz, se ha negado a cumplir con las obligaciones que la ley le impone en materia de preservación del patrimonio y ha preferido someterse al interés del contratista antes que reivindicar los bienes públicos a su cargo.
Leer también: ‘La prueba reina de conductas punibles contra el patrimonio‘
* Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.
.









