Por Luis Ramírez Castellón *
En estos últimos días, luego del estallido social que se dio en el país en un hecho sin precedentes en la historia nacional reciente, y en la cual los maestros tuvieron un papel preponderante, manifestado en la participación significativa del gremio en las distintas actividades de protestas que se realizaron, y en la que algunos de sus líderes tuvieron una representación visible en el Comité de Paro, lo del regreso a clases presenciales de los educadores y estudiantes se ha vuelto una verdadera bola de candela, al punto, que hace parte y es tema candente de la agitación electoral, con miras a los comicios del 2022, en los que se elegirá al próximo presidente y al «honorable» Congreso de la República.
Alrededor de ese candente tema, el Gobierno ha radicalizado su postura, lo cual se evidencia en la expedición de una serie de normas que algunos califican de persecutorias del gremio, con las que taxativamente emplaza y obliga a que maestros y alumnos regresen inmediatamente a clases presenciales, luego de culminar su periodo de vacaciones legales de mitad de año, so pena de ser sancionados a la luz de las normas establecidas y dictadas para tal fin.
Justifica el Gobierno su decisión alegando que, a la fecha establecida para el regreso, el 100% de los educadores estará vacunado con sus segundas dosis, amén de que ha invertido unos recursos en bioseguridad suficientes para garantizar el desarrollo de los procesos académicos presenciales, sin que la vida de maestros, alumnos y en general de la comunidad corra ningún peligro.
Los maestros, por su parte, agrupados en Fecode y sus sindicatos regionales, han reiterado su voluntad de regresar a la escuela, siempre y cuando el gobierno cumpla cabalmente con las medidas de bioseguridad determinadas por la ciencia, acondicione la infraestructura escolar de las instituciones educativas, garantice el recurso humano complementario para atención de posibles contagios, mejore el deficiente sistema hospitalario del país, sobre todo, lo atinente a camas UCI, y tenga en cuenta la dinámica y el comportamiento de la pandemia, que en el pasado mes alcanzó ribetes trágicos y que, como prevén los epidemiólogos, en los próximos días la situación será más dramática, pudiéndose llegar a más de mil personas fallecidas diariamente en Colombia.
Ese es el panorama que circunda a la educación y a la escuela, en el cual los niños, niñas y jóvenes son el centro de un regreso que, más allá de ser una necesidad palmaria, en estos momentos puede constituirse en una tragedia de dimensiones incalculables, de la que no se sabe quién responderá, y la que se podría evitar actuando con la mayor sindéresis posible, más allá de los intereses que se persiguen y el pulso que se quiere medir.
En el caso de Cartagena de Indias es menester que se tengan en cuenta las condiciones reales del sistema sanitario local, para lo cual es importante escuchar el último pronunciamiento hecho por el neurocirujano Rubén Sabogal, coordinador de la mesa de la Salud (hacer click), y el artículo del médico pediatra Henry Vergara, denominado »Aulas o Paredones‘ (hacer click). Los dos reconocidos médicos, con claridad meridiana y en forma casi angustiosa, hacen una radiografía de la grave y compleja situación que tenemos y en la que se colige, sin mayor esfuerzo, el inminente peligro que traería el regreso presencial a las actividades escolares.
Ello, sumado a las precarias condiciones que presentan las escuelas y colegios de la ciudad, como lo mostró y lo denunció con marcado asombro la personera distrital en pasados días, conminando al Ministerio de Educación Nacional a que reflexionara en su intención de obligar al retorno a clases presenciales bajo esas condiciones, poniendo en peligro la integridad de la comunidad educativa en general y, en particular, de los niños, niñas y adolescentes.
No quiero creer que la posición tozuda y a ultranza del Gobierno Nacional, replicada por los gobiernos territoriales, constituya una política y una actitud de retaliación derivada de la estigmatización a Fecode. Por fortuna, en el caso de Cartagena tenemos una secretaria – maestra, salida de las aulas calientes de una de nuestras escuelas barriales, que puede comprender el sentimiento objetivo generalizado de la comunidad educativa y científica y, en consecuencia, asumir la posición más correcta en defensa de la vida, el único patrimonio tangible e intangible de quienes en ellas se educan y educan.
En ese orden de ideas, en un escenario de tira y jala entre maestros y Gobierno, será la voluntad y la posición de los padres de familia la que, al final, tomará la decisión en virtud de la patria potestad, consagrada en la Constitución y la Ley.
¡Nada por encima de la vida!
* Rector de la I.E. Soledad Acosta de Samper
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