Por Uriel de Arco Paternina *
Sí, parece mentira que en eso se haya convertido el tribunal de arbitramento entre la Concesión Vial de Cartagena -Convial SA – y el Distrito de Cartagena de Indias: en un cuadrilátero en el que uno tira las cajas y el otro tira los cajones, es decir, que el uno demanda mientras el otro contrademanda. Y viceversa.
En su afán de mostrar gestión con respecto a la disputa jurídica que tiene con Convial en el tribunal de arbitramento que permitirá conocer el laudo que resuelva las diferencias de criterios acerca de si se cumplió o no la Tasa Interna de Retorno -TIR – del contrato de concesión vial, el Distrito, a través de la página del movimiento político Let’s Save Cartagena, le mostró a sus seguidores una contrademanda o demanda de reconvención en la que solicita -además – como medida cautelar que se le ordenara a la fiduciaria suspender cualquier pago derivado del cobro de los peajes, y que se suspenda el ajuste de las tarifas solicitado por Convial, hasta tanto no se profiera decisión de fondo en el Laudo Arbitral en curso.
No se hicieron esperar, por supuesto, las reacciones de las barras bravas o los ciberseguidores, quienes duran todo el día refrescando las páginas de Facebook e Instagram esperando las publicaciones del burgomaestre para alentar y motivar a su superhéroe.
Ni demoró la respuesta de Convial, que explicó el proceso que cursa en el tribunal de arbitramento, así como las razones por las cuales se recibió y se aceptó la demanda de reconvención y los pasos siguientes por parte de cada una de las partes, lo que permitirá conocer, en el mediano plazo, quién finalmente tienen la razón en esta disputa jurídica.
Debo decir que no me podía quedar callado en este tema porque, quiéralo o no, hice parte del mismo y dejé una huella en el proceso: un informe de 40 páginas en las que, con el equipo técnico, financiero y jurídico de ese entonces, tomamos la decisión de hacer un juicio objetivo de cuáles debían ser los pasos a seguir para solucionar las diferencias de criterios entre cada una de las partes.
No está demás recordar, asimismo, que en su momento, como gerente de Edurbe, me le acerqué al alcalde William Dau y textualmente le dije que «tenía una oportunidad de oro: cerrar el proceso y quedar como un rey ante la opinión pública negociando la fecha de cierre del contrato y realizar un proceso de planeación de la reversión y recepción de la infraestructura, y la planeación de un proyecto de administración de peajes, para mantener las vías de la ciudad, ya fuera en la Secretaría de Infraestructura, o en el Departamento de Valorización, o en la misma Edurbe«, como debe ser, como indica la Ley de Concesiones y APP -1508 de 2012 – en su proceso de ejecución.
Recuerdo haber realizado un ejercicio juicioso de análisis matemático financiero, con todos los insumos que se podían recolectar de ese contrato; no dejé escapar uno solo; tenía información privilegiada que hoy todavía reposa en la memoria de alguno de mis discos duros, y que concluían que, por más que calculara, jamás un contrato jurídico de 20 años, escrito según se hizo el modelo financiero, podía ser tan fácilmente modificado, y que la mejor solución era llegar al mejor acuerdo posible entre los stakeholders (actores) de ese proyecto.
Recuerdo perfectamente también que Dau no me dejó siquiera terminar. Su respuesta fue un rotundo «No, yo no voy a negociar con malandrines”; “yo no me voy a sentar con nadie. Y le prohíbo no volver a sentarse o hablar con los directivos de la Concesión Vial; que sean mis abogados los que manejen eso”.
Nada mas desacertado que aquella decisión. Los abogados estaban más perdidos que la mamá de José Miel o, en su defecto, que el hijo de Lindbergh. Unos pobres abogados adscritos a la Oficina Asesora Jurídica, dirigida por la eminencia de la Dra. Myrna Martínez. Si no sabían por dónde iniciar mucho menos por dónde terminar. Solo sabían que tenían que hacerle caso al alcalde porque «donde manda capitán no manda marinero«, o por un salario o unos honorarios. Fueron capaces de venderle la conciencia al diablo. Una desacertada decisión, en mi concepto.
Bueno, lo hecho, hecho está, y hoy llevamos más de un año perdido. Desde aquel 8 de enero de 2021 y a la fecha no hemos encontrado el camino para resolver este conflicto. “Tú me tira a mí las cajas, yo te tiro los cajones”, decía el popular cantante. Y en esas estamos. “Tú me demandas y yo te contrademando”.
Lo que a hoy le faltarían contados dos meses para culminar de manera profesional y objetiva, la realidad es que a hoy no tenemos fecha de caducidad; no sabemos a ciencia cierta a quién le va tocar pagar el detrimento, si es a Convial, según especifica la Contraloría, o si a los pobres cartageneros, con predios o con empresas, que son los verdaderos paganos de todas las embarradas de los alcaldes de turno. Porque lo que sí está claro es que el 60% de los ingresos del Distrito los transfiere el gobierno directo a la salud y la educación de la ciudad, pero el restante 15% de los ingresos ($2 billones anuales) provienen del Impuesto de Industria y Comercio, y el otro 12% del Impuesto Predial pagado por los cartageneros. Si esta disputa arbitral la perdemos, lo más seguro es que seamos los mismos de siempre los que paguemos los platos rotos, y no los usuarios de las vías, que son los vehículos que transitan a diario por los peajes, que antes de esa concesión no existían, y no había probabilidades de que existieran si nos poníamos a esperar los recursos del Distrito.
El alcalde dice haber contratado un peritaje financiero de los más distinguidos del mercado para determinar si la TIR se había alcanzado o no, y con eso poder realizar la contrademanda de reconvención. Ombe, alcalde, usted no necesitaba pagar un peritaje financiero para recibir ese resultado. Mi equipo y yo se lo hicimos gratis, pero su descontrol emocional jamás le ha permitido tomar las mejores decisiones. Por eso jamás se dio cuenta del informe que le presenté, y mucho menos sus asesores jurídicos, a los que tanto alaba. Pero los comprendo, porque ellos tampoco tenían la culpa. Usted no necesita en este momento un peritaje financiero para que le digan lo que todo el mundo conoce y que se le dio a conocer en el citado informe. Usted lo que necesita son unos abogados expertos en concesiones y APP, o lo que se conoce en este mundo de los proyectos de concesión como los Project Finances; no los muchachos que están actualmente, para que logren conducir el proceso arbitral al escenario donde quizás usted quisiera conducirlos. Creo que no los tiene. Un experto en arbitraje no necesariamente es un experto en Project Finances. Por lo que conozco del proceso, creo que los concesionarios están más armados que el Distrito en ese tema. Ojalá me equivoque, pero presiento que estamos condenados como Distrito a pagar una suma millonaria hasta cuando la concesión cumpla su famosa TIR de 17,22%. Repito, ojalá me equivoque.
Bueno, en conclusión, solo queda esperar el debido proceso y no exacerbar las emociones que siempre nos transmite el alcalde a través de sus redes sociales.
* Gerente Internacional en Proyectos PMP, MBA Finanzas, master en Administración y Dirección de Proyectos, director de la Sociedad Colombiana de Gestión de Proyectos -Acoprojectmanagement SAS